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La Torre Ejecutiva y la Torre de las Comunicaciones, el Palacio Legislativo, el Palacio Santos, y la estancia presidencial de Anchorena, en Colonia. También la sede del Banco República de Ciudad Vieja, el edificio de la UTE, la abandonada Estación Central de trenes, y otros cientos de construcciones menos emblemáticas así como tierras, conforman el patrimonio inmobiliario del Estado que terminó de ser inventariado.
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El resultado de ese trabajo fue presentado el lunes 14 al Consejo de Ministros e incluye unos 2.400 bienes inmuebles de propiedad del Estado, informó a Búsqueda el director de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García.
Se trata de un primer relevamiento realizado por un equipo integrado por la Escribanía de la Presidencia, la Contaduría General de la Nación, la Dirección Nacional de Catastro, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, además de la OPP.
En total se inventariaron aproximadamente 2.400 “fichas”, entre edificios y terrenos, de los 13 incisos de la administración central en todo el país, además de las propiedades en el exterior que posee el Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló el jerarca.
Agregó que con los datos informados al Consejo de Ministros se resolvió avanzar en dos líneas de trabajo. Por un lado, evaluar la posibilidad de “institucionalizar” el registro de modo de “mejorar el análisis, control y seguimiento centralizado” de la información. Y por otro, considerar ciertos “casos concretos de interés de algunos Ministerios —y esto tiene que ver también con lo presupuestal y los ahorros que se puedan hacer—, para la utilización de determinados inmuebles del Estado que estén sin uso, por ejemplo, para los centros CAIF que se precise construir u otros usos”.
“Es muy importante esta información para mejorar la eficiencia en el uso de estos bienes”, subrayó García.
Indicó que otro objetivo que se persigue es regularizar la situación contractual de algunas propiedades estatales, si fuera el caso.
Dijo que si bien la “mayoría” de los bienes son edificios públicos que están utilizándose, hay otros en desuso y con problemas de mantenimiento. La venta es otra posibilidad que quedará a consideración.
El titular de la OPP se refirió al inventario como un instrumento de “política sistematizada” de inmuebles para conocer ese tipo de situaciones.
La realización de un “inventario general de los bienes del Estado” fue resuelta el 7 de abril mediante un decreto que dio 120 días de plazo para remitirlo a la Presidencia de la República. Según esa norma, el inventario debía indicar expresamente el uso, ubicación, características, área, situación jurídica y catastral de los inmuebles, así como todo otro elemento relevante a los efectos de su correcta individualización y valoración.
García dijo que no se dispone de una valuación de la cartera de propiedades estatales.