El Estado subsidió con más de U$S 16 millones a la vestimenta en los últimos años, pero esta industria siguió hundiéndose

El Ministerio de Industria (MIEM), la gremial empresarial de la vestimenta y el sindicato del sector coinciden en que se necesitan otras medidas de protección, además de poner en práctica dos capítulos de la ley 18.846 de “fortalecimiento y desarrollo” de la vestimenta aprobada en 2011 que siguen sin ser reglamentados: la trazabilidad de las prendas y el trabajo a domicilio. Ese panorama surge de consultas realizadas por Búsqueda entre los diversos actores.

En tanto, las empresas también recibieron fondos para destinar a proyectos. En ese caso, los beneficiarios fueron menos: nueve firmas recibieron U$S 223.530 en 2012, 21 que se repartieron U$S 261.868 en 2013 y 19 con U$S 232.975 en 2014. En 2015 las empresas fueron 16 por U$S 375.471 y en 2016 se subsidió a ocho por U$S 71.812. Estos apoyos en general son complementados con una cuota parte de inversión privada y fueron principalmente para incorporar equipos y máquinas, realizar eventos de promoción de marca, viajes comerciales y, en menor medida, capacitación del personal, de acuerdo con los datos del MIEM.

Según la última evaluación de la ley realizada por la comisión asesora —que funciona en el ámbito del MIEM, integrada por esa secretaría de Estado, Economía, Trabajo, un representante del empresariado y otro de los trabajadores— fechada en febrero de 2016 y recibida en el pedido de acceso que realizó Búsqueda, el subsidio representó una “ayuda marginal” para las empresas. Ese informe indica que en 2013 las industrias recibieron U$S 21.290 en promedio por empresa, U$S 20.625 en 2014 y en los primeros tres trimestres de 2015 cada firma recibió en promedio U$S 11.750. Y apunta que “sin la existencia del subsidio la caída del empleo formal y de las condiciones de competitividad hubieran sido aún peores”.

En tanto, el subsidio cobrado por los trabajadores se ha venido repartiendo entre menos cantidad, por lo que la partida anual aumentó algo, dijo a Búsqueda Ricardo Moreira, el dirigente del Sindicato Único de la Aguja (SUA). Informó que los trabajadores cobraron unos $ 9.000 en 2014, $ 10.000 en 2015 y $ 13.000 en 2016. Alegó que el salario promedio de los trabajadores de la vestimenta ronda los $ 17.000, por lo que el subsidio anual representa menos que un sueldo.

El dirigente señaló que los trabajadores formales que se anotaron este año en el sindicato para cobrar el subsidio de 2016 fueron 950 (1.016 el año anterior). Explicó que los trabajadores también pueden ser registrados por la firma que los emplea o individualmente ante el MIEM. Sin embargo, alegó que cada vez cobran menos cantidad de personas dada la inestabilidad del sector, el cierre de fábricas y el pasaje a la informalidad.

En total, entre los fondos públicos volcados a empresas y trabajadores entre 2012 y 2016 se llevan pagos unos U$S 16 millones. Los últimos dos años que por ley corresponde cobrar el subsidio son 2017 y 2018.

Resultados “esca-sos” y/o “nulos”

A pesar del apoyo estatal, el sector sigue contrayéndose.

Entre 2011 y 2015 las exportaciones cayeron de U$S 66 millones a U$S 29 millones, el personal ocupado descendió 43% y la producción disminuyó 42%, consta en el documento de la comisión asesora. Agrega que solo en 2015 la industria de la vestimenta perdió 732 puestos formales y 2.380 informales, en comparación con 2014. En 2015 los cotizantes a la seguridad social eran 4.857 (38% menos que en 2011) y se estima que los informales eran 7.821 (65% del total del empleo en el rubro).

En contrapartida, las importaciones de prendas se multiplicaron: pasaron de U$S 175 millones en 2010 a U$S 252 millones en 2015.

Con ese estado de situación, la comisión asesora concluyó que “la ley tiene un costo fiscal para el país de U$S 27,5 millones, con resultados escasos y posiblemente nulos si continúa la evolución del sector y del mundo tal como se observa en el momento actual”. Y añadió: “Además, se perdieron cientos de puestos de trabajo formales, que en muchos casos engrosaron los trabajadores informales, justamente los que la ley intentaba disminuir. Eso equivale a cientos de millones de pesos no pagados por año a la seguridad social y por otro lado un incremento del costo del seguro de desempleo”.

Más recientemente, esta industria continuó reduciendo su actividad: la producción cayó 20% en 2016 respecto a 2015 y la retracción fue mayor aún en enero-febrero del presente año (34% en relación con iguales meses del año pasado), según datos del Instituto Nacional de Estadística.

“El daño ya está hecho”.

La evaluación que hace el empresariado y los trabajadores transcurridos cinco años de la ejecución del subsidio también es crítica.

Moreira señaló que el sector “no es competitivo” frente a la mercadería importada, por lo cual en el mercado interno “proliferan talleres” de cinco o más trabajadores que funcionan irregularmente y que “lejos de desaparecer” esta industria —que es “ligera, de rápida respuesta, y que no requiere mucha inversión”—, se está pasando a la informalidad. Para el dirigente del SUA, el subsidio “no es la solución” que necesita el sector, sino que “tiene que venir por el combate a la importación”.

“Tanto empresarios como trabajadores dijimos que no se iban a resolver los problemas de fondo de la industria con el subsidio. Que iba a ser apenas un parche, y hoy los hechos nos están dando la razón y los problemas del sector han aumentado”, reconoció.

Por su parte, Elbio Fuscaldo, directivo de la Cámara Industrial de la Vestimenta, dijo a Búsqueda que el apoyo que reciben las empresas “no es significativo”. “Solo a vía de ejemplo y para evaluar el eventual impacto (del subsidio) hoy hay consenso entre los economistas en que hay un atraso cambiario del orden del 20%, lo que abarata las importaciones y encarece las exportaciones. El subsidio representa aproximadamente 1% de la facturación” de las empresas, señaló.

Fuscaldo cuestionó que “falta voluntad política” para implementar los otros capítulos de la ley, referidos a la trazabilidad y el trabajo a domicilio. Descartó que exista posibilidad de solicitar al gobierno un subsidio mayor que logre impactar positivamente en la industria. “Seguramente se argumentará que los subsidios no pueden ser eternos, que ya se hizo una ley y no funcionó porque los empresarios no aprovecharon para invertir (en un mal negocio). El peor de los subsidios es el insuficiente, porque se gasta el dinero pero no se obtienen los resultados. El daño ya está hecho”, reflexionó.

En su informe de evaluación, la comisión asesora planteó la necesidad de tomar otras medidas. Indica que es preciso mejorar el diseño del subsidio destinado a financiar proyectos para mejorar la capacidad productiva del sector. Por otro, dada la competencia de las importaciones tanto para la industria que vende en el mercado interno como para el de exportación, propone aumentar el arancel externo a 35% y “avanzar hacia la trazabilidad” de las prendas importadas y nacionales con “mayores controles de etiquetado, calidad, subfacturación”. Casi el 70% de las importaciones de vestimenta son de origen chino, agrega. A su vez, para atacar la informalidad, plantea la regulación del trabajo a domicilio e incrementar las inspecciones.

Asimismo, indica que debería mejorar la preferencia por las prendas nacionales en las compras que realice el Estado.