Tras varios aplazamientos, el gobierno mostró las cartas de la negociación con las que llegó al acuerdo anunciado en marzo con la multinacional belga Katoen Natie.
El ministro de Transporte, Luis Alberto Heber concurrió a la Comisión de Transporte del Senado para presentar el convenio con la empresa que gestiona y administra la terminal de contenedores (Terminal Cuenca del Plata-TCP) en sociedad con la Administración Nacional de Puertos (ANP), que es propietaria del 20% de las acciones. Dijo estar “convencido” de que con este acuerdo el país evitó un juicio por US$ 1.500 millones frente al cual el Estado tenía “todas las de perder”.
Durante la reunión de una hora y media —hasta que tuvo que irse para vacunarse contra el Covid—, el ministro defendió la gestión realizada por el gobierno y rechazó que se esté configurando un monopolio “de hecho ni de derecho” en el puerto montevideano al extender la concesión por 50 años (hasta junio de 2081). “Es un gran acuerdo, un logro para el Uruguay tanto desde el punto de vista político, como económico y social”, señaló.
“¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la opción B? ¿Ir a juicio a ver qué pasa, a ver si podemos agarrarnos de algún argumento jurídico? ¿Y qué pasaría con el puerto de Montevideo cuando vayamos a juicio? Quedaría como estuviera, parado, sin inversión”, planteó.
“Queremos un puerto hub (...), competitivo”, que “busque la carga en la región” y que sea la “salida para Bolivia, Paraguay, distintas partes de Brasil y de Argentina y para todo el tránsito que haya y que vaya por el estrecho de Magallanes hacia el Pacífico, por el Atlántico sur. (...) No había y no hay alternativa más que buscar un acuerdo. Este es un acuerdo digno, es conveniente y va a generar empleo”, remató.
Los legisladores del Frente Amplio le pidieron que entregara más información, como los informes jurídicos que sustentaron la decisión de acordar con Katoen Natie y los que hubiere realizado sobre el tema la ANP. La oposición acordó con el ministro coordinar que vuelva a la comisión para seguir conversando.
El senador del Frente Amplió Charles Carrera dijo tras escuchar al titular de Transporte y Obras Públicas que le quedan más “dudas que certezas”. “La comparecencia del ministro Heber, sin duda, será la primera de muchas consultas sobre el mismo asunto. Vemos con preocupación la existencia de un cambio en el estilo de gestión, pasando a adoptar posiciones más rígidas, que podrían generarnos otros conflictos jurídicos, con otras empresas. Tampoco queda claro todavía, que la vía transaccional haya sido la decisión correcta. Además, nos preocupa la soberanía portuaria y que pueda consolidarse en el futuro un monopolio de hecho, con el consecuente incremento de costos, perjudicando los intereses del país en cuanto a la competitividad. Justamente, la libre concurrencia (consagrada por la Ley de Puertos) es lo que garantiza su desarrollo y crecimiento”, añadió.
El también senador frenteamplista Mario Bergara cuestionó la “base legal para una prórroga de una concesión que se dio por 30 años”, y luego de recordar que hasta ahora la multinacional belga no volcó las ganancias acumuladas que le corresponden a la ANP, infirió que Katoen Natie “no ha sido el mejor socio posible”.
El texto del acuerdo publicado ayer en la página web de Presidencia de la República —firmado por Heber y el apoderado de Katoen Natie, Vincent Vandecauter— señala que se consagra el “restablecimiento de la operación portuaria en cumplimiento de las normas vigentes” y las que rigen la actividad concedida a TCP; la extensión del plazo de la concesión “en consideración de la realización de una muy significativa inversión” en la terminal portuaria; la “actualización de ciertos aspectos de la normativa vigente, incluyendo una rebaja de tarifas” por parte de TCP; la “renuncia” de Katoen Natie al reclamo internacional anunciado y notificado en octubre de 2019; y la finalización de los litigios entre las partes y con la ANP.
Competencia y plazo
En defensa del convenio, Heber dijo que el mismo incluye una inversión de US$ 450 millones que generará “mucho empleo” y va a “reactivar” la economía. Destacó que en los 19 años de concesión TCP invirtió US$ 200 millones en la construcción de 340 metros en muelle y la instalación de siete grúas pórtico.
“En consecuencia, no estamos hablando de malos socios o gente que viene de paso”, sino de “gente que invirtió porque cree en Uruguay”, afirmó.
Argumentó que la única terminal especializada es la de TCP y que lo “importante” es que la competencia “sea primero interportuaria para después llegar a volúmenes y escalas suficientes como para tener más de una terminal en el puerto. En este momento no existe esa posibilidad. Nos estamos peleando por lo poco que hay”.
Heber indicó que el gobierno se contactó con Montecon —la competidora de TCP que mueve el 60% de los contenedores en la terminal capitalina operando en los muelles públicos— porque, afirmó, “no quiere que se vaya”. Dijo que se le ofreció la posibilidad de que presente una iniciativa privada para operar una “terminal multipropósito” y de licitar un proyecto de ese tipo para el muelle C. Agregó que “han presentado algo” y que “si gana” y es aceptada, “sería una buena iniciativa privada”.
En materia de “protección de la inversión y derecho de la competencia”, el texto del acuerdo entre el Estado y Katoen Natie señala que, dado el contexto competitivo regional y “la necesidad de generar economías de escala que permitan darle competitividad al puerto de Montevideo y su área de influencia, las operaciones de contenedores estarán concentradas en las áreas y muelles especializados” y no se dará la “autorización ni la instalación de grúas pórtico y/o equipamiento que puedan dar lugar a la especialización en contenedores fuera de áreas y muelles especializados”. Además, “no se otorgarán nuevas concesiones ni permisos ni autorizaciones para la instalación y explotación de una terminal especializada de contenedores, durante la vigencia de la concesión, salvo que los movimientos en TCP superen el 85% de la capacidad anual de la terminal por dos años consecutivos” (sin considerarla mientras se desarrolla la construcción del proyecto de ampliación comprometido). A su vez, en caso de que pudiera concederse una nueva terminal, la misma deberá “cumplir” con iguales condiciones de canon, mínimos de captación de demanda y realizar inversiones “al menos proporcionales” a las de TCP.
Heber aseguró que no se cambió ni tocó nada de la ley ni del decreto reglamentario que rige la actividad portuaria. “‘Esto es monopólico’, se dice, ¿Como va a ser monopólico? En el puerto de Montevideo puede haber más de una terminal; no existe porque no hay volumen comercial para poder hacerla”, aseguró en la comisión.
En cuanto a la extensión de tiempo de la concesión, por 50 años, el ministro dijo que ante los cuestionamientos se está dispuesto a “discutirlo”, si bien el gobierno va a “defender” el plazo y la inversión. “Si es menos (tiempo), es menos inversión”, advirtió.
Más adelante relativizó los dichos de la oposición respecto a que sea mucho tiempo 50 años, dado que lleva años amortizar los montos de inversión prevista. Dijo que en Barcelona y Delaware se están dando concesiones por 75 años y en Australia e India por 99 años, entre otros ejemplos.
Recordó que fue la anterior administración del Frente Amplio que cambió de 30 a 50 años el plazo máximo de concesión para la inversión de UPM en una terminal especializada de celulosa en el puerto montevideano (que se está construyendo).
La “base del reclamo”
En cuanto a los aspectos operativos, el convenio señala que la ANP “sólo asignará espacios públicos” dentro del puerto “dando cumplimiento” a lo que establece la ley de puertos (ley Nº 16.246) en su artículo 11, apartado B y el artículo 72 del decreto reglamentario de 1994 que refiere a las normas específicas para la operación de contenedores. A ello hizo referencia Heber, como “la base del reclamo de TCP”.
Dicho artículo establece que las actividades de operación de contenedores estarán concentradas en las instalaciones especializadas a este fin, indicó el ministro, y agregó que luego especifica que la “operación de contenedores en los muelles de carga general –o sea, en los públicos– será autorizada solamente en caso de ocupación de las instalaciones especializadas” siguiendo la normativa o normas de atraque.
El texto del convenio establece además que desde la firma del acuerdo se deberá empezar a instrumentar el “cese de la utilización de espacios” bajo el régimen de almacenaje otorgado en varias áreas de la terminal montevideana, en un plazo de 180 días. “Pasado dicho plazo todos los espacios dentro del recinto portuario deberán estar únicamente bajo el régimen permitido por la ley”, indica.
Agrega que “a los efectos de la correcta aplicación” de la Ley de Puertos y su decreto reglamentario, la ANP “decretará el atraque de los buques” que lleguen al puerto según su carga y en caso de que sean contenedores se hará hacia la terminal especializada de TCP, que en caso de que esté ocupada (y no pueda garantizar el atraque dentro de las 24 horas siguientes al decreto) la carga se derivará hacia los muelles generales.
Dragado “por etapas” y rebaja en tarifas
