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    El Frente Amplio admitió un “error” al tratar de solucionar el conflicto con judiciales y la oposición criticó su “soberbia”

    La forma en que la administración de José Mujica buscó solucionar el problema que le generó la aprobación de un artículo del Presupuesto (2010-2015) que provocó el incremento salarial de los gremios del Poder Judicial fue un “error”, admitieron ayer miércoles miembros del oficialismo en el Senado.

    “Este es un capítulo triste que estamos tratando de arreglar”, afirmó el senador Rafael Michelini (Frente Amplio) al apoyar un proyecto de ley enviado la semana pasada por el Poder Ejecutivo que busca terminar el diferendo por un aumento salarial generado con el Poder Judicial, la Fiscalía y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Michelini criticó al Partido Nacional por ser el único partido que votó en contra. “Hay algunos que somos parte de la solución y otros que se quedan afuera. El Partido Colorado tuvo aciertos y errores cuando fue gobierno, pero siempre fue parte de la solución”, dijo.

    Pero desde la oposición se criticaron las acciones del Poder Ejecutivo que encabezó Mujica, que ayer participó del debate en el Senado. El gobierno actuó con “soberbia”, “incapacidad” y cometió una “burrada” cuando buscó solucionar el problema, dijeron varios legisladores opositores.

    El origen del conflicto fue la ley de Presupuesto aprobada en 2010, que equiparó el sueldo de los ministros de Estado con el de los legisladores, lo que ocasionó una serie de inesperados “enganches” en los salarios del Poder Judicial. El gobierno intentó corregir esa situación a través de dos leyes que fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

    A partir de esa modificación, los gremios entendían que les correspondía un aumento salarial de entre 21% y 26%, e iniciaron juicios en reclamo de ese dinero.

    En diciembre de 2016, el Poder Ejecutivo en acuerdo con la SCJ, la Fiscalía y el TCA “negociaron y suscribieron sendos convenios colectivos” con la Asociación de Magistrados, la Asociación de Magistrados Fiscales y la Asociación de Defensores Públicos. Quedó para negociar la situación con el gremio de actuarios y funcionarios judiciales, que ayer miércoles resolvieron no aceptar el acuerdo ofrecido.

    El acuerdo implica, según el articulado, el pago de una partida por única vez, que se hará efectiva en tres cuotas iguales y consecutivas a pagar en 2017, 2018 y 2019, correspondiente al 10% de la remuneración de cada cargo a valores de 2012 y actualizados por el Índice de Precios al Consumo a diciembre del 2016. Además, se acordó un incremento salarial de 3,24% en el año 2017 y 3% en el 2018 sobre la remuneración actual.  

    El gobierno envió un proyecto de ley que tiene este acuerdo para habilitar los recursos presupuestales necesarios y cumplir con lo pactado.

    El debate en el Senado se centró en cómo se originó el problema y si se advirtió lo suficiente en su momento sobre las consecuencias que tendría la aprobación de la norma que buscaba equiparar el salario de lo ministros de Estado con el de los legisladores. Hasta la aprobación de esa norma, si un ministro había sido electo legislador, podía optar por el sueldo del Parlamento, que era sensiblemente mayor al de integrante del Poder Ejecutivo.

    “Como gobierno nos equivocamos ingenuamente, queriendo no continuar soportando la vergüenza de que hubiera ministros que cobraban como legisladores porque cobraban más y otros cobraban menos. Y nos dolía por la imagen que dábamos”, afirmó Mujica.

    Luis Alberto Heber (Partido Nacional) recordó que en su momento se advirtió que al aprobar el artículo quedaban enganchados los sueldos del Poder Judicial, lo que acarrearía más gasto. “El gobierno desoyó la advertencia de la oposición”, dijo y aseguró que en el oficialismo actuaron con “soberbia”.

    Michelini le respondió que cuando se discutió en 2010 sobre el tema en el Senado ningún legislador del Partido Nacional realizó una advertencia al respecto. Heber dijo que varios diputados blancos lo advirtieron y que luego se planteó el problema en el Senado.

    Pedro Bordaberry (Partido Colorado) insistió con que realizaron varias veces la advertencia en 2010.

    Michelini y Heber siguieron debatiendo respecto a ese punto hasta que intervino Jorge Larrañaga (Partido Nacional). Dijo que Michelini es “un fenómeno” y es capaz de ir a “cabecear” hasta una piedra.

    Larrañaga sostuvo que hubo una “colosal burrada” del “dream team” económico del Frente Amplio que sale “mucha plata”. Consideró que el proyecto en consideración es inconstitucional y “viola” el principio que establece que “hay derechos irrenunciables”, como los de naturaleza salarial.

    José Amorín (Partido Colorado) dijo que el problema nació por “incapacidad” e “inexperiencia” del gobierno de Mujica.

    Pablo Mieres (Partido Independiente), si bien apoyó el proyecto, sostuvo que fue un “error grosero, inexcusable” del Poder Ejecutivo.

    Michelini volvió a intervenir para explicar que el Parlamento nunca quiso aprobar un aumento salarial para el Poder Judicial. Señaló que luego se “torció” la voluntad del Legislativo. Para Bordaberry esa es una “grave” acusación.

    Información Nacional
    2017-02-09T00:00:00