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La “estrategia” para Uruguay del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sus entidades vinculadas en el período 2016-2020 tuvo tres pilares que abarcaron una “amplia variedad de objetivos”: impulsar la productividad y la competitividad, promover la equidad y la inclusión social y fortalecer la gestión del sector público. En virtud de esos ejes, se establecieron 16 objetivos estructurados en torno a nueve áreas prioritarias que abarcan los “problemas de desarrollo” del país. Paralelamente, incluyó directrices para dos áreas de acción transversales —igualdad de género y cambio climático— y comprometió al BID a seguir fortaleciendo los sistemas de adquisiciones y fiduciarios del país.
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Según un análisis de la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE, por sus siglas en inglés) del banco, si bien la amplia gama de áreas prioritarias y objetivos” definidos en la estrategia dio “flexibilidad”, también hizo que el “campo de acción del Grupo BID fuera demasiado extenso al fin de lograr contribuciones notorias” en todas ellas.
Entre 2016 y 2019 el organismo y sus satélites —como BID Invest— aprobaron un total de US$ 2.150 millones mediante 101 préstamos con y sin garantía soberana, así como operaciones de cooperación técnica, la mayor parte dirigidos hacia el pilar de productividad y competitividad. En la primera mitad de 2020 el BID votó la concesión de US$ 438 millones adicionales a favor de Uruguay.
El programa ejecutado estuvo en línea con las “necesidades del país”, cubrió 15 de los 16 propósitos estratégicos trazados y sus resultados esperados asociados, pero dejó “desatendido” el relativo al mercado laboral, al mismo tiempo que introdujo áreas adicionales no cubiertas por los objetivos (reforma financiera y gestión de deuda que condujeron a una mayor eficiencia en la ejecución presupuestal). Ello “produjo una cartera dispersa de operaciones relativamente pequeñas”, conforme con la evaluación. Destaca que la opción de desembolso diferido como instrumento de gestión de liquidez “fue especialmente valorada por el gobierno en etapas tempranas de la crisis inducida por la pandemia de Covid-19”, al permitirle acceder rápidamente a fondos para apoyar su respuesta.
Por otro lado, el “amplio apoyo no financiero” del banco supuso “contribuciones significativas en algunas áreas, pero careció de un enfoque estratégico en otras”.
Respecto a BID Invest, el informe consigna que la preparación de los préstamos de inversión en Uruguay fue más rápida que la de los del resto del grupo BID. Esa cartera “presentaba altos costos de preparación por dólar aprobado” en términos comparados, lo que se explica principalmente por el tamaño relativamente pequeño de sus préstamos de inversión, mientras que los costos de ejecución estuvieron en línea con los del resto del banco.
A modo de síntesis, la evaluación señala que los resultados del programa del Grupo BID con Uruguay fueron “mixtos”, con un “desempeño más fuerte en los pilares de productividad y gestión del sector público” que en el de equidad e inclusión social. Logró resultados positivos en transporte, mercados financieros, promoción de la competitividad y la innovación y sistemas de gestión pública. También ayudó a fortalecer la capacidad de regulación y supervisión del sector financiero, a promover las inversiones en innovación y a mejorar la red vial. Y contribuyó a aumentar la capacidad en materia de energía renovable, aunque las inversiones en aquellas no renovables “suscitan dudas sobre su eficiencia”. Por su lado, los resultados fueron “desiguales en lo que respecta a agua y saneamiento, con contribuciones significativas a la mejora del alcantarillado y saneamiento en Montevideo”, pero “limitados en otros centros urbanos”.
El banco también apoyó la creación de una ventanilla única de comercio exterior, el Código Aduanero y la firma de acuerdos bilaterales de cooperación aduanera, aunque la OVE recabó “pocas pruebas de que las operaciones de préstamo contribuyeran a que el país obtuviese acceso a nuevos mercados. Los resultados no han estado a la altura de las expectativas en los sectores sociales y de seguridad ciudadana”, sentencia.
Y si bien las inversiones del Grupo BID ayudaron a ampliar la infraestructura para la educación inicial y secundaria, “ese apoyo fue insuficiente para afectar considerablemente el acceso a la educación inicial. Las tasas de desvinculación escolar y de repetición y los resultados del aprendizaje en la escuela secundaria cambiaron poco”. Agrega que, en términos de la calidad de la educación, la colaboración del organismo se canalizó a través del Plan Ceibal y de programas orientados a mejorar las competencias de los maestros, “pero las contribuciones al avance previsto hasta ahora son modestas”.
De igual forma, las operaciones de desarrollo urbano destinadas a reducir los asentamientos informales sufrieron “retrasos en la implementación por una reducción del espacio fiscal”. El apoyo del BID a la seguridad ciudadana centrada en la reducción de los índices de criminalidad “también estuvo por debajo de las expectativas”. Y los progresos en materia de descentralización “son menos claros”.
Institucionalidad. Conforme con la evaluación, las reformas ancladas en legislación y una fuerte capacidad institucional aumentan la probabilidad de que el éxito de los programas del organismo sea sostenible, “pero existen factores de contrapeso”. En ese sentido, advierte que algunas inversiones apoyadas por el Grupo BID —como las de historia clínica electrónica, plataformas educativas digitales y digitalización de trámites— le podrían permitir a Uruguay abordar los efectos potenciales de la pandemia del Covid-19, mejorando así sus “perspectivas de sostenibilidad si continúan siendo financiados adecuadamente. No obstante, OVE ha identificado dos fuentes importantes de riesgos potenciales para la sostenibilidad de los resultados de desarrollo logrados: un espacio fiscal reducido y el cambio en las prioridades políticas”.
El apoyo del BID ayudó a “amortiguar el impacto fiscal inmediato” de la crisis por el Covid-19, “pero su respuesta durante el próximo año requerirá flexibilidad para permitirle apoyar a que Uruguay resista la crisis más eficazmente”.
