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El Ministerio del Interior adquirió un sistema informático que permite intervenir centenares de líneas de telefonía celular y fija, con el objetivo de “centralizar” las “escuchas telefónicas” y mejorar otros métodos de “seguimiento electrónico” que aplica la Policía previa autorización judicial.
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La adquisición del programa El Guardián WEB, difundida el viernes 26 por “El País”, generó críticas de dirigentes de la oposición y provocó que el ministro Eduardo Bonomi fuera citado a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados para justificar la compra.
El software adquirido por unos U$S 2 millones permite que “30 personas accedan a la vigilancia en tiempo real del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos. También habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscriptores de e-mails y el monitoreo de hasta tres redes sociales”, informó “El País”.
El software de El Guardián transcribe automáticamente todos los intercambios telefónicos interceptados y también permite hacer “búsquedas inteligentes” dentro de esa información. En cuanto a las redes sociales, el sistema informático puede buscar todos los datos publicados sobre una persona en particular en las redes sociales, o recolectar información a partir de “palabras clave”, explicaron a Búsqueda fuentes del Ministerio.
Las autoridades del Ministerio trabajan junto con representantes del Poder Judicial, la Fiscalía de Corte y las empresas de telecomunicaciones, para elaborar un decreto que establezca un protocolo de actuación que regule el uso de El Guardián.
Garantías.
De acuerdo con la legislación vigente, la Policía puede solicitar a un juez que autorice la interceptación de llamadas telefónicas y correos electrónicos en el marco de una investigación criminal. Si recibe el aval, se debe presentar la autorización judicial a la empresa de telecomunicación que presta el servicio de telefonía celular o fija, que en Uruguay son Claro, Movistar y Antel.
Hasta el momento —el nuevo sistema todavía no está en marcha— en la Policía hay 22 unidades ejecutoras que tienen la posibilidad de intervenir líneas telefónicas cuando un juez lo autoriza. Se trata de las 19 Jefaturas departamentales, y las direcciones de Inteligencia, Drogas y Crimen Organizado.
La compra de El Guardián persigue “la finalidad de centralizar el recurso de interceptación legal en el Ministerio del Interior, estandarizarlo y cuidar el uso del recurso como herramienta de investigación”, declaró a Búsqueda el ministro Bonomi. El software está construido “para contemplar los sistemas de comunicación de uso comercial y los estándares que son aplicados para la interceptación legal en el mundo”.
Según Bonomi, “la tecnología adquirida no puede, por sí misma, activar la interceptación legal, por lo que una vez dispuesta por la Justicia, se debe trasladar la orden judicial a la operadora de servicios de telecomunicaciones que corresponda, la que efectivamente procederá a derivar la información a esta, que simplemente procesa, ordena y visualiza dicha información a la autoridad que la requirió”.
El ministro recordó que esa secretaría de Estado respondió pedidos de informes a legisladores “referidos a interceptaciones” en las que se manifestó “la imposibilidad absoluta de la cartera de realizar ese tipo de acciones, sin previa autorización judicial”. “Todo ello”, agregó Bonomi, “por la simple razón de que siempre se requiere la intervención de las operadoras de servicios de telecomunicaciones para efectivizar la medida solicitada por un juez, condición ineludible para que estas accedan a brindar acceso a la información”.
Bonomi afirmó que la tecnología comprada “es 100% auditable” desde “el inicio al fin del proceso de interceptación legal” y que esa fue una de las “principales exigencias” que se planteó el Ministerio antes de adquirir el software.
Desde hace meses el Ministerio del Interior negocia con las empresas de telecomunicaciones y los operadores judiciales cuál será el mecanismo para utilizar El Guardián. El protocolo quedará establecido mediante un decreto que el Poder Ejecutivo aprobará en las próximas semanas, dijeron las fuentes.
Al Parlamento.
En la resolución de la Presidencia de la República en la que se autoriza la compra del software, difundida por “El País”, se establece que la adquisición debe “mantenerse en secreto”. A su vez, en el proyecto de adjudicación se sostiene que “la difusión de la contratación podría irrogar graves perjuicios para la Seguridad Pública, tanto desde el punto de vista técnico como estratégico”.
Las autoridades del Ministerio se molestaron con la divulgación de la compra de El Guardián porque entienden que les permite a los criminales saber qué tecnología tiene la Policía, dijeron fuentes de la cartera.
En el Consejo de Ministros del lunes 29 Bonomi dio algunos detalles sobre el nuevo software. A la salida de la reunión, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, declaró en conferencia de prensa que se utilizará para “centralizar más el sistema de investigaciones por medio de telecomunicaciones”.
Ese lunes, el diputado blanco Jaime Trobo anunció que Bonomi será citado al Parlamento para que explique cómo se utilizará el recurso tecnológico.
En declaraciones a El Espectador, Trobo afirmó: “Cualquier tecnología que permita intervenir a las comunicaciones de las personas en todo caso afecta un artículo de la Constitución que establece que las comunicaciones deben ser privadas. Como están resguardadas por la Carta Magna tenemos que tener las garantías en virtud del interés general. No nos preocupa la compra de equipos sino cómo se van a utilizar y qué registros van a quedar”.
El senador colorado José Amorín, en tanto, declaró a “El País” que si el sistema adquirido es para que la Policía “escuche a cualquiera” se trata de un “disparate”, porque “atenta contra la libertad y el derecho a la intimidad consagrado en la Constitución y no se puede hacer”.
