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Durante el evento titulado Uso de datos de pobreza multidimensional, para no dejar a nadie atrás, organizado por Naciones Unidas (ONU), el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Diego Aboal, dio la semana pasada algunas referencias sobre las dimensiones “tentativas” e indicadores que se empezarán a utilizar para el cálculo de este índice en Uruguay, para su posterior publicación hacia el 2023.
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Hasta ahora el INE calcula e informa la pobreza solo en función del ingreso: si no superan cierto mínimo (“línea”) requerido para comprar alimentos y servicios básicos, a la persona o al hogar se los considera pobres. Pero es una medición con limitaciones.
Aboal mencionó, entre las “dimensiones tentativas” que serían tomadas en cuenta para el futuro indicador, las condiciones habitacionales y de servicios básicos, la salud, la educación, el empleo y distintos datos sobre niñez y juventud, aspecto “muy importante” para Uruguay por la “concentración” que presenta la pobreza en esta franja de edades.
De hecho, la pobreza infantil dio lugar a intercambios técnicos y políticos luego de que el miércoles 16 la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, destacara que entre el promedio del 2019 y el primer semestre del 2021 “algo más de 4.000” menores de seis años salieron de la pobreza. Algunos análisis periodísticos y de economistas objetaron la comparación de cifras semestrales y anuales, entre otros cuestionamientos de orden técnico.
La directora de Política Económica del Ministerio de Economía, Marcela Bensión, explicó el lunes 21 en Radio Sarandí que se eligió destacar el dato de la pobreza entre los niños de cero a seis años porque el gobierno tiene puesto un “foco especial” en ese grupo. “Estos son datos públicos y esa es la realidad de la situación. Porque se ha armado mucho revuelo con este tema y nos parece importante clarificar que esto es así, tal cual se mostró, y así está publicado en el INE”, respondió.
Dimensiones
“Tenemos mucho para aprender de Colombia en particular, que creemos que es un buen ejemplo para Uruguay”, cerró Aboal su intervención en el marco de la 53ª Comisión de Estadística de la ONU. Minutos antes, Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de este país, había presentado con algo más de detalle cuáles son los distintos indicadores que ellos toman en cuenta para el cálculo de la pobreza multidimensional.
Tomando en cuenta las variables señaladas por Oviedo, Búsqueda analizó los últimos datos y microdatos disponibles para Uruguay que surgen de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del 2019.
Dentro de la dimensión educativa, el DANE considera el grado de alfabetización y el nivel educativo: un hogar tiene algún tipo de privación si al menos uno de sus integrantes no cumple con los mínimos exigibles. En 2019, en Uruguay, casi el 8% de las familias tenía al menos un miembro mayor de cinco años analfabeto, mientras que en 9,3% de los casos el o la jefa designada carecía de educación primaria completa. Estos dos indicadores parecen ubicarse algo por arriba de la medición de pobreza de ingresos para ese año (5,9%), aunque no está claro cómo se agregarán los indicadores ni cuál será el criterio para definir un nivel educativo “bajo”.
En materia de salud, los indicadores utilizados en Colombia son la tenencia de un seguro médico y las “barreras al acceso a la salud dada una necesidad”. En el caso de Uruguay, desde la reforma de la salud en el 2006 todas las personas pueden atenderse de forma gratuita en la Administración de Servicios de Salud del Estado, por lo que es una privación poco frecuente en comparación con otros países y la tasa es incluso inferior al 5,9% correspondiente a la medición de la pobreza por el método del ingreso. Aun así, de los microdatos de la ECH 2019 se desprende que el 3,7% de los hogares albergaba al menos una persona que no accedía al goce efectivo de este derecho. En cuanto a las barreras, no se cuenta con información pública para hacer estimaciones.
Dentro de la dimensión laboral, la informalidad y el desempleo de largo plazo son las dos variables consideradas. En Uruguay no es posible —con los datos de las ECH existentes hasta ahora— calcular el desempleo de largo plazo de una persona, puesto que las muestras cambian mes a mes. De hecho, ni siquiera con las encuestas de panel que introduce actualmente el INE se podría llevar a cabo este cálculo, sino que se precisaría acceder a registros administrativos del Banco de Previsión Social, otro de los proyectos de Aboal. A modo de referencia, sin embargo, en 2019 el 21% de los hogares tenía al menos una persona desempleada y el 11% al menos una en condición de subempleo (trabajaba menos horas de las que deseaba).
Las divisiones “condiciones habitacionales y servicios públicos” y “niñez y juventud” son, quizás, las más complejas de agregar en un solo indicador. En el primer caso, se consideran variables como la falta de acceso a agua potable (5,2% de los hogares en 2019), la falta de saneamiento (solo el 64% de los hogares contaba con alcantarillado), el uso de materiales inadecuados para pisos y paredes (5,4% y 0,7%, respectivamente, más 7,1% en el caso del techo) y el hacinamiento crítico (5,5%). Según el INE, hay hacinamiento cuando hay más de una persona por habitación habitable, es decir, excluyendo baño y cocina.
Para computar las privaciones específicas de niños y adolescentes se tiene en cuenta el ausentismo escolar, el atraso académico, las barreras al acceso a servicios de primera infancia y el trabajo infantil. Para estimar el atraso académico Búsqueda calculó la proporción de hogares (20%) en los que al menos un niño presentaba algún desfasaje entre el ciclo que se encuentra cursando y en el que teóricamente debería estar según su edad. Al igual que en la medición del nivel educativo para los jefes de familia, el criterio utilizado aquí es arbitrario, puesto que podrían considerarse las diferencias medidas años o de una determinada cantidad de períodos. En tanto, el ausentismo escolar (15%) se aproximó por el porcentaje de casos en los que uno o más niños no asistieron a clases.
En este último caso, el DANE también toma en cuenta las “estrategias pedagógicas” que tuvieron los niños —de particular importancia durante la pandemia por el Covid—, así como el acceso a Internet en sus casas, la tenencia de computadoras y el contacto con docentes. Respecto al acceso a ordenadores —portátiles o no—, en Uruguay ocurre algo similar a lo señalado para los indicadores de salud: desde la implementación del Plan Ceibal más del 68% de los hogares cuenta con al menos uno.
