El INE explora cambios legales que le permitan acceder a datos de “facturación” de comercios para relevar consumo y precios

Durante los meses más duros de la pandemia por Covid-19 gobiernos de varios países recurrieron a datos de empresas, como Google, para monitorear la movilidad de las personas. Uruguay no fue la excepción, y aunque el libre desplazamiento nunca fue restringido, también se procuró hacer un seguimiento. El INE, por ejemplo, comenzó gestiones para conseguir la información de las tres compañías telefónicas —Antel, Claro y Movistar— que operan en el país.

Teléfonos

En abril de 2021 el INE anunció que comenzaría a utilizar datos de empresas telefónicas que ayudarían al transporte público y darían información sobre delitos y turismo. Pero, aunque se iniciaron acciones para obtener los datos de los tres operadores celulares sobre desplazamiento de teléfonos y lugar de pernocte, el organismo no tuvo suerte hasta ahora con las dos privadas. “No nos damos por vencidos. La idea es seguir la conversación”, aseguró el jerarca. “No nos han dicho que no, pero todavía no hemos tenido acceso a los datos. Nos hemos reunido incluso con técnicos, hemos discutido la ficha metodológica de los datos con el pedido concreto de información, evaluando”, contó.

Mientras tanto, ante la falta de respuesta de Claro y Movistar fueron a hablar directamente con la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, pero también les ha tomado un tiempo convencer a sus autoridades: “Estamos en un proceso bastante tedioso”, reconoció Segui.

El INE obtuvo “información parcial” de Antel, dijo, pero no pueden divulgarla por ser datos comerciales relevantes para la competencia. De hecho, acotó, su preocupación respecto a la protección de datos y la confidencialidad “va más allá de cumplir la ley” y también es clave para “salvar” la imagen del INE. “Si no los cuidamos, nunca más nos dan los datos”, admitió.

Otras aplicaciones

Datos que están en poder de empresas podrían ser utilizados para medir niveles de gasto de los uruguayos a través de scannerdata. Se trata de la información que surge de las cajas de los supermercados y otros puntos de venta. “Lo interesante de estos datos de facturación de retails no es solo el precio de venta real, porque ahí es cuando se aplican ya los descuentos y todo, sino también la cantidad de productos vendidos, el día, la hora: todo eso es información supervaliosa, y no son datos personales, pues no están identificados con una persona”, explicó Segui. Agregó que es información que permite “determinar los patrones de consumo de las personas”; hoy eso el INE lo releva a través de la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares (Engih) y otros países —como México— han explorado sustituir por datos provistos por scannerdata.

Con esa fuente de información también se podría trabajar en una actualización mensual de la canasta para el cálculo del índice de Precios al Consumo, aventuró el subdirector del INE. Aunque aclaró que esa no es su área de expertise, dijo que le consta que hay “experiencias” de otros países donde la actualización de esa canasta es “más frecuente” que la que se hace en Uruguay a partir de la Engih. La clave está en buscar “complementar” con alguna encuesta “más simple” porque la actual es “muy compleja”, afirmó.

En cualquier caso, el desafío sería cómo cruzar esta información con los distintos hogares: “Ahí es donde entran los temas de Protección de Datos Personales adentro del Sistema Estadístico Nacional —reconoció Segui—, pero estas son todas cosas que estamos explorando los INE y que requieren también adecuaciones del marco normativo”.

La ley vigente habilita al organismo a pedir información a empresas privadas y a organismos públicos. “Pero claro, en aquel momento no se hablaba a texto expreso de este tipo de datos administrativos”, entonces hace falta “regularlo”, establecer “pautas claras” y fijar “transparencia”, como pretende la nueva normativa europea, argumentó.

Entre los elementos para incluir en este eventual proyecto, Segui destacó aspectos de ciberseguridad —para garantizar la privacidad de los datos—, pero también del sistema de compensaciones para los distintos sectores involucrados, que no necesariamente serían monetarias. “Hemos pensado en ofrecer una especie de ranking en cuanto a cómo está posicionada (la empresa) con respecto al sector. También cosas que no publicamos porque tal vez no son de interés para el análisis económico pero sí para las empresas, o incorporando otro tipo de información, generando nuevas dimensiones a las estadísticas que ya producimos”, amplió.

Data Warehouse y academia

Otro de los proyectos que coordina Segui en el INE es la creación de un gran depósito de datos donde se almacene la información recabada de distintas fuentes. En ese sentido, adelantó a Búsqueda, también están explorando la posibilidad de dar acceso a este “laboratorio de datos” a investigadores y no solo a organismos estatales. “Dentro de unos días vamos a tener un seminario con la participación de Canadá, Finlandia y México, que nos van a contar sus experiencias con cómo dan acceso a todo el sector público, pero también a la academia en un ambiente controlado”. La idea es que los usuarios puedan descargar la información que producen recién cuando esta haya pasado por un proceso de análisis de confidencialidad.