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La semana próxima, con la nueva Nota del Tesoro serie 31, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inaugurará el calendario de emisiones de deuda en el mercado doméstico. El ofrecimiento inicial del martes 17 será por 200 millones de unidades indexadas (UI) a la inflación, es decir poco más de US$ 27 millones.
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Esa serie es una de las dos nuevas a lanzar en este primer semestre; la otra es la 10 en pesos corrientes, que será licitada a fin de este mes ($ 800 millones, equivalentes a unos US$ 19,4 millones). Para ambas, la amortización del capital será en un único pago al vencimiento, en 2029. El resto serán reaperturas de títulos ya en circulación que, a diferencia de los anteriores, amortizan en partes iguales en los últimos tres años de vida del papel.
El MEF tiene programadas hasta fin de junio un total de 15 licitaciones de Notas en pesos corrientes, en UI y en unidades previsionales; estas últimas son las más grandes. Convertidos los montos originales a subastar a valores de estos días de esas “monedas” y del tipo de cambio, las emisiones suman unos US$ 489 millones.
El dinero que prevé captar mediante estas colocaciones cubre parte de las necesidades financieras del gobierno, las que se han ido reduciendo, en sintonía con un déficit fiscal en baja. Otra fuente de fondeo prevista son las emisiones internacionales de bonos, aunque el MEF no las preanuncia como las de Notas para el mercado local.
La agencia Moody‘s afirmó en un análisis regional difundido ayer miércoles que la perspectiva de los soberanos de América Latina y el Caribe para 2023 es “negativa” debido al “lento crecimiento económico, mayores costos financieros y el continuo aumento del costo de vida, “lo que llevará a tomar decisiones políticas difíciles en los próximos 12 meses”. Es probable que eso se traduzca en calificaciones de riesgo peores, agregó, pero no señaló al respecto a ningún país en particular. Uruguay fue mencionado entre los países que cuentan con una “alta efectividad” en materia de política fiscal.
Bajaron los activos
Como una suerte de seguro o resguardo, los activos de reserva son acumulados por el Banco Central (BCU) para cubrir eventuales necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para la intervención en el mercado cambiario —cuando las circunstancias lo ameriten— o para dar asistencia ante una crisis bancaria. Según dispone su Carta Orgánica, el organismo debe encargarse de administrar y determinar el nivel adecuado tomando en cuenta el riesgo, la liquidez y la rentabilidad de los distintos activos que los compongan.
Suele prestársele atención en momentos de inestabilidad, como lo fue la crisis del 2002 u otras más recientes a escala internacional.
El 2022 cerró con activos de reserva por US$ 15.120 millones, un descenso de US$ 1.833 millones (-10,8%) frente al último día del año anterior. Fue, además, un mínimo desde abril de 2020.
La evolución durante el año pasado fue ascendente en los primeros meses, hasta alcanzar un máximo de poco más de US$ 17.220 millones en febrero, para luego oscilar algo por encima de los US$ 16.000 millones hasta mediados de setiembre. Después, hasta los primeros días de noviembre, los activos de reserva se ubicaron por debajo de ese umbral. La suba posterior, a entorno de los US$ 16.700 millones, ocurrió luego de la emisión del primer bono vinculado a la sostenibilidad ambiental hecha por el gobierno. En las últimas semanas del año se dio una baja relativamente significativa.
Esos montos corresponden a los activos de reserva totales, aunque no todos son de libre disponibilidad para el BCU. Aquellos “sin contrapartida” del sector público o los encajes de los bancos comerciales del sistema eran US$ 7.284 millones al término del año pasado. La baja anual, en ese caso, fue de 8% (US$ 635 millones).
