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El MEF “no posee información” sobre los “ahorros” en los juicios al Estado que Lacalle Pou previó en su “shock de austeridad”
El registro único de procesos litigiosos muestra en general al Poder Ejecutivo más en rol de “demandado” que como “actor”; los pagos superan a los cobros de sentencias o arreglos judiciales
Arbeleche y Lacalle Pou. Foto: Nicolás Der Agopián / Búsqueda
A sala llena en Kibón, acompañado por decenas de sus técnicos —hoy, varios de ellos, jerarcas de gobierno— y cientos de militantes dándole color al acto político, el entonces precandidato Luis Lacalle Pou presentó en abril de 2019 su documento programático que incluyó medidas de shock en cinco áreas. Meses después, el líder de Todos llegó a la Presidencia con el respaldo de la coalición pentapartidaria y puso en práctica algunas de esas iniciativas.
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El anunciado “shock de austeridad” por unos US$ 900 millones anuales, que llevó a sus rivales frenteamplistas a reflotar la imagen de la “motosierra” recortando gastos, empezó a darle fogueo político a Azucena Arbeleche durante la campaña electoral. Abrazada de su tablet, que sigue usando ahora como ministra, la entonces asesora blanca hizo ronda en los medios de comunicación para desgranar los millones de ahorro esperados: serían US$ 550 millones en el gobierno central y al menos US$ 348 millones en las empresas públicas. Surgirían de reducir la plantilla del Estado no reponiendo todas las vacantes sin afectar áreas sensibles (US$ 100 millones); de una mejor gestión en la compra de suministros (US$ 110 millones) y los contratos de servicios no personales médicos, informáticos, de limpieza y alimentación (US$ 132 millones); y de un “gerenciamiento” más eficiente de la obra pública (US$ 100 millones). La planilla en Excel de Arbeleche también preveía ahorros eliminando el “manejo físico de documentos con la total aplicación del expediente electrónico”, la “racionalización de bienes muebles e inmuebles, así como en la “resolución temprana o la correcta defensa del Estado como parte litigante”, aunque en estos rubros no se dieron montos específicos. Entrevistada en el programa radial En perspectiva días después del acto en Kibón, la hoy ministra defendió los cálculos en torno al shock de ahorros: “Estos números no son producto de la imaginación o no son producto de que nos encerramos algunos economistas a jugar con números, sino de un grupo multidisciplinario —contadores, economistas, abogados, ingenieros— que nos basamos en los números del Presupuesto, pero también en informes de la Auditoría Interna de la Nación”.
Varias de las medidas de aquel plan de austeridad fiscal empezaron a aplicarse con uno de los primeros decretos (90/2020) de la administración de Lacalle Pou, en algunos casos con impacto conocido, contribuyendo a achicar la brecha entre gastos mayores a los ingresos disponibles. En otros, como el propósito de hacer una “resolución temprana o la correcta defensa del Estado” cuando es litigante, tanto su efectiva ejecución como los resultados obtenidos hasta ahora son más difusos.
De los datos entregados por el Ministerio de Educación (MEC) al contestar un pedido de acceso a la información pública realizado por Búsqueda, surge que en el Registro Único de Juicios del Estado (RUJE) había 8.205 contenciosos inscriptos a fin de 2019, incluidos 1.279 “cerrados”. Ese año la base fue creada en manos de la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales y lo abultado de esa cantidad responde a la carga de los datos que los diferentes incisos del Poder Ejecutivo —los actualmente obligados— hicieron especialmente en los meses de marzo (3.084) y julio (1.800).
El RUJE surgió con el propósito de “identificar, tipificar y cuantificar los juicios en que interviene el Estado, ya sea actor, demandado, tercerista, citado en garantía, etc.”, para a partir de esas estadísticas “contribuir con la planificación presupuestal” sobre las futuras erogaciones, explica en su sitio web. Son funcionarios de las áreas jurídicas de Presidencia y los ministerios quienes cargan la información tomada de los expedientes que se tramitan ante el Poder Judicial y es sistematizada de acuerdo a ciertos parámetros que solicita el RUJE. Los datos están disponibles en tiempo real, si bien no es infrecuente que haya organismos que cumplan con retraso o que estén omisos en subir la totalidad de sus contenciosos al sistema.
Al cierre del 2020 la cantidad total de juicios era de 2.183 y la cifra un año después, cuando terminó el 2021, fue muy similar (2.200). A su vez, el lunes 13 el RUJE mostraba 880 procesos, de los cuales 634 eran causas “abiertas” y otras 184 “en creación”; estas categorías corresponden a carpetas sobre procesos que se encuentran en curso. Figuraban también 52 carpetas como “cerradas”, nueve “anuladas” y una “suspendida”.
Las cifras totales discriminadas según el “rol” con el que participa el Poder Ejecutivo en los juicios difiere de las cantidades conforme a el antedicho “estado” de los procesos, sin que estén claras las razones de tal incongruencia estadística (que sus responsables tratarán de corregir contrastando con información del Poder Judicial). Al lunes de la semana pasada el RUJE mostraba un total de 837 juicios, de los cuales era “demandado” en 704 y “actor” en 96 (la mayoría en procesos ejecutivos que llevan adelante organismos como los ministerios de Ganadería, Transporte y Ambiente, la DGI o el Banco de Previsión Social). También había 13 carpetas en carácter de “tercerista” y la misma cantidad como “citante en conciliación”, nueve “citado en conciliación” y dos “citado en garantía”. De los datos entregados surge que todos los años, salvo el 2019, el Estado siempre fue más “demandado” que “actor” (demandante).
Por otro lado, al lunes 13 había 469 juicios de materia “civil”, otros 91 de “conciliación previa”, 89 “contencioso administrativo”, 55 “laboral”, 29 “juzgado de paz”, 19 de “familia” y uno de “aduana”. Si bien en su respuesta el MEC aclaró que el RUJE no inscribe juicios penales, en una discriminación informada apareció uno identificado con esa materia.
Algunos litigios en los que participa el Estado toman notoriedad pública. Uno iniciado en 2008 que acaba de cerrarse con un fallo de un Tribunal de Apelaciones es la demanda del gremio de anestesistas contra el Ministerio de Trabajo por recursos que debían ser vertidos al Fondo de Educación Médica Continua y fueron al Sindicato Médico del Uruguay; el monto a pagar ronda los $ 5,7 millones, según informó El País el viernes 17.
Otros recién empiezan. En mayo, el empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo, quien cumple prisión domiciliaria en su chacra en Maldonado por delitos de lavado de activos, contrabando y tráfico internacional de armas, anunció un reclamó judicial por US$ 22 millones por haberle retenido dos aviones, lo que según dijo le trancó “un negocio multimillonario”.
También hay pleitos planteados contra Uruguay en ámbitos internacionales. Es el caso de la demanda notificada en abril por Montecon frente al contrato firmado por el actual gobierno con la empresa Terminal Cuenca del Plata que le prorrogó hasta el 2081 la concesión en el Puerto de Montevideo y le dio preferencias comerciales.
