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En años recientes, algunos gobernantes de la región se vieron envueltos en escándalos de corrupción y algunos casos cruzaron las fronteras. Se transformó en una preocupación compartida dentro del Mercosur.
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El Grupo Mercado Común (GMC), uno de sus órganos principales, aprobó a comienzos de este mes, en Brasilia, un proyecto de decisión del Consejo del Mercado Común (CMC) en el que se instruye la elaboración de una propuesta de “Plan de acción del Mercosur para el combate a la corrupción”. La iniciativa deberá estar pronta antes de la próxima sesión del CMC —integrado por los ministros de Economía y cancilleres— que se efectuará en diciembre, previo a la cumbre de jefes de Estado del 5 de ese mes.
El mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, que ejerce en este segundo semestre de 2019 la presidencia rotativa del Mercosur, llegó al poder en su país enarbolando un fuerte discurso anticorrupción. En una cartilla que difundió para conmemorar los primeros 300 días de gestión, afirmó que la corrupción fue extirpada del “pecho del poder federal” brasileño, consignó el diario Estadão el martes 5. “Los escándalos de corrupción sumían al Palacio de Planalto” y “llenaban los noticieros”, pero el fraude “está siendo combatido desde el primer día de trabajo”, señala.
Plan “anticorrupción”
El proyecto de plan que discutirá el Mercosur deberá contar con mecanismos de intercambio de información y de experiencias, de “mejores prácticas y capacitaciones”, así como de cooperación jurídica. También tendrá que prever la “participación activa de individuos y grupos externos al sector público, tales como empresas, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales”. Además, la propuesta “considerará la necesidad de instrumentos jurídicos adicionales para fortalecer el combate a la corrupción”.
El proyecto de resolución argumenta que “conviene contar con parámetros anticorrupción que demuestren a las sociedades de los Estados partes el compromiso con valores como integridad, honestidad y responsabilidad hacia la cosa pública y que puedan redundar en la adopción de medidas concretas”. Añade que es “fundamental” velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales en esta materia y que el “combate al soborno y a la corrupción se beneficiará de la adopción de medidas en el ámbito del Mercosur”.
Según el estudio titulado Integridad en las políticas públicas: claves para prevenir la corrupción, presentado este mes en Quito por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, la incidencia de este fenómeno en algunos países del Mercosur es menor que en el promedio de 10 ciudades de la región (uno de cada cuatro). En efecto, el 15% de los encuestados para ese documento residentes en Buenos Aires aseguraron haber recibido un pedido de soborno en el último año, un porcentaje que alcanzó a 11% en Montevideo y a 9% en San Pablo (Búsqueda Nº 2.046). El estudio no incluyó ciudades paraguayas.
