Entre 2011 y 2014 la meta planteada era que al menos el 15% de los participantes lograran tres meses de permanencia en un trabajo formal luego del programa. En los primeros tres años se cumplió esta meta (19%, 17,8%, 16,2%), pero no en 2014 (13,6%). A partir del 2015, se redujo la meta a 10%. De 2015 a 2017 se superó “apenas” (10,5%, 10,7%, 11,2%) y en 2018 y 2019 no se alcanzó, ya que solo 8,9% y 8,4% de los participantes lograron la permanencia mínima.
El informe señala que tampoco se cumplieron las metas de la dimensión educativa del programa ni las de salud entre 2017 y 2018.
El documento indica también una baja participación y una reducción con el correr de los años en la participación en las “tareas de valor público” que debían realizar los participantes. La meta en ese punto era que el 70% de las personas asistieran como mínimo al 80% de las jornadas operativas y de capacitación. En 2017 lo lograron el 71,9% de los beneficiarios, pero en 2018 fueron solo el 56,8%.
Otro aspecto al que apunta está vinculado a los fondos y recursos humanos que se destinaban al programa, y allí queda sugerida una ineficiencia. Según se detalla, para el funcionamiento de Uruguay Trabaja en 2018 trabajaron 490 personas: 17 funcionarios del Mides y 473 trabajadores de las organizaciones de la sociedad civil con las que se firmaban convenios. Eso da un promedio de un trabajador por cada seis beneficiarios y relacionado con los niveles de inserción laboral obtenidos cinco recursos humanos por cada dos participantes que lograron superar la meta.
En el plano del presupuesto, se subraya que en 2018 se destinaron $ 430 millones. De ese monto, según el documento, el 50% fue destinado a los 2.998 beneficiarios que recibían pagos mensuales de 2,35 BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones). El restante 50% correspondía al pago de los más de 100 convenios con las organizaciones de la sociedad civil.
Tres ejes
El cambio de Uruguay Trabaja al Programa Accesos se diseñó con base en tres ejes que apuntan a un mismo objetivo en el que las nuevas autoridades tienen puesto el foco: mejorar la inserción laboral formal de los participantes.
El primer eje es el cambio en la forma de elegir a los beneficiarios. Según explicó Sciarra, el alcance se mantendrá. El objetivo seguirá siendo abarcar a unos 3.000 participantes anuales. Sin embargo, quedarán por el camino dos elementos que antes eran centrales: la convocatoria abierta —con determinadas condiciones— y el sorteo. A la última convocatoria se habían presentado cerca de 100.000 postulantes.
El jerarca explicó que el ministerio pretende que Accesos sea una “cuña” que atraviese la trayectoria de las personas que hacen uso de los programas sociales de la cartera. Planteado todavía más claro: quieren que sea un “egreso”.
“El concepto de egreso para nosotros es importante porque implica autonomía económica e independencia del Estado. ¿Qué queremos? Que este programa entre como una cuña para que estas personas se independicen del Mides. La idea es que después de este programa no vuelvan a otro programa del Mides”, detalló.
Con ese norte, los participantes del programa serán elegidos directamente por el ministerio. Más concretamente, serán “derivaciones” de los distintos programas con criterios que se van a establecer y en los que ya están trabajando. Tienen claro, por ejemplo, que habrá una focalización en género y juventud porque los números del Instituto Nacional de Estadística y algunos indicadores del propio Mides indican que esas poblaciones están sufriendo más la pobreza.
El segundo eje de cambio es el incremento de los pagos que van a recibir los participantes. De las 2,35 BPC se va a pasar a un monto equivalente a un salario mínimo nacional, que actualmente ronda los $ 18.000. Esa, destacó Sciarra, fue una orden directa del ministro Lema.
“Es un elemento que apunta a motivar a las personas a mantenerse en el programa, que les permita entender que tienen un empleo, que empiecen a hacerse la idea de que en un trabajo de ocho horas eso es lo que va a recibir y lo que va a tener que administrar”, explicó.
Finalmente, en el tercer eje el principal objetivo es el fortalecimiento de la relación con el mundo privado. Para eso, el programa se ordenará en dos fases. La primera será más similar a la que ya realizaba Uruguay Trabaja con un enfoque de empleo protegido por unos siete meses, aunque ya no se acudirá a organizaciones de la sociedad civil, sino que se apuntará a incorporar como socios directos a distintos actores del propio Estado.
Sciarra dijo que todavía están trabajando en los acuerdos necesarios, que además requieren de un análisis legal. Una de las cosas que adelantó es que apuntan a que los gobiernos departamentales sean uno de los actores más relevantes.
Consultado sobre si eliminar a las organizaciones de la sociedad civil no debilitará el trabajo técnico que se hace con los beneficiarios del programa, Sciarra sostuvo: “El Estado tiene los medios y la capacidad para brindar todos estos servicios. Es articulación pura y dura. Fijate lo que pasa hoy con los Jornales Solidarios: realmente se está haciendo un trabajo espectacular”.
Después de esa etapa llegaría la fase dos, donde radica la principal apuesta: el paso definitivo a la inserción laboral en el sector privado. Sciarra dijo que están trabajando en un sistema que dé transparencia para la inscripción y participación de las empresas que se postulen para emplear a los beneficiarios. Una de las premisas con las que trabajan es que el diseño sea flexible y que permita que sean “empresas madrinas” tanto grandes compañías como “un almacén de Palmitas”.
También están estudiando cómo medirán la inserción de los participantes del programa. En principio, piensan considerar como insertos en el mercado laboral a quienes hayan superado los tres meses empleados en un trabajo.
Sciarra estimó que Accesos recién comenzará a funcionar en 2022. Recordó que faltan dos pasos fundamentales: primero la aprobación de la Rendición de Cuentas y segundo una reglamentación del nuevo programa.
Sorpresa, expectativa y el cuerpo a cuerpo
Lucía La Buonora, presidenta de la Unión de Trabajadores de Desarrollo Social (Utmides), asegura que la novedad de la Rendición de Cuentas los tomó por sorpresa. Sobre todo la derogación de Uruguay Trabaja, un programa de larga trayectoria que en su opinión “funcionaba bien” y que será una “gran pérdida”.
La sorpresa se vio acentuada, según contó, porque las autoridades pasaron un año y medio analizando cómo mejorar Uruguay Trabaja y lo cambiaron varias veces de dependencia para, finalmente, decidir derogarlo.
En esa línea, cuestionó otro cambio introducido por la Rendición de Cuentas. Allí se cambió el rango a la Dirección Nacional de Gestión Territorial —de la que ahora depende el Programa Accesos— a Unidad Ejecutora. “Se ve que ganó el ascenso. El director cumple las mismas funciones y gana $ 50.000 más. Esto en un momento de crisis, en el que todos bajamos nuestros salarios y en el que hay mucha gente con hambre. Es difícil asimilar esos aumentos”, criticó.
La dirigente matizó algunos de los argumentos manejados por las autoridades sobre la ineficiencia del programa. Si bien reconoce que la inserción laboral formal terminaba siendo baja, subrayó que eso no quiere decir que el programa no haya tenido ningún efecto sobre los participantes.
“La formalidad en los sectores en los que trabajamos en la mayoría de los casos no existe. Aportar al BPS muchas veces no es una posibilidad para ellos. Si vos solo medís la inserción en el mercado laboral de esa manera… Muchos de ellos sí tienen trabajo y sí trabajan”, dijo.
Consultado sobre este punto, Sciarra sostuvo que considera que el programa debe apuntar a la formalidad. “Queremos apuntar al trabajo formal que es lo que les da a las personas los derechos y las garantías de todos los trabajadores”, subrayó.
La Buonora también hizo énfasis en los otros objetivos extralaborales que tenía Uruguay Trabaja. Entre ellos destacó la atención en salud mental, salud general, salud bucal y la educación de los beneficiarios y sus hijos. Señaló que es necesario que se defina qué va a pasar con esas otras áreas de trabajo y cómo se van a desarrollar.
Otro aspecto en el que hizo énfasis y en el que llamó a poner atención es en los mecanismos de selección de beneficiarios. “El sorteo es una garantía siempre, y más en momentos como este, con mucha gente que quiere entrar a programas como este. Para nosotras es muy importante porque garantiza la democratización de esos puestos de trabajo”, reivindicó.
La Buonora también señaló que este tipo de programas requieren de un esfuerzo importante de trabajo “cuerpo a cuerpo” con los participantes e hizo énfasis en la importancia del trabajo técnico.
“No estamos hablando de mi prima que terminó el liceo y después no supo qué carrera elegir. Estamos hablando de gente que en muchos casos no terminó la escuela, que no sabe escribir. Hay que acompañar a los participantes y también a la parte empleadora a que banque la toma. Hay algunas fronteras que hay que limarlas, porque es muy probable que parte de esta población llegue tarde dos semanas seguidas al trabajo. Hay problemáticas de las que estamos muy lejanos. Todo esto puede estar buenísimo, pero esto hay que hacerlo bien, lleva trabajo y sacrificio”, advirtió.
Sciarra, por su parte, llamó a no subestimar a la gente y se mostró confiado en el reforzamiento del pago como incentivo. “Ya no estamos haciendo un llamado público a cualquier persona. Ahora van a ser derivaciones. Cambia el perfil y cambian los incentivos. Muchas veces se dice que la gente no tiene hábitos de trabajo: no. Pido que no se subestime a la gente y cambiar el chip”, indicó.
La dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines —que nuclea entre otros a quienes trabajan para el Mides a través de organizaciones de la sociedad civil—, Constanza Robaiana, consideró que trasladar a las intendencias las tareas que antes cumplían las organizaciones es un retroceso que atraviesa también otras decisiones de las nuevas autoridades.
“Esta tendencia de suprimir las organizaciones y transferirlo a las intendencias ya sabemos que se viene. Los Jornales Solidarios fueron un ensayo. En la derogación de Uruguay Trabaja se está partiendo de una mirada de la atención a las situaciones de vulnerabilidad que es simplemente darles un trabajo. Está más que demostrado que la gente necesita otras cosas para sostener un trabajo, hay otras complejidades y se necesitan otras herramientas”, valoró.
Al mismo tiempo que hace algunas advertencias, Utmides también pone expectativas en el nuevo programa. En particular, La Buonora se mostró entusiasmada con la posibilidad de que Accesos logre mejorar la articulación con el sector privado.
“Ojalá se pueda y ojalá la reglamentación de esto sea favorable. El Mides siempre tuvo muchos problemas en la articulación con privados y para cambiar eso necesitás espalda política”, dijo. También destacó como un elemento positivo que incluya una perspectiva de género.
