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El Mides tiene al menos 30 cargos políticos contratados a través de un convenio con la CND y alrededor de 100 pases en comisión
El sindicato y la oposición denuncian una politización “sin precedentes” en detrimento del personal técnico; el oficialismo dice que disminuyó la discrecionalidad y que son herramientas legales y transparentes para sostener los servicios mientras se procesa una reestructura del ministerio
Desde su nacimiento en 2005, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tuvo dificultades para consolidar su estructura. Uno de los reflejos de ese problema de origen son los numerosos mecanismos que la cartera implementó para poder hacerse de personal y cumplir con sus servicios, como la contratación de organizaciones de la sociedad civil o convenios con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo o la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).
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Durante los últimos gobiernos fueron frecuentes los cuestionamientos de la oposición —con el actual líder del Mides, Martín Lema, como uno de los más frecuentes exponentes— a las contrataciones directas que realizaba la cartera y que le valían observaciones del Tribunal de Cuentas y la Auditoría Interna de la Nación. Ahora, los cuestionamientos cambian de dirección. El sindicato del ministerio y referentes del Frente Amplio ven con preocupación lo que consideran un incremento desproporcionado de las contrataciones políticas. El oficialismo, en sentido contrario, asegura que la “discrecionalidad” se redujo respecto a los gobiernos anteriores y que las contrataciones directas que realiza son para sostener el funcionamiento mientras se procesa una reestructura que pretende darle al Ministerio la solidez y la carrera funcional que hoy no tiene.
Un documento al que accedió Búsqueda muestra que en setiembre de este año había 91 personas contratadas mediante el convenio que el Mides tiene con la CND. Fuentes oficiales de la cartera defendieron ese mecanismo de contratación. Dijeron que se trata de una muy buena herramienta que está dentro del marco legal y que también utilizan otros organismos estatales. Destacaron que algo más de la mitad de los ingresos a través del convenio concursaron para obtener el trabajo. De esa manera llegaron, por ejemplo, 24 personas al Instituto Nacional de la Juventud (INJU).
Otra parte de las personas que ingresaron son designaciones políticas. Entre esas decenas de contratos hay numerosos cargos jerárquicos.
Entre ellos figura, por ejemplo, Aparicio Saravia, un joven de 22 años que milita en el sector Por la Patria del Partido Nacional y se desempeña como adjunto al director del INJU (con un salario de $ 95.448). Gabriel Cunha, excoordinador de campaña de Verónica Alonso, está a cargo de la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle ($ 157.679). Elena Lancaster, exdiputada blanca, dirige la División de Apoyo Técnico a la Gestión Territorial ($ 138.396). La directora de la división juríco-notarial, Karina Goday, militante del Partido Nacional ($ 157.679), y la directora de Cuidados, Florencia Krall ($ 157.679). Andrea Maddalena, del Partido Colorado, es la actual directora de Descentralización de Inmujeres ($ 103.796). Y las exasesoras de la senadora Gloria Rodríguez, Leidys Aguilera y Lorena Jones, son directoras de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes y de Derechos Humanos, respectivamente ($ 138.395).
Según pudo corroborar Búsqueda, al menos 30 de los 91 contratos realizados a través de la CND son cargos de confianza con vínculos políticos con la actual administración. Las fuentes del oficialismo dijeron que la mayor parte de esos cargos fueron heredados de la anterior administración de Pablo Bartol. Lema, detallaron, agregó desde su llegada solo siete nuevas contrataciones.
Desde el entorno del ministro, recordaron que la cartera está en un proceso de reestructura en el que están trabajando junto a la Oficina Nacional de Servicio Civil. Señalaron que el ministerio tiene una debilidad estructural histórica y carece de una carrera funcional adecuada, aspectos que pretenden subsanar. “Las contrataciones con CND permiten no interrumpir los servicios mientras se avanza en la reestructura”, argumentaron.
También apuntaron que si bien los ingresos a través de CND crecieron respecto a marzo de 2020 —cuando eran 20— históricamente están en niveles bajos. Desde 2010 hubo otros tres convenios con CND por los que pasaron más de 1.000 contrataciones. Parte de ellas se integraron a la estructura del organismo en 2015 a través de la Ley de Presupuesto. Los tres convenios recibieron observaciones del Tribunal de Cuentas, algo que no ocurrió con el convenio firmado en este período de gobierno.
Las fuentes aseguraron que la discrecionalidad se redujo respecto a los gobiernos del Frente Amplio. Según dijeron también en períodos anteriores las contrataciones a través de la CND se usaron para cargos políticos. Sostuvieron que en 2015 había por ese mecanismo unos 20 cargos de confianza y en 2019 cinco. Añadieron que en este gobierno se disminuyó la contratación directa de organizaciones de la sociedad civil, una herramienta antes extendida sin transparencia.
Además de las contrataciones a través de la CND, el Ministerio tiene 97 pases en comisión, según figura en su página web. La Ley de Urgente Consideración le habilitó a la cartera hasta 115 pases.
En febrero, la legisladora del MPP Sandra Lazo había presentado un pedido de informes al Ministerio sobre los pases en comisión. En ese momento eran 67 casos y, además de sus salarios, cobraban compensaciones mensuales por un total de $ 1.865.620.
A las contrataciones por CND y los pases en comisión se suman los cargos políticos designados dentro de la propia estructura del ministerio en las unidades ejecutoras y direcciones nacionales.
Consultada por Búsqueda, la secretaria general de la Unión de Trabajadores del Mides, Lucía La Buonora, dijo que el sindicato ve con preocupación “un aumento muy grande en la cantidad de personal político y de confianza”.
“Hay una politización de toda la estructura burocrática del ministerio. Jefes de oficinas territoriales que antes eran cargos técnicos hoy son cargos políticos. Hay equipos de dirección muy grandes de gente que entró sin ningún concurso. Todo eso es un debilitamiento del poder burocrático en favor del poder político. Hoy hay muchos más cargos políticos en el ministerio que los que había hace tres años. No hay duda”, afirmó.
Según la dirigente, si se suman las designaciones directas a través de CND, más los pases en comisión y los cargos de confianza en la propia estructura del ministerio, el personal político llega a ser entre el 8% y el 10% del total de funcionarios de la cartera, que rondan los 2.000. “Es un montón. Es una proporción muy grande para una estructura pública”, insistió.
Más allá de las proporciones, indicó que esas formas de contratación implican un retroceso para un ministerio que en el último quinquenio había logrado regularizar parcialmente sus vínculos laborales. “Estamos volviendo a la época pre 2015 que era un caos inchequeable. Es volver a retroceder en cuanto a la transparencia, a las listas de gente en las que no se sabía quién había entrado ni cómo”, afirmó.
En una línea similar, el exdirector nacional de Evaluación y Monitoreo del Mides durante el último gobierno del Frente Amplio, Juan Pablo Labat, dijo a Búsqueda que, si bien la herramienta de contratación a través de CND tiene una larga historia, en este período su uso tomó un perfil más político. Dijo que antes ese tipo de contrataciones eran excepcionales dentro de un sistema que principalmente se empleaba para incorporaciones de perfil técnico.
“El costo y el tamaño de la estructura política actual del Mides yo te diría que no debe tener precedente”, dijo en coincidencia con La Buonora. Hizo énfasis particularmente en el riesgo de caer en “prácticas clientelares” que implica politizar una estructura que trabaja población vulnerable.