Las personas menores de 29 años y las mayores de 80 con discapacidades severas que viven en domicilios particulares tienen derecho a que el Estado les financie (de forma total o parcial, según sus ingresos) un servicio de asistencia personal de 80 horas mensuales. Esta es una de las varias políticas que despliega el Sistema Nacional de Cuidados, creado por ley en 2015. Actualmente son unos 5.200 los beneficiarios del Programa de Asistentes Personales, pero hay mientras tanto otras 4.200 personas que todavía esperan que su solicitud de acceso sea evaluada.
La lista de espera, casi tan extensa como la de beneficiarios, preocupa a parte de los integrantes del Comité Consultivo del sistema, un órgano honorario y asesor integrado por organizaciones representantes de la sociedad civil. Tras la última convocatoria a ese ámbito, que se dio el 20 de octubre, decidieron pedir una reunión con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, solicitud que la cartera les dijo que aceptará, pero para la que todavía no les dio una fecha. En los últimos días comenzaron a difundir sus inquietudes mediante comunicados públicos.
Entre 2020 y 2021 el ministerio suspendió las visitas de valoración para nuevas altas al programa. Las evaluaciones se retomaron en enero de este año. La directora de Cuidados del Mides, Florencia Krall, dijo a Búsqueda que en lo que va del 2022 se habilitaron 533 nuevos beneficiarios y esperan llegar al cierre del año cerca de los 800.
El número, reconoció, está por debajo de la meta que se habían trazado, llegar a las 1.000 altas en el año. Sin embargo, consideró alentador el ritmo que alcanzaron desde julio de este año con unas 130 habilitaciones mensuales en promedio. Según dijo, es un “récord”, ya que los promedios mensuales más altos antes del 2020 eran de 120 altas. Esas cifras, dijo, son el resultado de un refuerzo del trabajo de la Secretaría Nacional de Cuidados.
“Nos estamos poniendo al día”, afirmó.
Aunque confirmó la cifra de unas 4.200 visitas de evaluación pendientes, dijo que ninguna de ellas corresponde al año 2020. Una parte, aunque no especificó cuántas, son de 2021.
La socióloga Valentina Perrotta, integrante del Comité Consultivo en representación de la Universidad de la República, dijo a Búsqueda que no ven que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) esté reforzando el trabajo para reducir el atraso en las evaluaciones. Según dijo, en la reunión del 20 de octubre las autoridades del ministerio les dijeron —contrariamente a la versión de Krall— que hay personas que solicitaron el beneficio en 2020 y todavía esperan por la visita de valoración.
“Nos parece un asunto grave”, dijo. Particularmente en el caso de las personas mayores de 80 años, subrayó, las demoras pueden implicar morirse esperando el beneficio.
Perrotta señaló que las cifras de beneficiarios actuales son menores a las de 2019. En setiembre de ese año, según dijo, los beneficiarios eran 5.700.
“Cuando hay voluntad política de avanzar se colocan más recursos, y no es lo que sucedió”, dijo.
Perrotta y otras tres integrantes del Comité Consultivo (Clara Fassler, de la Red pro Cuidados, Silvina Brocal, del Sindicato de Asistentes Personales, e Isabel Pérez Sierra, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) firmaron un comunicado en el que dicen que “difícilmente se cubrirá el déficit acumulado” antes del final del período de gobierno, lo que lesiona el derechos de los ciudadanos a recibir cuidados. El PIT-CNT y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo respaladan esa posición.
La estructura institucional del Sistema Nacional de Cuidados tiene tres niveles. En la cabeza está la Junta Nacional de Cuidados, que la integran el Mides —cartera que preside el ámbito—, el Ministerio de Educación y Cultura, el de Trabajo y Seguridad Social, el de Salud Pública, el de Economía, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, el Banco de Previsión Social, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y un representante del Congreso de Intendentes. Con voz y sin voto participan el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría Nacional de Cuidados del Mides.
La junta tiene como principal competencia establecer las orientaciones del sistema, sus lineamientos y sus objetivos. Su última reunión fue el pasado martes 29 y allí Krall hizo un balance del trabajo realizado este año.
El segundo nivel de estructura es la Secretaría Nacional de Cuidados del Mides, que tiene, entre otros, los cometidos de articular y coordinar todo el sistema, elaborar el plan quinquenal e implementar y supervisar los programas.
Finalmente, la estructura se completa con el Comité Consultivo, que es un ámbito que busca la representación de la sociedad civil y su objetivo es asesorar —de forma honoraria— al sistema, monitorear la implementación de las políticas y hacer propuestas. Su integración es de 16 delegados: cuatro de las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los temas de cuidados, cuatro de la academia, cuatro del PIT-CNT y cuatro de las entidades privadas que prestan servicios de cuidados.
El piloto y las fragilidades
Las nuevas autoridades de la Secretaría Nacional de Cuidados, con la llegada de Lema al ministerio, detectaron los vínculos laborales como una de las principales fragilidades del Programa de Asistentes Personales. Una vez que al usuario se le asigna un asistente, la relación de trabajo pasa a ser privada, entre ellos dos. Eso hace que si el beneficiario por algún motivo quiere romper el vínculo tiene que hacerse cargo de los derechos laborales generados, como el despido. El hecho de que el vínculo sea privado y la prestación en domicilio dificulta también la supervisión estatal.
En conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Mides elaboró a fines de 2021 un plan piloto para promover soluciones de provisión colectiva de estos servicios de cuidados a través de figuras como las cooperativas de trabajo. Eligieron tres departamentos para empezar (Tacuarembó, Colonia y Maldonado) y se trazaron la meta de otorgar 100 altas nuevas en cada uno (Búsqueda Nº 2.155).
Consultada sobre la marcha del piloto, Krall dijo que a los departamentos inicialmente elegidos se sumaron dos: Salto y Paysandú. Hasta ahora lograron la conformación de nueve cooperativas de trabajo de cuidadores y hay 20 beneficiarios que reciben los servicios de asistencia a través de ellas.
Para Perrotta era evidente que la conformación de cooperativas iba a demandar más tiempo del previsto. Por eso, cuestionó la decisión de poner el acento en el proyecto piloto cuando había una lista tan amplia de evaluaciones pendientes.
Pese a todavía estar lejos de alcanzar las 300 altas de provisión colectiva que se habían propuesto, Krall cree que el piloto mostró buenos resultados. Considera que es una solución que otorga mayores certezas jurídicas.
La distancia con la planificación original, explicó, obedece principalmente a las dificultades que implica la formación de cooperativas. Solo los trámites suelen demorar al menos unos seis meses y, antes de eso, en muchos casos es necesario dar apoyo y formación a los trabajadores.
“Tenemos una apuesta también cualitativa. No es solo cuantitativo. Todas las debilidades y los reclamos que encontramos eran cualitativos, de trabajadores y beneficiarios: que sus derechos eran vulnerados, que no tenían a quién recurrir cuando tenían un problema, que no estaban acompañados. Todo esto es lo que el modelo nuevo quiere mejorar, y lo está logrando”, dijo.
