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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) “mantiene a vagos”. Esa es una de las principales críticas que reciben las políticas sociales del gobierno. Por eso, la ministra Marina Arismendi entiende que es necesario “salir a enfrentar” ese y otros “mitos” sobre los programas que lleva adelante el ministerio para apoyar a las poblaciones más vulnerables, y más aun con una campaña electoral en ciernes.
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“Hay un gran error de interpretación fundado en el mito de que las políticas de transferencia asisten a estratos bajos, cuando es al revés: las transferencias también asisten a los sectores más altos”, dijo a Búsqueda el director de Evaluación y Monitoreo del Mides, Juan Pablo Labat.
Uno de los ejemplos a los que recurre el Mides para evidenciar esto es la renuncia fiscal que hace el Estado al exonerar de impuestos a la educación privada. Es que, según las estimaciones del ministerio, el monto global de esa renuncia es muy similar a lo que gasta el Mides en un año.
“Hay gente que dice: ‘Mi mamá y mi papá me pagaron el colegio privado’. Falso. Yo te pagué el colegio privado ¿Saben por qué? Porque todo lo que resigna el Estado en las exoneraciones de la educación privada es igualito al presupuesto del Mides”, dijo Arismendi durante una charla con militantes del Partido Comunista a mediados de mes y publicada el 25 de julio por el diario El País.
Según datos calculados por el Mides, las exoneraciones a la educación privada en 2016 representaron el 0,41% del PBI, al tiempo que la ejecución del gasto del ministerio equivalió al 0,44%.
“Hay un gran error de interpretación fundado en el mito de que las políticas de transferencia asisten a estratos bajos, cuando es al revés: las transferencias también asisten a los sectores más altos”, dijo Juan Pablo Labat.
El costo de la exoneración del IVA a los servicios de enseñanza y culturales privados ascendió a $ 4.019 millones (0,25% del PBI) en 2016. A eso se suma la exoneración del IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas), que llegó a $ 1.031 millones (0,06%), y la exoneración de los aportes patronales, que representó un total de $ 1.463 millones (0,09%).
Por su parte, el presupuesto ejecutado por el Mides en 2016 fue de $ 6.951 millones (0,44% del PBI). En 2015, la ejecución había llegado al 0,32% del PBI. La diferencia se debió a que a partir de 2016 se sumó el gasto del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), que estaba en el Ministerio de Trabajo, y el programa Uruguay Crece Contigo, que funcionaba en la Presidencia de la República.
Para Labat, esos datos muestran que es un “mito” que la transferencia de recursos se destina únicamente a los sectores más pobres. El jerarca opinó que en la discusión hay sectores que, “en términos ideológicos”, siguen planteando que hay una “ineficiencia del gasto” al destinar recursos a un sector que consideran “parasitario”. Sostuvo a su vez que el debate por el tema no se va a terminar porque la “transferencia monetaria es objeto de discusión siempre”.
El 80% de los menores de 18 años reciben algún tipo de transferencia, indicó Labat. Por eso, consideró “hipócrita” que solo se hable de los jóvenes y niños que viven en la pobreza. A la vez, el 95% de los adultos mayores también están cubiertos por recursos que vienen del Estado. De esta forma, dijo, se va camino a un país de renta básica, ya que gran parte de la población recibe alguna transferencia monetaria.
Al igual que los programas asistenciales reciben críticas, las exoneraciones a la educación privada no han estado exentas de polémica. Recientemente, el diputado Alejandro Sánchez, del Movimiento de Participación Popular, opinó que se debe discutir si esos recursos no tendrían que ser destinados a las “clases menos pudientes”.
“¿Es razonable que la sociedad destine recursos públicos para la formación de la elite? Hoy el gasto por estudiante en la educación pública es de US$ 2.138 anuales, mientras que las privadas destinan US$ 4.000”, dijo Sánchez, según informó La Diaria el jueves 19 de julio.
Contrapartidas
Uno de los principales programas de asistencia del Mides es la Asignación Familiar-Plan de Equidad, que está destinado a las embarazadas (prenatal), y a los niños y adolescentes menores de 18 años que integran hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Otro de los programas es el de la Tarjeta Uruguay Social, que consiste en una transferencia monetaria que se otorga a aquellos hogares en extrema pobreza. El acceso a las prestaciones requiere que las familias cumplan con contrapartidas, como la concurrencia de los menores de edad a los centros educativos y la realización de controles de salud.
Uno de los principales programas de asistencia del Mides es la Asignación Familiar-Plan de Equidad, que está destinado a las embarazadas (prenatal), y a los niños y adolescentes menores de 18 años que integran hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Si bien hoy se cumplen estas condiciones, las autoridades del Mides están en contra de exigir contrapartidas. El tema surgió durante la actividad del Partido Comunista, donde se le preguntó a Arismendi por qué había que pedir contrapartidas. “Porque si le estoy dando $ 1.000 si tiene un hijo y más o menos $ 5.000 si tiene cuatro hijos, ¡se van a volver ricos con eso!”, ironizó la ministra. “Lo que tendríamos que pedir es perdón por las décadas y décadas que este país generó la exclusión social y porque todavía no tenemos la velocidad, ni la capacidad, ni los dineros como para ir más rápido. ¡Otra que contrapartida! ¿De qué estamos hablando?”, cuestionó.
Arismendi apuntó a enfrentar otro “mito”: que quienes participan en los programas del Mides son “vagos”. Destacó que, contrario a esa creencia, miles de personas quieren trabajar y por eso se anotan en el programa Uruguay Trabaja. El programa tiene 3.000 cupos de trabajo transitorio por año y se inscriben unas 20.000 personas.
