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Unas de las batallas que dio Cabildo Abierto a lo largo del período de gobierno, confrontando por momentos con dureza con sus aliados de la coalición, fue el reclamo de rever los regímenes de exoneraciones impositivas —como la promoción de inversiones o las zonas francas—, por entender que los beneficios se los llevan grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, que harían su apuesta por Uruguay aun sin obtener un trato fiscal preferencial. En esto, los cabildantes sienten que no han sido del todo escuchados.
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio una respuesta entre técnica y política en los documentos que presentó junto con la Rendición de Cuentas de 2022, en la que informó con mayor profundidad que lo habitual acerca del “gasto tributario” (la resignación fiscal estimada en la que incurre el Estado para favorecer a ciertos sectores de la sociedad o de la actividad económica, en algunos casos como incentivo). Por “sector presupuestario”, en un total de US$ 4.553 millones en ventajas impositivas —aproximadamente 6,4% del Producto Interno Bruto—, el definido como “inversión, descentralización y desarrollo regional” —que incluye el régimen canalizado a través de la Comisión de Promoción de Inversiones (Comap)— representó un tercio del total. Le siguieron en importancia “salud y sanidad” (17%) y “vivienda y desarrollo urbano” (8%).
Además, “a los efectos de contribuir al debate del gasto tributario en el país”, ese informe presentó de manera separada “las medidas identificadas en dos grupos: por un lado, las que superan los 30 años de vigencia y, por tanto, parecen estar fuertemente institucionalizadas y arraigadas en la sociedad”; por otro, aquellas que “conforman las decisiones de gasto más recientes de los gobiernos de las últimas décadas”. Al considerarse el IVA y el IRAE potencial resignado, indicó que el 47% del gasto tributario total de 2022 se originó en ventajas implementadas con anterioridad a 1993 y el 53% correspondió a aquellas surgidas con posterioridad a esa fecha; las “excepciones nuevas”, creadas de 2020 a la actualidad, “revisten escasa materialidad” y representaron 0,45% del gasto tributario global, detalló el MEF.
Según dijo a Búsqueda la directora de Política Económica de ese ministerio, Marcela Bensión, ese análisis mostró que “gran parte del gasto tributario es para educación, por ejemplo. Decididamente no estamos pensando en tocar ese gasto tributario o esa supuesta resignación. Así como la educación, hay varios otros sectores en los que se computa el gasto tributario y de alguna manera tuvo su razón de ser, como desarrollar determinadas áreas que tienen un beneficio para la sociedad y la economía mayor”. Insistió: “Hay una parte del gasto tributario que tiene un fin social importante”.
También subrayó que solo una mínima parte del total del gasto surgió de decisiones del actual gobierno y la amplísima mayoría son tratamientos tributarios especiales aprobados décadas atrás. “Cuando encaramos esta discusión, tenemos que hablar de todo eso”, afirmó la jerarca.
Para Bensión, el planteo de Cabildo Abierto de bajarles los costos a las empresas de menor porte “es atendible y fue atendido en la reforma impositiva” del año pasado. “Realmente, estos planteos que Cabildo había hecho fueron contemplados y tuvieron una cabida importante en esta revisión que se hizo a las pequeñas y medianas empresas. Ahí, por ejemplo, se estableció un régimen de pago de IRAE progresivo, que no existía antes, y ese era un planteo que hacía Cabildo”.
La rebaja de impuestos para empresas, anunciada junto a los alivios en el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) y en el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS), “fue solamente a nivel de las micro, pequeñas y medianas”, recalcó.
