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Al inicio de la pandemia de Covid-19, cuando sostener los gastos sanitarios y en apoyos económicos era un desvelo para el gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) exploró conseguir dinero del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
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Uruguay tenía firmado un acuerdo marco desde 1995, pero nunca fue ratificado en el Parlamento. Finalmente, las autoridades desistieron de recorrer ese camino y optaron por recurrir a líneas de fondeo de emergencia con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.
Más allá de eso, las conversaciones para que el país pueda acceder al financiamiento del BEI no se discontinuaron, y es un asunto de interés tanto para la Unión Europea (UE) como para el MEF. De hecho, esa cartera elabora un proyecto de ley que enviará a corto plazo a la Asamblea General procurando darle aprobación a aquel convenio marco firmado hace unos 28 años.
Creado en 1958 en el marco de los tratados de Roma —predecesores de la actual UE— y con sede en Luxemburgo, el BEI pertenece a los 27 Estados miembros del bloque europeo. Por lo general, en combinación con otros fondos e instrumentos financieros de la UE u organismos multilaterales, fondea proyectos a largo plazo, concede garantías y brinda asesoramiento en iniciativas dentro y fuera de la unión. El banco es el accionista mayoritario del Fondo Europeo de Inversiones.
Desde marzo del 2020, el capital suscrito del BEI aumentó en 5.500 millones de euros, tras la decisión de Polonia y Rumania de incrementar sus aportes: el capital suscrito total de la institución asciende actualmente a 248.800 millones de euros.
Al amparo de acuerdos con gobiernos de distintos continentes, el financiamiento del banco trasciende las fronteras comunitarias. En América Latina, varios países son receptores habituales de su fondeo. En Paraguay, por ejemplo, es cofinanciador —junto con la CAF— del proyecto de mejoramiento de la distribución eléctrica de su sistema metropolitano.
En diciembre, el Consejo de Administración del BEI aprobó una nueva financiación por valor de 23.600 millones de euros destinada a apoyar inversiones en los ámbitos de la empresa, el transporte, la salud, la educación, las energías limpias y la acción por el clima en Europa y el resto del mundo. Esa acción se enmarca en la estrategia Global Gateway, un fondo de fondos que pretende facilitar financiamiento mediante capital y deuda para proyectos de infraestructura, energía limpia y desarrollo humano a escala mundial.
Al BEI se lo llama también el “banco del clima” de la UE, luego de que, en 2019, el Consejo Europeo lo alentó a intensificar sus actividades de apoyo a la acción ambiental; el BEI respondió aprobando una nueva estrategia climática y una política de préstamos en el sector de la energía. En ese marco, financia proyectos que apuntan a reducir las emisiones de efecto invernadero, como infraestructura para la generación de energías renovables, redes eléctricas.
Uruguay
La temática ambiental ocupa un sitio central en la agenda de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Precisamente, en una intervención en la Asamblea Anual del BID, el viernes 17, la jerarca aludió a la preocupación por el clima y su impacto en la economía, evidente en momentos de sequía como los que atraviesan hoy Uruguay y varios países de la región.
Pero, sin tener el acuerdo marco de 1995 ratificado por el Parlamento, no es posible que el país reciba fondos del BEI, ya sea su sector público o privado. Se trata de un paso formal relativamente simple, ya que no implica la incorporación de Uruguay al banco —cuyos únicos miembros son los 27 países de la UE—, por lo que tampoco hay de por medio aportes de capital ni involucramiento administrativo.
Consultado por Búsqueda, el jefe del Sector Economía y Comercio de la UE para Uruguay y Paraguay, Damian Kaminski, confirmó que el bloque europeo sigue “muy interesado” en la ratificación por parte de Uruguay del convenio y aseguró que están trabajando con el MEF en tal sentido. El BEI “puede ayudar al país” y fomentar el desarrollo y la inversión, sostuvo.
En el IV Foro de Inversión Europea en Uruguay, que se efectuó en octubre del año pasado, la jefa de la División América Latina y el Caribe del BEI, Kristin Lang, presentó la oferta de instrumentos orientados a apoyar proyectos de desarrollo sostenible. “Tenemos que llegar a los soberanos —gobiernos nacionales o subnacionales— pero también a las pymes”, explicó. Y añadió: “Siento mucho” no poder canalizar apoyos a Uruguay.
Mencionó que el 70% de los fondos otorgados a la región en los últimos años se dirigió a atender la cuestión medioambiental.
Después de la intervención de Lang, Kaminski le comentó: “Es muy claro que hay opciones, muchos proyectos en la región. Mencionaste a muchos países. ¿Por qué no mencionaste a Uruguay? ¿Qué nos falta? A mí me gustaría mucho” que el país pudiera recurrir al BEI. La funcionaria europea contestó que está pendiente la ratificación del convenio marco y adhirió a la idea de que sería un paso positivo para el país.
Luego, el jefe del Sector Economía y Comercio de la delegación de la UE en Uruguay recordó su experiencia anterior en la India y señaló la “sorpresa enorme” que generaba, al discutir algún proyecto, saber que el BEI es una institución “sin fines de lucro” que cobra tasas de interés muy ventajosas para quien toma su financiamiento.
