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Para el nuevo ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, el proceso que se debe recorrer desde el momento en que se decide reparar bajo la modalidad de participación público-privada (PPP) un circuito de rutas hasta que las obras efectivamente se concretan es un “laberinto burocrático”. Las discusiones —que se extienden en algunos casos por años— entre los organismos públicos que intervienen, los adjudicatarios y los financistas terminan siendo más propias de abogados que de ingenieros.
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“Es una discusión legal de nunca acabar”, se quejó Heber el jueves 18 en la comisión especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de ley de urgente consideración, norma que impulsa algunos cambios al régimen PPP.
En su comparecencia a la comisión les contó a los diputados que le “preocupa mucho” una consecuencia económica derivada de las demoras burocráticas. Según su relato, la cartera está siendo objeto de “juicios” de parte de las adjudicatarias de los proyectos.
Heber les explicó que el motivo de los reclamos obedece a que, cuando se hace el llamado, las empresas presentan sus ofertas con base en el estado de las rutas en ese momento. Como esas carreteras van a ser reparadas en el marco del contrato PPP el ministerio las “deja quietas”, pero entre la adjudicación y el inicio de las obras pueden pasar “tres, cuatro o cinco años”. Entonces, cuando las compañías comienzan a trabajar, se encuentran con rutas más deterioradas de lo que estaban al momento de las ofertas.
Circuitos y reclamos.
Las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte heredaron siete proyectos viales para rehabilitar circuitos de carreteras bajo la modalidad PPP. Las obras abarcan a unos 1.200 kilómetros de la red vial e implican una inversión inicial de US$ 560 millones, según datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
El grado de avance que muestran es reflejo de las demoras. De los siete llamados solo tres llegaron a la etapa de obra: la PPP 0 (rutas 21 y 24), que está terminada salvo por un tramo de 500 metros; la PPP 1 (rutas 12, 54, 55, 57 y construcción de un by pass en Carmelo), que está demorada por un cambio técnico de “tratamiento bituminoso” a “carpeta asfáltica”; y la PPP 3 (ruta 14), que está encaminada, pero “lejos de terminar”, según resumió el ministro en el Parlamento.
Heber no dio detalles a los legisladores sobre las demandas de las adjudicatarias. Fuentes de la cartera dijeron a Búsqueda que de las tres obras en curso ya recibieron reclamos de dos de las empresas por “sobrecostos”.
Además, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) hay en trámite dos acciones de nulidad contra el Ministerio de Transporte presentadas por el Consorcio Rutas del Litoral S.A., adjudicatario de la PPP 0, que está conformado por la uruguaya Grinor y la española Sacyr. Búsqueda accedió a uno de los expedientes en los que las empresas reclaman al TCA que declare nula una sanción de US$ 250.000 que les aplicó la cartera.
“Durante los casi tres años que insumió el proceso licitatorio el Estado realizó mínimos trabajos de mantenimiento claramente insuficientes, lo que llevó al deterioro funcional y estructural severo en el estado del circuito respecto al considerado por los oferentes al ofertar”, plantean como uno de los argumentos.
Fuerza mayor.
Los otros cuatro circuitos PPP ya están adjudicados, pero aún no pudieron comenzar las obras. Mientras el ministerio intenta acelerar el “laberinto burocrático”, la pandemia del coronavirus trajo más demoras.
Heber contó a los diputados que a partir de la crisis sanitaria los organismos internacionales que financian proyectos PPP empezaron a reclamar la inclusión de cláusulas de “razones de fuerza mayor y de pandemia” en los contratos. “No quieren correr riesgos de tener demoras”, explicó.
Ese nuevo reclamo está demorando, por ejemplo, la PPP 2 (rutas 9 y 15), que está adjudicada desde abril de 2017. Heber sostuvo que la inclusión de una cláusula de fuerza mayor “es de recibo”, pero “hay cuestionamientos” del Ministerio de Economía y la OPP.
La PPP del Ferrocarril Central tiene una cláusula similar. Según dijeron a Búsqueda fuentes del ministerio, hasta ahora no fue necesario aplicarla porque la obra mantuvo su curso casi a ritmo normal.
