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La dificultad de Uruguay para alcanzar la inmunidad de rebaño fue la razón que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, esgrimió ante sus pares del Mercosur para justificar por qué el ingreso de refugiados al país provoca inquietud al gobierno. Sostuvo que la población proveniente de los países del Mercosur, del resto de Latinoamérica y de África, principalmente, generan una continua vía de contagio en plena pandemia que amenaza con complicar la estrategia de vacunación contra el Covid-19.
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Aunque Heber no lo manifestó en la reunión de ministros de Seguridad y del Interior del bloque, para el gobierno la preocupación respecto al estatuto del refugiado va más allá del contexto sanitario actual, pues considera que en ocasiones hay un uso desmedido e inapropiado de la herramienta. Fuentes oficiales señalaron a Búsqueda que el ministerio estudia cómo lograr “que el estatuto de refugiados sea efectivamente eso y no que sea una forma ilegal de ingreso al país. Que se aplique correctamente a quien efectivamente es refugiado y perseguido en su país”.
A escala internacional Uruguay forma parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, de las Naciones Unidas. Este compromiso se reforzó nacionalmente en 2007 con la aprobación de la Ley Nº 18.076 sobre el estatuto del refugiado. La ley reconoce como refugiado a toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y a causa de dichos temores no pueda o no quiera regresar a ese país. También reconoce a quien ha huido del país de su nacionalidad porque su vida, seguridad o libertad resultan amenazadas.
Heber ordenó al área jurídica del Ministerio del Interior que analice la reglamentación actual. Además, las autoridades del ministerio conversaron con los representantes de la Comisión de Refugiados (Core) para que se aplique correctamente la normativa vigente. Bajo la Ley Nº 18.076, la comisión funciona en el ámbito de Cancillería con integrantes de esta cartera, la Dirección Nacional de Migración, la Universidad de la República, el Poder Legislativo, organizaciones no gubernamentales y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Tiene como cometido resolver en general sobre todos los aspectos referidos a la condición de refugiados, incluido reconocer o no la calidad de refugiado y aplicar las cláusulas de exclusión.
Sede del Institución Nacional de Derechos Humanos. Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
Pedidos de información
La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) se encuentra atenta a la situación de los refugiados desde hace meses, pero las declaraciones públicas de Heber en el Mercosur volvieron a encender las alertas. Tras el cierre de fronteras a raíz de la pandemia, la institución envió consultas a distintos ministerios para conocer cuáles eran los criterios que se aplican a las personas que solicitan ampararse en el estatuto del refugiado. Cancillería, en cuya órbita trabaja la Comisión de Refugiados, no respondió hasta el momento. El Ministerio del Interior sí lo hizo, aunque brindó información sobre situaciones puntuales y no de la política general.
Uno de los directores del Inddhh, Juan Faroppa, explicó a Búsqueda que la institución actúa tanto por denuncias que recibe como por actuaciones de oficio. En diciembre iniciaron una investigación de oficio solicitando información a Cancillería y a Interior. Luego de los dichos de Heber se volvió a pedir a esta secretaría de Estado saber “de cuántos casos se habla, si es algo que el ministro ve como permanente o es un caso particular” y si entiende que puede tratarse de alguna situación vinculada a la trata de personas a escala internacional.
“Evidentemente cuando hay una situación que genera miedo en la sociedad en general, lleva a que haga un poco de ruido el ingreso de personas extranjeras al país. En ese marco, lo que empezamos a recibir fueron situaciones de eventual dificultad que podían darse en el ingreso al país”, dijo Faroppa. “En suma, lo que nos interesa, desde las obligaciones del Estado uruguayo, es ver qué tipo de situaciones enfrentaron funcionarios uruguayos en las fronteras, qué tipo de políticas se están aplicando en relación a las personas que intentan ingresar y qué procedimiento se aplicaron para el rechazo de personas que intentaban ingresar”, agregó.
Afirmó que para el Inddhh es importante conocer si para Uruguay se trata o no de personas que intentan abusar de la apelación al estatuto del refugiado y qué procedimientos se realizaron para determinar si esas personas tenían o no derecho para acogerse al estatuto. “El riesgo que se puede dar, es un riesgo, no quiere decir que se esté dando, es que exista algún tipo de direccionamiento u orientación de la mirada que se está realizando en relación con las personas que intentan ingresar, que puede ser abusiva e irregular”, concluyó Faroppa.
Desde Acnur, en tanto, entienden que los números de solicitudes de refugio que tiene Uruguay “son muy manejables” y no deberían ser una preocupación para el gobierno. Juan Carlos Murillo, representante de la agencia para América del Sur, informó a Búsqueda que desde que comenzó la pandemia en 2020 hubo 2.947 pedidos nuevos y 840 en lo que va de 2021, en su mayoría de ciudadanos venezolanos. “No son números significantes”, relató. “No estamos hablando de avalanchas ni de números que no sean manejables”.
Murillo está al tanto de las declaraciones del ministro del Interior y, en su opinión, cree que se refirió a la acumulación de cifras. Enfatizó en que las solicitudes son pocas en relación con otros países y que quienes lograron ingresar al país como refugiados fueron aún menos: 173 en 2020 y 77 en lo que va de este año. Sin embargo, a partir de 2016 —y a ese dato es el que Murillo considera que se refiere Heber— comenzaron a llegar al país solicitudes, principalmente de personas cubanas, que fueron quedando pendientes de resolver, al punto que son varios miles los trámites pendientes. En 2019 eran 12.228 los pedidos aún sin resolución y el acumulado a finales de 2020 fue de 10.660. Esto, para Murillo, prueba que si bien ese número global seguramente llame la atención, las solicitudes que realmente llegaron desde que se instaló la pandemia fueron mucho menores.
Por ello, el representante de Acnur resaltó el trabajo realizado por Uruguay como “uno de los países que, pese al cierre de fronteras, estableció excepciones” que han permitido el ingreso de refugiados.
