El Ministerio del Interior impulsa crear delito de “femicidio”

Para las autoridades del Ministerio del Interior es momento de que Uruguay cambie su legislación e incluya la figura penal del “femicidio”, un delito que se define como el “asesinato de una mujer por razón de su sexo”. Charles Carrera, director de Secretaría de esa cartera, sostuvo que eso permitirá dar “señales claras” de que se quiere terminar con la “desigualdad real” que existe entre hombres y mujeres.

Poco cambió. En los meses siguientes los asesinatos continuaron. Según datos del Ministerio, al 31 de mayo, 24 mujeres habían sido asesinadas, 14 fueron “homicidios domésticos” y 13 los perpetraron parejas o ex parejas de las víctimas. Así, en los primeros cinco meses del 2015, murieron la misma cantidad de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas que en todo el 2014.

En un editorial difundido el martes 23 por el Ministerio del Interior, Carrera sostuvo que se deben aplicar “cambios legislativos” en materia de violencia de género. “Considero que es importante crear la figura del ‘femicidio’ como delito, ya que como sociedad, debemos dar una señal contundente: no admitimos el homicidio de la mujer por razones de género”, escribió el jerarca.

“Para visualizar el problema es necesario tener una postura política que deje de ignorar la violencia que existe detrás de los asesinatos de mujeres”, añadió. “Desde nuestro rol de operadores del Estado tenemos la obligación de tomar o impulsar acciones para combatir este flagelo y llamar las cosas por su nombre es una de ellas”.

Para Carrera, es necesario “dar señales claras” de que “es inadmisible” la “desi­gualdad real” que persiste pese a los avances. “El ‘femicidio’ tiene características especiales, el bien jurídico tutelado no es solamente la vida, sino que, además, se protege la integridad física, es la culminación de un proceso estructural de violencia hacia la mujer, con una serie de actos de agresión física y psicológica que culmina con ese hecho atroz que es quitarle la vida”, concluyó.

La encargada de la División Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, explicó a Búsqueda que esa Secretaría de Estado trabaja el tema en el Consejo Nacional de Género, a donde asisten delegados de los ministerios, entes de la enseñanza y organizaciones sociales.

De acuerdo con Zabaleta, crear la figura del “femicidio” no necesariamente implica fijar penas mayores a quienes cometen ese delito. “Eso es algo que hay que discutir”, añadió. Pero para el Ministerio ya sería un paso adelante que existiera ese delito para darle otra visibilidad al problema y mejorar su control estadístico.

Retiro.

Las propuestas planteadas por Carrera en el editorial, que son impulsadas por el Ministerio dentro del Poder Ejecutivo, no se limitan al “femicidio”. El jerarca opinó que la ley de violencia doméstica debe cambiar para que sea un “instrumento efectivo en el cumplimiento de las medidas cautelares”.

Desde hace meses el Ministerio del Interior quiere ampliar a nivel nacional el uso de tobilleras para controlar a las personas acusadas de violencia doméstica.

Según datos del Ministerio recabados hasta el 3 de junio, desde la instauración de las tobilleras electrónicas, la Justicia dispuso su utilización en 371 casos (742 personas monitoreadas electrónicamente), de los cuales “ninguno registra otro resultado que alguna transgresión a las restricciones que fueron rápidamente atendidas por los equipos de respuesta, sin víctimas fatales hasta el presente”.

Las tobilleras para los acusados del delito de violencia doméstica se aplican después de una resolución de la Justicia e incluyen un sistema de GPS para controlar a su portador, un botón de pánico en poder de la víctima y un equipo policial de respuesta rápida ante una violación de la orden de no acercamiento del victimario a su víctima.

Pero para ampliar su uso al resto del país, el Ministerio entiende que debe haber cambios en la legislación. Es que el sistema prevé dos instancias de alerta: la primera es cuando el que posee la tobillera se acerca a menos de 800 metros de su víctima y la otra, que dispara la respuesta, salta cuando llega a menos de 200 metros. Eso provoca que el sistema sea inviable en localidades muy pequeñas del interior.

Cuando hay un caso de violencia doméstica que requiere uso de tobillera, “el magistrado debe tener la potestad de ordenar el retiro de esa persona de esa localidad; de lo contrario, no hay forma de dar garantías y cumplir con la medida cautelar de no acercamiento”, opinó Carrera.

Mayor firmeza.

El director de Secretaría del Ministerio, tercer cargo político de la cartera, afirmó también que es necesario cambiar aspectos legales del combate a la explotación sexual. “Es inadmisible seguir sosteniendo que una niña de doce años puede consentir tener relaciones con un hombre mayor de edad”, dijo. “Hemos visto casos lamentables y ante esas situaciones debemos caer con todo el poder punitivo del Estado y castigar con mayor severidad. Es necesario aumentar la edad de presunción absoluta de violencia en el abuso sexual; la diferencia de edad es un elemento claro de la asimetría de poder de los adultos respecto a niñas, niños o adolescentes”.

Para Carrera, esos cambios normativos son indispensables. Y, por eso, concluyó: “No tengamos temor como sociedad de castigarlos con mayor firmeza y utilizar el Derecho Penal como instrumento, a los efectos de señalar cuáles son las conductas que consideramos que son repudiables para el conjunto de la comunidad y dejando claro que si se realizan serán castigadas con mayor severidad”.