El diputado colorado Gustavo Zubía no oculta su molestia con la forma en que el gobierno se desempeña en algunas áreas. A pesar de estar dentro de la coalición, Zubía es de los dirigentes que no tiene “la mano enyesada” y critica con soltura al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ya sea por no eliminar el Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS) o por no iniciar a tiempo las negociaciones para designar un nuevo fiscal de Corte.
Asegura que en el partido le piden que “baje la voz”, pero que él siempre se ha hecho sentir desde que era fiscal y sus discusiones con colegas y superiores se escuchaban en los pasillos. “Vine acá al Parlamento por todos los problemas que tuve con el sistema judicial y en este momento recibo más de lo mismo: programas, estrategias, futuro, una conceptualización vacua y no relación con la realidad”, dice.
En su oficina del Palacio Legislativo se encuentra acompañado por su asesor, el comisario retirado Enrique Navas, quien fue director de Cárceles de 1985 a 1990 y de 2002 a 2006 y con quien comparte muchas posiciones, pero no todas porque no son “monolíticos” en la manera de pensar. Navas, por ejemplo, dirá que el Ministerio del Interior se ha inclinado “al pensamiento políticamente correcto que proviene de las ideologías marxistas”, en donde el delincuente es considerado “una víctima de la sociedad capitalista”.
Para Zubía, este trato promueve que el delincuente se sienta actualmente en el “país ideal” para cometer ilícitos, con fallas en los sistemas judicial y penitenciario, sobre todo, que no fueron solventadas en la Ley de Urgente Consideración (LUC). Lo que sigue es un resumen de la conversación que el diputado mantuvo con Búsqueda.
—Con algunos peros que puedo tener, se ha manejado bien. Le tocó bailar con la más fea. Lo único que concretamente no me gustó fueron algunos audios que salieron grabados, en donde manifestaba que no se iba a inmolar en la situación actual. No me pareció de estilo, porque nosotros los fiscales tenemos que estar dispuestos a inmolarnos. Después, en el tema Leal, me pareció pertinente que lo citara.
—¿Por qué?
—Algunas anécdotas judiciales que me pasaron pueden contextualizar esa decisión. Por ejemplo, la mamá del homicida que va a ver a un testigo toca el timbre y le dice: “Buenas tardes, soy fulana de tal, me vengo a presentar porque sé que usted declara contra mi hijo. Simplemente le quiero desear buena jornada. Chau”. A la testigo la deja temblando. ¿Cometió un ilícito? No, pero es la visita de un eventualmente indagable a la familia de un procesado vinculado al caso. Como en el caso de Leal. ¿Y por qué digo eventualmente indagable? Porque Leal estuvo todos estos años en el Ministerio del Interior, que está imputado de 2013 en adelante de haber cobijado todo el tema de los pasaportes.
—¿Qué balance hace del traslado de Fossati?
—Que la responsabilidad primordial es del presidente de la República porque a un año y medio de su mandato el cargo del titular en la Fiscalía de Corte quedó vacante. Y no se puede comparar lo que es el titular en la Fiscalía de Corte con un fiscal interino. Son dos realidades completamente diferentes. Juan Gómez ha estado en una situación que no la ha sabido conducir. No solo por el caso Fossati sino por otros, como el del fiscal de delitos sexuales, Raúl Iglesias, a quien lo sancionó respondiendo a demandas de lobbies feministas.
—¿Para usted los problemas internos de Fiscalía responden en última instancia al presidente?
—Claro. El presidente tiene una gran responsabilidad por no haber designado el fiscal de Corte. Lo vengo diciendo desde el día en que se fue Jorge Díaz. Díaz dejó la Fiscalía partida al medio: los pro-Díaz y los anti-Díaz, con elementos ideológicos y caracteriológicos de la figura de Díaz y su manera de ejercer el poder. Pero el presidente con la Fiscalía no ha querido tener líos, no tomó las medias pertinentes en su momento y ahora le explotó todo. El presidente está queriendo tener poco lío, poco enfrentamiento.
—¿A qué otras situaciones se refiere?
—A la seguridad pública, por ejemplo. El Estado tiene que poner pies firmes pero no quiere tener líos con el sistema político. Nadie quiere tener líos.
—¿Está disconforme con la seguridad pública?
—Tenemos un problema severo, los homicidios siguen creciendo. Falta muchísimo, hubo un buen viraje al principio con Jorge Larrañaga y luego se han ido quedando las medidas. Había una concepción sobre seguridad en la Ley de Urgente Consideración y ahora lamentablemente estamos viendo que hay una variación muy grande. Hay ahora una especie de consustanciación con el Frente Amplio, con los conceptos que el Frente Amplio tradicionalmente ha manejado en seguridad.
—¿Se refiere al documento de 15 medidas presentado por el Ministerio del Interior tras consultar a los partidos políticos?
—Cualquier gobierno de izquierda estaría totalmente de acuerdo con estas medidas. ¿Qué puedo decir? Que estamos doblando para la izquierda pero no avisaron. A mí no me avisaron.
—¿En qué aspectos hay una similitud con la izquierda?
—En que el documento es de un nivel académico, tecnológico y tecnocrático desmedido. Todo es creaciones de comisiones con participación política, con estrategia, con realización de consultorías, con revisión de informes técnicos. Estamos como si fuera realmente una operación científica. Y de científico puede tener algo, no te niego, pero la realidad está mucho más bajada a tierra.
—¿Lo observa como un cambio en la línea de “mano dura” que tenía el Ministerio del Interior?
—No lo sé. Cuando no existen posibles soluciones inmediatas, se apela a un recurso que es muy reiterado en la historia humana, que es el recurso de futuro. Esto es todo futuro, diagnósticos.
—¿Qué medidas tomaría en el presente?
—En las cárceles, por ejemplo, la principal labor es la de control. Si no controlas una cárcel, mal podés hablar de rehabilitación, aunque haya cuatro tipos plantando tomates. El que planta tomates, ¿rehabilitación? Termina de regar los tomates, toma el celular, porque no hay inhibición de celulares en las cárceles, y le ordena a uno: “Matame a fulano de tal, que está ubicado en tal lugar”. ¡El tomate no es sinónimo de rehabilitación! Y si no hay control no hay rehabilitación, eso es lo que parecería que es tan difícil entender. Primero control y después rehabilitación. No puede concebirse que estas nuevas estrategias no prioricen el aspecto de seguridad y sigan priorizando aspectos teóricos.
—¿Está más en línea con la estrategia empleada por Nayib Bukele en El Salvador?
—Bukele probablemente viola los derechos humanos. Esos acarreos de presos que se muestran en ese formato no me agradan porque presumiblemente debe haber violación a los derechos humanos. Pero tenemos a Bukele en esta punta y nosotros nos ubicamos en la punta opuesta. ¿No se puede lograr un término medio? ¿No se puede lograr inhibir celulares? ¿No se puede hacer una diferenciación de los presos? Porque los presos están todos mezclados.
—Sin embargo, el gobierno creó una cárcel de máxima seguridad para aislar a los presos más problemáticos.
—Pero tendría que ser muchísimo más grande. Tú caes mañana en una cárcel y vas a desear que los presos estén separados porque a la media hora que llegaste te empiezan a mirar con cariño, te conducen hacia el consumo de drogas y a ciertas opciones que quizás no sean de tu gusto. Lo que necesitás es la protección del sistema. Critican esto como “mano dura”, ¡pero es protección básica! Hoy por hoy, si vas a una cárcel, no tenés garantía. Encima las cárceles son usinas del delito para el interior y para el exterior, porque los delitos que se suscitan en el exterior son producidos desde el interior de la cárcel.
—Habló de posibles soluciones al sistema carcelario, ¿pero qué medidas tomaría para mejorar la seguridad pública?
—Hay que hacer constricciones a la locomoción de los ciudadanos. En Montevideo circulan armas de todo tipo y calibre en cualquier momento del día y de la noche y no hay procedimientos de revisión. Entiendo que son procedimientos complejos porque implican la disminución de determinadas garantías, pero hay que hacer mayores procedimientos de control. Además, estimo que las Fuerzas Armadas, así como se usan en frontera, podrían perfectamente usarse en puntos focales de Montevideo para la realización de procedimientos.
—¿Considera que con más controles a los ciudadanos se bajarán los homicidios?
—La persecución de los homicidios debe darse en forma real. A un sicario que vos le encargás que te mate a tu vecino porque tu vecino te molesta le pagás, y por tanto es un homicidio especialmente agravado que tiene una pena de hasta 30 años. ¿Qué sucede con el nuevo sistema? El homicidio simple tiene una pena de hasta 12 años. Entonces podés transformar un homicidio especialmente agravado en uno simple por la mecánica que tiene el Código del Proceso Penal en el proceso abreviado. El fiscal puede negociar el delito, la pena y el cumplimiento de la pena. El sicario entonces llega a Fiscalía y empieza el regateo, y el fiscal transforma todo en un homicidio simple porque si no tiene que ir al proceso oral, que le lleva hasta 10 meses. Por eso el delito, que había dejado en parte de ser negocio con las primeras aplicaciones de la LUC, volvió a ser hoy un negocio. Vos podés negociar el delito, la pena con el fiscal, lo cual incita a que se delinca cada vez más. Y todavía tenés una Fiscalía que se te cae a pedazos. Hoy sos delincuente y decís: “Este es el país ideal para cometer delitos”.
- Recuadro de la entrevista
Zubía: “Antes de votarme, piénselo bien”