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Para Eduardo Bonomi los primeros resultados exitosos de la videovigilancia mediante cámaras en la vía pública demostraron que ese era “el camino” a seguir por su ministerio para combatir la delincuencia. Así se lo manifestó al resto de las autoridades de la cartera y con palabras similares luego lo aseguró repetidamente en público, al mencionar las cámaras y el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) como las dos herramientas clave en su política de seguridad.
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Bajo esa estrategia en este período de gobierno Bonomi pretendía instalar más de 6.500 cámaras de videovigilancia, pero diferentes donaciones que recibió el ministerio permitirán que sean finalmente más de 7.500. Abarcarán todos los departamentos salvo Soriano y Flores. Este último es el departamento con mayor seguridad del país según las estadísticas del Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad: entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2018 Flores no tuvo homicidios y registró el número más bajo de denuncias de rapiñas (siete) y de hurtos (396).
Soriano, uno de los departamentos que aún no tienen circuitos, está a la espera de que le sea aprobado un proyecto para colocar la tecnología en Dolores y Mercedes. Flores también aguarda por la instalación de cerca de 30 cámaras en Trinidad.
De acuerdo con los datos proporcionados a Búsqueda por el Ministerio del Interior, actualmente en el país hay un total de 5.430 cámaras de videovigilancia. Montevideo (3.043), Maldonado (1.207) y Canelones (543) son los departamentos con más artefactos. En las próximas semanas se inaugurarán 32 cámaras en Colonia Valdense, las primeras en el departamento de Colonia, que fueron donadas al Ministerio del Interior por el Rotary Club de la ciudad. Para más adelante se prevé que Bonomi viaje al norte y este del país a presentar nuevos circuitos de videovigilancia en Artigas, Rivera, Rocha y Cerro Largo, que aún no tenían este tipo de tecnología.
Se trata de 2.100 cámaras de la marca Huawei donadas por China, que forman parte de un paquete de otros equipos de seguridad por un valor total de US$ 5 millones. “La posibilidad de acceder a estas cámaras era importante porque teníamos problemas en la frontera, particularmente en la frontera con Brasil estaba sumamente complicado”, señaló Bonomi el 28 de febrero al presentar los equipos. En un principio la donación iba a ser de 1.000 cámaras pero China la amplió, lo que le permitirá al ministerio expandir el sistema más allá de la frontera seca.
Punto de comparación
Bajo el nombre Ciudad Segura, el proyecto de cámaras de videovigilancia comenzó en 2013 en la Ciudad Vieja de Montevideo a partir de experiencias observadas por la Policía uruguaya en los barrios Puerto Madero y Tigre, de Buenos Aires. Para ese entonces ya estaban en curso circuitos similares en otros puntos del país y a fines de 2017 el gobierno instalaba casi 15 cámaras al día.
Además de las que adquirió el Ministerio del Interior (en 2017 realizó una inversión de US$ 19,5 millones por 3.000 cámaras), otras fueron obtenidas gracias a donaciones privadas y acuerdos con las intendencias; todas las opera y mantiene el ministerio con el soporte de Antel y UTE, y la calidad de los equipos mejoró en los últimos años a partir de estándares más rigurosos que el ministerio comenzó a fijar. “La definición de estas cámaras no tiene punto de comparación con las que había cuando llegamos al ministerio”, señaló Bonomi sobre las últimas cámaras donadas por China.
La reducción de los delitos que existe en la mayoría de las zonas donde hay sistemas de videovigilancia generó pedidos de cámaras por parte de grupos de vecinos, que en algunos casos incluso ofrecieron pagar personalmente el costo de los equipos, dijeron fuentes oficiales.
Bajo el nombre Ciudad Segura, el proyecto de cámaras de videovigilancia comenzó en 2013 en la Ciudad Vieja de Montevideo a partir de experiencias observadas por la Policía uruguaya en los barrios Puerto Madero y Tigre, de Buenos Aires.
Los habitantes de barrios sin sistema de videovigilancia se han quejado por un supuesto corrimiento de los delitos hacia esos lugares, tesis que el gobierno ha rechazado. Antes de la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal las cámaras lograron disminuir un 70% las rapiñas y los hurtos en la Ciudad Vieja y, según un informe del Ministerio del Interior, el crecimiento de estas acciones en zonas aledañas sin videovigilancia presentó “algunas características que hacen dudar de que respondan a un fenómeno de desplazamiento de delitos”.
Soriano, uno de los departamentos que aún no tienen circuitos, está a la espera de que le sea aprobado un proyecto para colocar la tecnología en Dolores y Mercedes. Flores también aguarda por la instalación de cerca de 30 cámaras en Trinidad.
Con el avance de la cámaras de videovigilancia como una de las herramientas clave contra la delincuencia, el ministerio piensa dar otro paso y adquirir tecnologías más sofisticadas. El Observador informó el miércoles 20 que la cartera prevé comprar un software de reconocimiento facial para saber el nombre y el número de cédula de identidad de aquellas personas que quedan registradas en imágenes de videovigilancia. Además, el gobierno negocia con el Ministerio de Seguridad de China para acceder a un programa utilizado en ese país que permite transformar una muestra de ADN en una imagen aproximada de la persona que posee ese ADN.
