Un organismo del Estado que actuó fuera de la ley, con métodos brutales y en secreto. Una agencia de inteligencia que operó de manera tan discreta que después de medio siglo no aparecen registros públicos acerca de su creación ni de su cierre.
Una investigación académica que se presenta hoy jueves en Barcelona (España) aporta nuevos datos: en junio de 1971, meses antes del decreto que oficializó la entrada de las Fuerzas Armadas en la represión, ya estaba en operaciones el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
A diferencia de otras agencias de la época, como el Servicio de Información de Defensa (SID), la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), la Compañía de Contrainformaciones del Ejército o Fusileros Navales (Fusna), el OCOA, que existió a nivel nacional y sobre todo en la División de Ejército I (Montevideo y Canelones), dejó pocos registros y operó en la clandestinidad bajo el nombre de Fuerzas Conjuntas.
Al estudiar el legajo personal militar de quien fuera jefe del OCOA de la División I, el coronel Julio César González Arrondo, Larrobla encontró una anotación del superior de este oficial donde consta que el 24 de junio de 1971 “el señor ministro de Defensa Nacional (Federico García Capurro) y el comandante en jefe del Ejército (teniente general Alcides Tamiel) visitan la sede de esta Región (vieja denominación de la división), particularmente, el OCOA”.
Para la investigadora, el documento demuestra que antes de la fuga de más de un centenar de tupamaros de la cárcel de Punta Carretas, que llevó al decreto 566/971, del 9 de setiembre, donde se entrega el mando de la lucha antisubversiva a las Fuerzas Armadas, estas ya estaban operando.
Larrobla sostiene que no cabe duda del “carácter clandestino del OCOA, atendiendo los distintos niveles de secreto, compartimentación y reserva en los que transcurrió su accionar”. Afirma que “fue una estructura creada en secreto, sin que haya podido encontrarse hasta el momento ninguna orden reservada, decreto o similar que dé cuenta de su creación”.
Advierte que “si bien encontramos otras agencias que operaron compartimentadamente y realizaron acciones encubiertas y clandestinas, el carácter de estas era legal, su existencia era conocida y se encuentra documentada, tanto su origen como sus reglamentos”.
En la ponencia presentada en el seminario que se realiza en la capital catalana, la excoordinadora del equipo de investigación histórica sobre el pasado reciente en la órbita de Presidencia afirma que “el registro de la existencia del OCOA y de su modalidad operativa surge, entonces, de documentación de circulación secreta y reservada en el interior de las Fuerzas Armadas y de los testimonios de las víctimas que comenzaron a mencionar a este organismo”. Añade que “los avances realizados en la ampliación del conocimiento sobre esta agencia son producto de una investigación que implica la revisión de miles de documentos y testimonios, donde las piezas van ensamblándose como si fuera un gran puzle interminable”.
Espiral autoritaria y “novedad”
La investigación ubica al OCOA en un “proceso de avance autoritario y de pasaje de un estado garante de derechos a un estado policial” en el que se puede visualizar “un recorrido en espiral, donde podemos reconocer momentos de aceleración y momentos de mayor gradualismo en el camino hacia la consolidación autoritaria”.
La investigadora recuerda que en 1971 se llevaron a cabo las últimas elecciones nacionales en Uruguay hasta 1984 y estos hechos estuvieron “vinculados a la consolidación de una estructura represiva que pareció pasar desapercibida para el resto del sistema político, que se encontraba disputando otras contiendas”.
En ese contexto, el 22 de mayo de ese año la DNII policial pasó a tener competencia nacional y presupuesto acorde y en junio fue modificado el reglamento del SID (inteligencia militar), “creándose un departamento de operaciones psicológicas, investigaciones y operaciones defensivas y ofensivas”.
Respecto al hallazgo del documento que informa acerca de la visita del ministro García Capurro, el 24 de junio, a la agencia del Ejército, Larrobla sostiene que es relevante porque “hasta hace muy poco tiempo el origen del OCOA se establecía en relación con la fecha de aprobación del decreto 566/971 (…), y aunque aún desconocemos exactamente la fecha de creación, esta novedad nos permite reflexionar acerca de la necesidad de abordar este tipo de investigaciones desde una perspectiva compleja, observando la trama que se va configurando con la participación de múltiples actores y con distintos niveles de secreto y compartimentación”.
Según esta académica, “el hecho de que el OCOA y la coordinación entre las distintas fuerzas represivas fuera anterior al decreto que establece justamente esa coordinación deja en evidencia la existencia de ámbitos reservados de discusión y toma de decisiones que no eran exclusivos de las Fuerzas Armadas, sino que en estos también participaban actores relevantes del sistema político, el Poder Ejecutivo en este caso”.
Operaciones Conejo y Morgan
La investigadora divide en tres etapas la historia del OCOA: 1971-1974; 1974-1977 y 1977-1985. La segunda etapa es descripta como de consolidación como agencia y la tercera, ya en la base Roberto, ubicada en La Tablada, es relacionada con la estrategia de salida de la dictadura.
Una de las operaciones destacadas fue la llamada Conejo, contra el MLN-Tupamaros, que comenzó en abril de 1975 en Buenos Aires, en cooperación con el SID y la DNII. La otra, Morgan, fue el mayor golpe contra el Partido Comunista, que comenzó en Montevideo en octubre del mismo año.
En el caso de la operación en Buenos Aires, menos conocida que la de Montevideo, la ponencia explica que “ambas agencias elaboran un informe detallado que es entregado al OCOA para que esta se encargue de la parte operativa a través de sus unidades de apoyo”. Según Larrobla, “la agencia designa como unidad de apoyo al Grupo de Artillería Nº 1 y el sábado 24 de mayo se define el diseño operativo y las acciones a realizar a partir del día 25, efectuando operativos simultáneos de captura en los distintos locales que habían sido detectados”. También explica que “las operaciones se ejecutaron en dos días y tuvieron como resultado la detención de 24 militantes tupamaros, tres de ellos asesinados durante los procedimientos de detención, y el desmantelamiento de 16 locales clandestinos”.
También se aporta un panorama general acerca de la agencia: “Hasta el momento y según lo relevado, podemos afirmar que el OCOA fue integrado por aproximadamente 40 oficiales, en su gran mayoría del Ejército (se ha detectado la integración de al menos tres oficiales de la Fuerza Aérea) y aproximadamente 10 policías. El elenco de oficiales y policías es estable, verificándose pocas variaciones a lo largo de los años, lo que resulta consistente con la compartimentación y nivel de secreto en que funcionaba este organismo, requiriendo altos niveles de confianza y lealtad. Por otro lado, sabemos también que era integrado por suboficiales y personal de tropa, los que revestían las mismas características de elementos estables”.
La línea de mando llegaba al jefe de la división del Ejército. En Montevideo y Canelones, en su primera etapa, el cargo era ocupado por el general Esteban Cristi. El jefe del servicio era un oficial de la jerarquía de coronel y el jefe de las divisiones (inteligencia y operaciones) correspondía a un teniente coronel.
Larrobla destaca que la actuación del OCOA en el caso de la operación Morgan, que tuvo su centro en el galpón N° 4 del Servicio de Material y Armamento, se caracterizó por “la brutalidad de la represión, con la aplicación sistemática y masiva de torturas físicas, sexuales y psicológicas que alcanzaron un nivel hasta entonces desconocido”. También por “la masividad de los secuestros, que requirió la movilización de un elevado número de agentes y unidades militares y que evidenció la experticia lograda por el OCOA para poder coordinar y conducir un operativo de esta magnitud durante aproximadamente cuatro meses”.
¿Irrepetible?
“Una de las cuestiones más relevantes que surgen en este recorrido es la confirmación, una vez más, de la continuidad de los procesos entre democracia y dictadura, dejando en evidencia que los golpes de Estado no fundaron excepcionalidades, sino que constituyeron un punto de inflexión más en el marco de un recorrido de avances autoritarios de larga data”, analiza Larrobla. Y concluye que “si bien no resulta una novedad, cuando cruzamos la frontera de lo académico nos encontramos con grandes dificultades para que este conocimiento sea incorporado en el campo de la política, e incluso a nivel general de la población, donde continúa circulando en el imaginario colectivo la dictadura como un evento excepcional e irrepetible”.
