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La Prelatura del Opus Dei reconoció el “sufrimiento” que “se ha causado” desde la institución a un joven que 30 años atrás sufrió abuso sexual y que, pese a alertar a un sacerdote sobre su situación, no recibió apoyo. La organización manifestó que actuaría “de otro modo” si la situación se diera hoy.
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A través de un comunicado de prensa, la organización católica se hizo eco de un artículo publicado en la última edición de Búsqueda donde se revela el abuso que sufrió un adolescente, la omisión de su confesor y el calvario que le supuso denunciar el caso en diciembre del 2018.
“Lamentamos profundamente el sufrimiento que se ha causado, pedimos a Dios que brinde consuelo a las personas afectadas, y confirmamos nuestra disposición de contribuir en lo que podamos a la sanación del afectado. Especialmente, pedimos perdón por la incapacidad que tuvimos en su momento para comprender la gravedad de los hechos y poder ayudarlo en un camino de sanación, así como para tomar las medidas correspondientes”, dice el Opus Dei en su comunicado.
Después de recibir la denuncia, el Opus Dei inició una investigación interna. Juan Pablo Bueno Montoya, miembro numerario de 81 años, fue declarado responsable de haber cometido abuso sexual contra un joven menor de edad en 1984 y 1989 en un centro de la Prelatura en Montevideo.
El presbítero Enrique Doval también fue sancionado tras admitir que cuando conoció el suceso de acoso que tuvo lugar en el año 1989, aunque solicitó que Bueno fuera amonestado y posteriormente, siendo Vicario de la Prelatura en Uruguay, indicó que no regresara a Uruguay establemente, no acompañó al denunciante con la debida caridad pastoral.
El hecho de que ambos admitieran la culpa, sin embargo, no fue suficiente para castigarlos. La acción penal contra Bueno había prescrito y como era numerario y no sacerdote, tampoco le cabía sanción de la Iglesia. En el caso de Doval, sus acciones fueron “carentes de relevancia penal” y su acción criminal por negligencia “habría prescripto”, según el decreto firmado por la principal autoridad del Opus Dei, Fernando Ocáriz.
Aun así, el Opus Dei consideró que en ambos casos era necesaria una respuesta institucional. A Bueno se le prohibió “participar en cualquier actividad formativa de la Prelatura en la que tomen parte menores de 30 años”; lo cesó “de todos los cargos de dirección y de las tareas de formación”; lo obligó a residir “en casas donde no pueda tener trato con personas jóvenes” y le aconsejó “llevar una vida de oración y penitencia, implorando a Dios la misericordia”.
Al padre Doval, que en la primera década del 2000 llegó a ser la principal autoridad de la organización en Uruguay, su conducta le valió solo una amonestación por “omisión de la caridad pastoral debida”. Los dos debían pedirle perdón “formal y sinceramente” a la víctima cuando ella lo considerara oportuno.
“A la luz de la experiencia aprendida en la Iglesia en los últimos años y las orientaciones promovidas por el Papa Francisco, hoy actuaríamos de otro modo”, asegura el comunicado emitido este jueves.
