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    El Parlamento busca eliminar la prohibición de tener mascotas en edificios, medida que hoy existe en varias copropiedades

    Luego de una larga búsqueda, Pedro había encontrado el apartamento ideal. Pero había un problema: el reglamento interno del complejo habitacional Parque Posadas no permitía tener perros. Finalmente, y tras una discusión de los propietarios, logró que lo autorizaran a mudarse con su mascota, pero debió comenzar a abonar una sanción económica mensual junto con los gastos comunes.

    Esta es solo una de las tantas copropiedades que no permiten la presencia de animales de compañía en Uruguay, según lo establecido en sus contratos de arrendamiento y resoluciones de asamblea. Sin embargo, para muchos expertos se trata de normas que van en detrimento de la Ley de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales, N° 18.741, que establece ciertos derechos y obligaciones relativos a la tenencia responsable de los que “se derivaría” que para cumplirlas se debe cohabitar con la mascota. De todas formas, como la ley vigente no menciona expresamente que ese derecho no puede ser limitado, en ocasiones queda sujeto a interpretaciones.

    Con el objetivo de zanjar la discusión, el diputado colorado Juan Moreno presentó a fines de 2021 un proyecto de ley para evitar que se impida la tenencia de animales de compañía a través de cláusulas en los contratos de arrendamientos, reglamentos de copropiedad y reglamentos internos de edificios y viviendas. Se trata de un artículo que se agregaría a la ley actual y que declararía como “nulas” todas las decisiones que establezcan directa o indirectamente esa prohibición, siempre y cuando las mascotas sean inscriptas en el Registro Nacional de Animal de Compañía.

    La Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal de la Cámara de Representantes prevé votar este proyecto —que cuenta con el apoyo de todos los partidos— en noviembre, para luego pasarlo al Plenario, informó Moreno a Búsqueda. Es por eso que días atrás concurrieron al Parlamento diferentes delegaciones para opinar sobre la iniciativa.

    El presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria, Rodolfo Azaretto, explicó que si bien “comparten la intención” a la que hace referencia el proyecto, mantienen “visiones diferentes en cuanto al instrumento”. Según consta en la versión taquigráfica a la que accedió Búsqueda, el veterinario afirmó que uno de los mayores problemas que observa en la práctica es que muchos tenedores de mascotas “no respetan su necesario espacio vital”.

    “Vemos que hay un rottweiler en un apartamento de 50 metros cuadrados. Hay razas que pueden convivir con los humanos en espacios relativamente reducidos, pero hay otras que, por su tamaño o sus características, necesitan otro tipo de comodidad. Esas situaciones hoy existen y es lo que en primer lugar es necesario apuntar a corregir”, indicó Azaretto.

    El veterinario señaló que el proyecto de ley “aplicado a rajatabla” tal como está redactado “daría lugar a situaciones de convivencia entre vecinos que no van a ser fáciles de resolver”, ya que “le va a quitar a la comunidad que vive en un edificio o en una propiedad horizontal la posibilidad de establecer normas de convivencia claras y de respeto”.

    Desde el Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal, en tanto, solicitaron durante la misma comparecencia que en caso de aprobarse la iniciativa “se tomaran ciertos recaudos” que les permitieran adoptar acciones cuando se generaran perjuicios para otros vecinos, como problemas de olores o ruidos molestos. En esa línea, la presidenta del grupo, Cecilia del Castillo, pidió que se les permitiera a los administradores establecer multas a través de la asamblea de copropietarios a aquellos vecinos que no cumplan con las disposiciones. En tanto, Natalia Franchi, del Instituto Uruguayo de Propiedad Horizontal, se refirió a la dificultad para cobrar las multas que se aplican por las violaciones a los reglamentos de convivencia o de copropiedad, por lo que planteó que las sanciones económicas sean incorporadas a los gastos comunes.

    “El proyecto supera una indefinición que existe al día de hoy, en la medida en que hay reglamentos que permiten las mascotas; otros que las prohíben; otros que las permiten con cláusulas agregadas, lo que hace que el tema sea muy relativo”, opinó Del Castillo.

    Responsabilidad

    Consultada sobre el proyecto de ley, la representante de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados, Verónica Ortiz, dijo a Búsqueda que la iniciativa “vino a dar luz” sobre algo que en la práctica “ha dado lugar a un montón de conflictos entre copropietarios de propiedades horizontales”.

    Según explicó, desde el momento en que la Ley N° 18.741 y su decreto reglamentario designan la existencia de un “tenedor responsable”, otorgan ciertas obligaciones y, por tanto, el derecho a convivir con animales domésticos. Sin embargo, otros académicos han interpretado que la Ley de Propiedad Horizontal podría limitar ese derecho, agregó, “lo que llevó a que muchos animales hayan quedado abandonados”, causando un problema de convivencia para la sociedad penado por ley. Además, muchas copropiedades pusieron multas a las personas que convivían con animales domésticos, una situación que se vuelve económicamente insostenible, mencionó Ortiz.

    “Este proyecto es muy claro y viene a solucionar un grave problema de interpretación. Además, lo declara de orden público, por lo que no podrá ser modificable por acuerdo de partes”, celebró la abogada.

    Responsabilidad municipal

    El 4 de octubre la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, anunció la creación de la Unidad de Bienestar Animal y Tenencia Responsable. Según dijo a Búsqueda Daniel González, prosecretario de la comuna, la intención será que la dependencia “centralice” las diferentes iniciativas de la Intendencia de Montevideo en relación a esta temática, de manera de “ordenar” las gestiones. Además, esperan que permita “controlar más y mejor” la tenencia responsable de perros en la ciudad, ya que en abril, una vez pasado lo peor de la pandemia, la comuna retomó las tareas inspectivas en la vía pública.

    Sobre la cantidad de multas aplicadas, González explicó que al no tener un sistema digitalizado no cuentan con cifras oficiales pero reconoció que la imposición de sanciones “es muy complicada”.

    “Lo que más recibimos son denuncias por caballos sueltos” o en mal estado, mencionó.