Luego de que el miembro interpelante, Carlos Moreira, pidiera la renuncia de los ministros de Transporte y Economía y del presidente del Banco República (BROU), la sesión del Parlamento del lunes 29 se encaminaba al final anunciado: los senadores frenteamplistas respaldarían a sus jerarcas dejando sin asunto la moción de censura. Sin embargo, sobre la medianoche un planteo presentado por los legisladores oficialistas sacudió el debate y lo estiró tres horas más.
“El Senado declara su aspiración a que el Poder Ejecutivo considere la posibilidad de que el Estado uruguayo, a través del procedimiento institucional que estime pertinente, acceda al boleto de compra de los aviones que pertenecieron a Pluna SA, de modo de superar las restricciones que —en materia de plazos vigentes— puedan dificultar el tránsito hacia la mejor evolución posible de este proceso”, afirmaba el segundo punto de la moción.
“Me siento avergonzado”, “da pena”, “es una falta de respeto al cuerpo”; se fueron sumando las voces de los senadores blancos y colorados molestos porque ese punto no había estado sobre la mesa en la discusión hasta ese momento. Algunos apuntaron al vicepresidente, Danilo Astori, que presidía la sesión, por tener la moción en su mesa desde las 21 horas y recién entregarla cerca de la medianoche.
Pero el más golpeado fue sin duda el presidente del BROU, Fernando Calloia, que ya se había ido del Palacio Legislativo tras hacer sus consideraciones finales. Es que la interpretación en los senadores opositores fue una sola: el gobierno buscaba “salvar” al empresario Juan Carlos López Mena —quien, aseguran, está detrás de la española Cosmo— de pagar los U$S 13,6 de la garantía por el mantenimiento de la oferta, y a Calloia de su “maniobra apresurada” o “irregular”, como la calificaron otros.
Jorge Larrañaga confirmó a Búsqueda la decisión adoptada. La demanda penal que presentaron los senadores resume un conjunto de hechos “con apariencia delictiva” desde la asociación con Leadgate.
Esta vez presentarán una “denuncia concreta” contra Calloia y el “equipo económico” del gobierno amparándose en el artículo 3 de la ley 17.060, que refiere al uso indebido del poder público, adelantó el legislador nacionalista.
“Se entiende por corrupción el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al Estado”, establece el artículo.
Larrañaga explicó que decidieron incluir al “equipo económico”, porque durante la interpelación, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, “aceptó que llamó a Calloia” horas antes de la subasta.
“Las características del aval son una vergüenza”, enfatizó.
“Muy comprometida”.
El lunes 1º de octubre un hombre bajito, de pelo engominado y con acento español ofertó U$S 137 millones y se quedó en la subasta con el boleto de reserva por los siete aviones Bombardier CRJ que volaba Pluna. Para poder participar de la subasta, los oferentes debían presentar una “garantía de mantenimiento de su oferta, por la suma de U$S 13.688.516, a través de un aval bancario emitido por un banco de plaza o una póliza de seguro de fianza del Banco de Seguros del Estado”, según lo establecía el pliego de la subasta.
El comprador, que se identificó como Antonio Sánchez y terminó siendo el único participante, llegó esa tarde a la Rural del Prado con el aval del Banco República que otros interesados en participar no habían podido conseguir, según informó Búsqueda el jueves siguiente (Nº 1.682).
Una semana después, el jueves 11 de octubre, “El País” informó que Cosmo consiguió el aval del banco estatal a través de la compañía argentina Boston Seguros. Según informaba la nota, esa entidad tenía entre sus clientes a Buquebus y Los Cipreses, ambas empresas de López Mena. El mismo día “Subrayado” publicó en su página web que BQB Seguros —empresa de López Mena en Argentina— comercializaba pólizas “emitidas por Boston Seguros”.
Con ese contexto de fondo, el aval otorgado a Cosmo fue el principal objetivo de la oposición durante la interpelación y por eso fue Calloia el más castigado de los jerarcas interpelados. El presidente del Banco República se escudó en el “secreto bancario” para mantener en reserva algunas respuestas.
Larrañaga acusó a Calloia de asistir al Parlamento “a lanzar una cortina de humo” y aseguró que “no lo protege el secreto bancario”. Respecto al aval, el senador informó que el Banco República “calificó en un grado 4” al aval otorgado a Cosmo y dijo que eso “se va a trasuntar en pérdidas del 50%” del monto.
Fuentes parlamentarias del Partido Nacional que manejan información del Banco República confirmaron a Búsqueda que los servicios técnicos de esa entidad transmitieron al Banco Central la calificación otorgada.
La normativa uruguaya prevé que los bancos asignen categorías de riesgo de los créditos en función de criterios subjetivos (por ejemplo que el cliente haya tenido uno o más ejercicios con pérdidas) y objetivos (calificación con otros bancos, sobregiros, etcétera) que van de 1 —indica una “capacidad de pago fuerte”— a 5 —“incobrables”—. En función de ello el Banco Central le exige a la institución prestamista que disponga de una porción de capital a modo de respaldo por si el cliente incumple el pago, lo que técnicamente se conoce como previsión.
La categoría 4 indica una “capacidad de pago muy comprometida” y se exige al banco prestamista una previsión equivalente a 50% del crédito. Eso implica que el Banco República deberá incluir al cerrar el balance la mitad del monto de la garantía, es decir U$S 6,8 millones, como pérdidas.
En el Banco Central analizan la carpeta con la información del trámite y las fuentes señalaron que la información enviada “está incompleta”.
La calificación otorgada a la operación fue confirmada en la sesión parlamentaria por Calloia. “Las calificaciones que se hacen nos obligan a tomar una previsión. No son una pérdida”, aclaró ante los dichos de Larrañaga.
Defensa y autocrítica.
“Miren que el tema es contra mí. Yo me defiendo solo”, les dijo Lorenzo a los senadores frenteamplistas el viernes 26 durante la reunión de bancada. Fuentes parlamentarias indicaron a Búsqueda que “hay malestar” en la bancada oficialista porque en todo el proceso no tuvieron información de primera mano.
Aunque Calloia fue el principal blanco de las embestidas de la oposición, también el ministro de Economía fue duramente criticado. Los senadores nacionalistas Larrañaga, Moreira y Luis Alberto Heber aseguraron que saben que Lorenzo había llamado a Calloia a las 11.50 del 1º de octubre (día de la subasta) “para que procediera a dar el aval”.
“Sí hubo llamadas con el presidente del Banco República y también con el del Banco de Seguros del Estado. En ninguna de esas conversaciones hubo otra cosa que la preocupación de alguien que está vendiendo, porque pueda participar alguien que estaba interesado en comprar. Justificado además porque desde el fideicomiso se nos decía que había empresas interesadas en el aval”, se defendió el ministro.
Por su parte, Calloia justificó en las particularidades del caso su decisión de aprobar personalmente el aval para que una semana después la decisión fuera ratificada en el Directorio. El jerarca sostuvo que “el país se jugaba demasiado” y “el banco no podía estar ajeno a la problemática de la conectividad”.
“Hay directores de otros partidos políticos que pueden hacer una declaración pública al respecto, pero si lo hacen tienen que hacerse responsables”, desafió, en respuesta a las acusaciones de irregularidades en el otorgamiento del aval.
Otros senadores oficialistas, al margen de apoyar a sus compañeros de partido, ensayaron alguna autocrítica.
Eduardo Lorier cuestionó la participación de López Mena en el proceso. “¿Qué señal les damos a los empresarios que van por derecha?”, cuestionó.
En sus consideraciones finales, los dos ministros quisieron despejar todas las sospechas lanzadas por los senadores opositores. Lorenzo aseguró que “en el accionar del Ministerio de Economía y de los órganos dependientes de él no hubo ningún apartamiento de la ley”.
Por su parte, el ministro de Transporte, Enrique Pintado, enfatizó: “Acá se dejaron sospechas de que habíamos actuado en beneficio de tal empresario. Es una ofensa que no voy a dejar pasar. El único capital que tenemos, y no estamos dispuestos a hipotecarlo, es nuestra honestidad”.
