El Poder Ejecutivo abandona el modelo de no intervención y propone leyes para regular distintos aspectos del deporte

Desde 2015 el gobierno tenía la intención de crear una ley integral que regulara el deporte a escala nacional. “Nuestro país nunca tuvo (una ley de deporte) y es una necesidad. Se presentaron varios proyectos en el Parlamento, pero nunca se pudo sancionar una ley nacional del deporte. El último proyecto presentado tenía una redacción de su articulado muy extensa”, señaló el secretario nacional de Deportes, Fernando Cáceres, en el Parlamento el 11 de setiembre.

El proyecto de ley de deporte que enviará la Secretaría Nacional al Parlamento, al que accedió Búsqueda, contiene 28 artículos que se encargan de agrupar distintas reglamentaciones ya existentes y establecer “los principios generales del deporte bajo el rol rector de secretaría”, según señala la exposición de motivos. De ese modo, el gobierno se encargará de regular a nivel general a todos los clubes, federaciones y confederaciones deportivas, fiscalizarlas y sancionarlas en caso de que no sigan con los lineamientos estipulados.

El artículo 11 prevé que las federaciones deportivas deberán ser integradas por deportistas, jueces, técnicos y árbitros, entre otros actores interesados y que deberán llamar a elecciones de autoridades cada cuatro años, teniendo que ser al año siguiente de la máxima competencia deportiva de cada federación, que puede ser el Mundial o los Juegos Olímpicos. Fuentes del Poder Ejecutivo negaron a Búsqueda que este artículo esté supeditado a lo que ocurra con el Estatuto de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la integración de su Consejo Ejecutivo, que se continúa discutiendo en la Comisión Normalizadora presidida por el senador colorado Pedro Bordaberry.

Derechos de imagen.

La disputa iniciada en 2017 por parte de los integrantes de la Selección uruguaya y los jugadores del fútbol local, mediante el Colectivo Más Unidos que Nunca, para cobrar los porcentajes correspondientes a los derechos de imagen se convirtió en un tema que estuvo varios meses en el tapete. En julio, mientras la discusión en la AUF continuaba, el Poder Ejecutivo envió un proyecto basado en la regulación española y brasileña para establecer por ley, y para todos los deportes, los porcentajes de derechos de imagen que cobrarán los deportistas, entrenadores y árbitros por la explotación comercial del espectáculo deportivo.

“Hemos visto que el reclamo por estos derechos legítimos venía tomando un nivel de notoriedad, de exposición pública y de fortaleza que ameritaba que la Secretaría prestara especial atención. (...) La reivindicación de estos derechos ha venido creciendo y entendimos que era conveniente que la secretaría presentara un proyecto, buscando un punto de equilibrio entre la identificación y el reconocimiento de derechos legítimos por parte de los protagonistas”, soslayó Cáceres en el Parlamento.

Pero ese proyecto no se enfoca únicamente en los derechos de imagen sino en la forma de negociar los contratos de explotación. El artículo 4 refiere a que los contratos deberán respetar los principios de “transparencia”, “objetividad” y “libre competencia” y que no podrán tener una mayor duración que cuatro años, algo que impediría una extensión del contrato entre la AUF y Tenfield por los derechos de televisión del fútbol uruguayo hasta 2032, como se pretendía.

Dopaje.

La preocupación por los constantes casos positivos en el ciclismo y el hecho de adecuar la normativa legal uruguaya al Código Mundial Antidopaje son los motivos por los que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley que tiene como objetivo combatir el dopaje en el deporte.

Si se aprueba esa iniciativa, la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay (ONAU) dejará de depender de la Fundación Deporte Uruguay y pasará a ser una persona pública no estatal con sus propias autoridades. Esto le significaría una partida de dinero por ley, además de los ingresos que genere.

Por otro lado, la ONAU dejará de financiar los controles antidopaje de las ligas profesionales y se enfocará únicamente en los deportes amateur. Desde el Poder Ejecutivo confirmaron que esa decisión se tomó porque el deporte profesional debe ser autosustentable y no depender del dinero de la Secretaría de Deportes.

Si bien el proyecto refiere a sanciones a los deportistas, desde el Poder Ejecutivo esperan que la discusión en el Parlamento añada nuevas tipificaciones de delitos vinculados al tráfico ilegal de sustancias y que penalice a quienes suministran las drogas, informaron a Búsqueda fuentes del gobierno.