El Poder Ejecutivo afina los “detalles” para reglamentar la “ley de medios” y “superar” inconstitucionalidades que señaló la Corte

Fuentes de ese organismo, que depende del Poder Ejecutivo, dijeron a Búsqueda que están dejando “todo preparado” para iniciar el proceso de “transición”. La idea es que, una vez creado, el Consejo pase a usar la infraestructura que ya tiene la Ursec, explicaron. Por un lado, su busca ahorrar dinero y, por otro, que pueda comenzar a cumplir sus funciones en el menor tiempo posible.

Otras exigencias incluidas en la “ley de medios”, como la cuota de programación nacional que deberá ser emitida obligatoriamente por los canales privados, esperan la reglamentación del Poder Ejecutivo para ser aplicadas.

Para que el nuevo organismo cobre vida, el Parlamento tendrá que iniciar los mecanismos previstos por la ley para crearlo. El proceso implica, en primer lugar, que la Asamblea General forme una comisión y haga un llamado público para que quienes deseen integrar el cuerpo presenten sus postulaciones. Luego, la comisión estudiará los currículum de los interesados y realizará una propuesta a la Asamblea General, que votará la integración de cuatro de sus cinco miembros. El quinto restante será nombrado por el Poder Ejecutivo y ocupará la Presidencia.

El diputado del Frente Líber Seregni, Carlos Varela, dijo a Búsqueda que este organismo es fundamental porque es una autoridad “independiente del poder político de turno”, que da “garantías a todas las partes” para aplicar las normas y las sanciones que corresponden y que están establecidas en la ley. Resulta “imprescindible” que la ley “esté en funcionamiento lo más pronto posible”, por lo que la bancada oficialista apurará la creación del Consejo, algo que, hasta el momento, ha sido postergado por el oficialismo.

Ese proceso es paralelo al que debe realizar el Poder Ejecutivo para reglamentar la ley, otro paso decisivo y necesario para que esta quede en funcionamiento. La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, dijo a Búsqueda días atrás que solo “faltan” los “detalles finales” para que esto suceda y que la reglamentación está prácticamente “terminada”.

El gobierno tiene el desafío de adaptar la ley a los fallos de la Suprema Corte de Justicia, que declaró inconstitucionales ocho de sus 202 artículos. “Estamos buscando una solución al panorama tal como quedó. Eso significa que vamos a hacer una reglamentación que respete la ley y también respete las declaraciones de inconstitucionalidad”, dijo la jerarca.

Este miércoles “El País” informó que el gobierno anunció a la bancada del Frente Amplio que enviará dos proyectos de ley al Parlamento para “corregir” algunos de los puntos que fueron declarados inconstitucionales. Fuentes del Frente Amplio comentaron a Búsqueda que las iniciativas buscan “superar” las inconstitucionalidades declaradas sobre los artículos 56 y 143. Eso significa que, en lugar de sustituirlos, presentarán una propuesta alternativa para que el espíritu inicial de esos artículos se mantenga. El tema fue tratado el lunes 3 en el Consejo de Ministros.

Monopolio y elecciones.

El artículo 56 de la “ley de medios” establece que quienes presten servicios de comunicación audiovisual “no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos”. En este caso, el texto fue impugnado por Montecable, Nuevo Siglo y DirecTV. La Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad para las empresas de cable, pero no para la empresa de televisión satelital.

Desde el Poder Ejecutivo entienden que, pese al fallo, el Estado uruguayo sigue teniendo el monopolio en los servicios de Internet en los hogares. “No se afecta el monopolio de Antel porque esta ley, como se ha dicho, no es la única ley de telecomunicaciones', dijo Cosse en agosto del 2016 al diario “El País”.

La abogada del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), Adriana Bauzá, opina de forma similar. Según su punto de vista, el monopolio de Antel no está definido por el artículo 56 de esa ley sino por normativas anteriores, como la Ley Nº 14.235 que creó al organismo (1974), que establece que el ente “tendrá el monopolio de los servicios cuya prestación se le asigna” por ley, dentro de los que se encuentran los servicios de “telecomunicaciones” y los vinculados al “espectro radio eléctrico nacional”.

El abogado experto en derecho constitucional Martín Risso, que asesoró a las empresas de cable y a las radios para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la ley, dijo a Búsqueda que “jurídicamente, pese a que se repite que sí, Antel ya no tiene ningún monopolio”.

“Me parece que las personas o las empresas que han obtenido esa sentencia sí van a poder brindar servicio de transmisión de datos y de Internet. Me parece algo razonablemente claro, no veo que pueda sostenerse lo contrario desde el punto de vista jurídico”, razonó, y luego dijo que la Ley Nº 14.235 es “vieja”, por lo que carece de validez.

La interpretación de Risso está en sintonía con la de otros especialistas en el tema. Más allá de esto, cualquiera sea el caso, tanto Montecable como Nuevo Siglo deberán solicitar permiso a la Ursec —o al Consejo— para dar servicio de Internet en los hogares. Consultado por Búsqueda sobre qué hará si esas empresas piden la habilitación para ello, el presidente del organismo, Gabriel Lombide, se deslindó de la controversia y contestó: “Derivaremos el tema al Ejecutivo”.

En tanto, el artículo 143, refiere a la distribución de los espacios de publicidad gratuitos en televisión y radio en las elecciones nacionales, legislativas, municipales, además del balotaje. El texto, que otorga más minutos de publicidad gratuita al lema que haya obtenido más votos en las elecciones anteriores, fue impugnado por el Partido Independiente, y el máximo órgano judicial le dio la razón porque entendió que atenta contra la “distribución igualitaria del total de minutos asignados para la publicidad electoral gratuita'.

La estrategia del Poder Ejecutivo, que heredó el tema del gobierno anterior presidido por José Mujica, fue la de esperar todos los fallos sobre los pedidos de inconstitucionalidad de la Corte antes de reglamentar la ley. La Corporación terminó de pronunciarse sobre el tema a fines del año pasado.

Durante los últimos meses, sectores del Frente Amplio, como el Movimiento de Participación Popular, y organizaciones de la sociedad civil, han criticado la demora del gobierno y reclamado que reglamente la ley cuanto antes.