El Poder Ejecutivo considera a Gregorio Álvarez como el mayor violador de derechos humanos de toda la historia de Uruguay

La denuncia, presentada ante el organismo internacional por el abogado Pedro Montano en representación de Álvarez, afirma que el general retirado no fue sometido a un juicio imparcial en el país. Entre otros argumentos, denuncia que en el caso de Álvarez existió una “violación del debido proceso”, que los delitos por los que fue acusado “están prescriptos”, que existió una “errónea apreciación de la prueba”, que se lo condenó en base a “indicios equívocos” y que en Uruguay los tribunales están aplicando el llamado “derecho penal del enemigo”.

“Último dictador”.

El documento del gobierno, fechado el 16 de mayo, recuerda que Álvarez “asumió el cargo de general de Ejército en 1971 y en tal carácter fue el primer jefe de la Junta de Generales”.

“Se desempeñó como jefe del Estado Mayor Conjunto (Esmaco), organismo creado por la dictadura cívico-militar e integró el grupo de militares que comandó el desalojo del poder civil del Parlamento Nacional el 27 de junio de 1973”, agrega la carta.

Señala que bajo las órdenes del Esmaco “funcionaba el tristemente célebre Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), cuyos mandos e integrantes fueron responsables de la muerte y desaparición de miles de ciudadanos en el Uruguay y en el marco de la coordinación represiva latinoamericana, conocida como Plan Cóndor”.

El 1º de febrero de 1974, Álvarez “asumió la poderosa División del Ejército IV con sede en el interior del país”, el 1º de febrero de 1978 fue nombrado comandante en jefe del Ejército y en setiembre de 1981 asumió la Presidencia de la República “pese al estruendoso rechazo de la ciudadanía uruguaya al cambio constitucional propuesto por los militares en 1980”.

En base a eso, el canciller subraya que Álvarez fue “el último dictador que registra la historia del Uruguay” y recuerda que en 1985 el ex presidente Julio Sanguinetti “se negó a recibir la banda presidencial de manos de un hombre que había violado la Constitución y la ley”.

“Las más graves violaciones”.

“El ex general Álvarez, fue uno de los integrantes del gobierno cívico-militar que protagonizó las más graves violaciones de derechos humanos que se hayan cometido en Uruguay desde el inicio de su vida independiente”, destaca la carta enviada a la ONU.

En ese marco, según el gobierno, el ex dictador fue sometido a un juicio independiente e imparcial por varios tribunales de la justicia ordinaria.

“Fue sometido a un proceso judicial iniciado en el año 2007, que culminó con su condena a 25 años de penitenciaría como autor responsable de 37 homicidios calificados”, expresa.

Agrega que “fue condenado en aplicación de normas generales de derecho común” y su condena fue dictada “luego de haberse tramitado todas las etapas procesales de un juicio durante el cual gozó de todas las garantías del debido proceso legal”.

“El peticionante es autor responsable de las más graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que incluyeron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, secuestro, tortura, así como otras violaciones directas o indirectas al debido proceso legal, ocurridas en Uruguay entre 1973 y 1985”, prosigue.

El gobierno afirma que Álvarez tuvo acceso a un “abogado de su elección” y que este “contó con todas las garantías necesarias para preparar y ejercer su defensa”, e hizo uso de su derecho a “presentar pruebas y realizar el control de la prueba”. Asimismo, “tuvo derecho a interponer todos los recursos existentes en la legislación nacional, incluida la acción de inconstitucionalidad”.

Señala que el propio Estado uruguayo, a través del Poder Ejecutivo, “dispuso medidas especiales para la protección de la vida” del ex dictador, al extremo que se decidió que cumpliera su pena en un establecimiento carcelario especial.

Las garantías de las que gozó Álvarez, precisamente, “resultaron abolidas” durante el gobierno que encabezó, señala la carta.

Por eso, el gobierno pone especial énfasis en cuestionar la afirmación de que Álvarez es un “preso político”. Decir eso “es falaz e inadmisible por manifiestamente infundado”, explica. Es más, el canciller considera que esa denuncia es “agraviante” para las instituciones uruguayas y para la propia Justicia.

En “honor al derecho a la verdad y a la memoria” y en un acto de “reparación a los familiares”, según el gobierno, al final de la carta se reproduce la lista de las 37 personas que fueron “víctimas” de la actuación de Álvarez.

En función de estos argumentos, el gobierno pide al comité de la ONU que declare inadmisible y archive completamente la denuncia.

“Enjuiciamiento político”.

En su respuesta al escrito del gobierno, el abogado Pedro Montano presentó ayer miércoles 25 una nueva argumentación ante la ONU. En ella señala que la denuncia inicial cumplió “con todos los requisitos de admisibilidad”, ya que a su juicio se han violentado diversos derechos humanos y que no queda ningún recurso interno que brinde la legislación uruguaya para ampararlos.

“De la respuesta uruguaya se desprende la naturaleza política del enjuiciamiento a que fue sometido mi representado”, apunta. “Se pretende que Álvarez fue responsable de todas las violaciones de derechos humanos en el Uruguay (...) pero no se reconoce que los enjuiciamientos fueron realizados sin pruebas, por el mero hecho de ser la persona de quien se trata, los cargos que desempeñó y los lugares en que se encontraba, pero no por los actos realizados”.

“Se ha dado un supuesto de responsabilidad objetiva de autor, que más condice con el ‘derecho penal del enemigo’ que con un derecho penal liberal y democrático”, prosigue.

Según Montano, “la politización del caso de Álvarez es evidente”. “Recién en 2007, prosigue, “con el advenimiento del primer gobierno del Frente Amplio, que nuclea a participantes de la guerrilla que diera lugar al golpe de Estado en 1973, se persiguen estas causas, luego de más de 20 años de períodos de gobierno democrático”.

Para eso, según el abogado, “se violaron sistemáticamente los principios del debido proceso, utilizando como en este caso a una fiscal esposa de un ex guerrillero (en referencia a Mirtha Guianze) que acudió a la opinión pública para dar notoriedad a la causa”.

“El procesamiento de Álvarez se festejó anticipadamente en las calles, con la presencia de ministros del gobierno del Frente Amplio, haciéndolo aparecer como el ‘ícono de la dictadura uruguaya’, lo que confirma su condición de perseguido político”, razona.

El letrado afirma que la “persecución política” a Álvarez tiene muchos años. Para fundamentar esa opinión cita el libro “Jugando a las escondidas”, de Álvaro Alfonso, en cuya página 76 se transcriben declaraciones del actual presidente José Mujica cuando era dirigente tupamaro. El mandatario sostuvo entonces, que la guerrilla se había propuesto matar a Álvarez “y mataron por error a su hermano”.

Para el abogado existe una contradicción en la respuesta del gobierno uruguayo, porque “se pretende hacer de Álvarez el peor violador contumaz de los derechos humanos de la historia del país”, pero “no se reconoce que fue quien devolvió el poder al gobierno democrático en 1985”.

Menciona que en 2004 el movimiento de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos publicó un libro titulado “A todos ellos”, en el cual están incluidos todos los desaparecidos que el gobierno menciona en su respuesta. “Sin embargo en las páginas 545 a 567 el nombre de Álvarez no aparece en la lista de represores mencionados en el informe”, concluye.