En los meses recientes, sobre todo al impulso de promociones que realizan algunas instituciones bancarias de la plaza local, las tarjetas de débito empezaron a tomar mayor difusión, aunque sin disputarle en absoluto la predominancia que tiene el dinero en efectivo o incluso el cheque. Pero en pocos días comenzarán a darse pasos que conducirán a un “cambio cultural fenomenal” en materia de pagos minoristas en Uruguay, dijo a Búsqueda Martín Vallcorba, asesor del Ministerio de Economía (MEF).
Una primera masificación de esas tarjetas —que permiten hacer retiros desde los cajeros automáticos, pero también pagar los gastos descontando el dinero directamente desde la cuenta bancaria de la persona— se espera que se dé a partir de setiembre, atada al beneficio para los hogares que perciben asignaciones familiares, de recibir un reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando gasten ese subsidio con la misma.
Habrá un “sacudón bien grande en esa dirección” que se hará notorio sobre fines de este año, con un “salto significativo en la cantidad de tarjetas de débito y en las transacciones” que se efectúen con éstas, vaticinó el asesor.
El reintegro de dos puntos porcentuales del IVA para la población en general, siempre que se pague con tarjeta de débito, se hará efectivo en algún momento en 2013.
Más allá de ese estímulo económico para emplear esa modalidad de pago, Vallcorba argumenta en contra del apego de los uruguayos al dinero contante y sonante: “No tiene sentido ir a un cajero, sacar la plata e ir al comercio para pagar. Es más costoso y más riesgo”.
Estimó que la tendencia al uso del débito se profundizará cuando se desarrollen las redes que permiten canalizar esas modalidades de pagos y más comercios incorporen los dispositivos electrónicos, provocando un “cambio cultural fenomenal” en este plano en Uruguay. Esto forma parte del plan de “inclusión financiera” que impulsa el gobierno.
IVA
Las aproximadamente 80.000 familias de ingresos bajos que reciben subsidios a su alimentación a través de las tarjetas Uruguay Social que emite el Ministerio de Desarrollo Social, serán las primeras en recibir la devolución de la totalidad del IVA prevista en una ley votada el mes pasado; el beneficio se empezará a aplicar desde el 1º de julio.
El descuento estará incluido cuando firmen el boucher por su compra. Eso permite “transparentar el beneficio” y a su vez focalizarlo en la población de ingresos bajos, “profundizando” de esa forma las políticas sociales de apoyo a eso sectores, argumentó Vallcorba.
Asimismo, a partir de julio un call center operado por el Banco de Previsión Social atenderá a beneficiarios de las asignaciones familiares que decidan empezar a cobrar ese subsidio por medio de tarjeta de débito asociada a una cuenta bancaria que se les creará exclusivamente con ese fin en la entidad financiera que escojan. Por las compras con el dinero de la asignación se les reintegrará la totalidad del IVA. Por ejemplo, la devolución será de unos $ 70 por cada subsidio de $ 387 (que es el máximo por hijo cobrado por las familias con ingresos mensuales menores a $ 14.502), suponiendo que todo ese dinero lo consuman en bienes y servicios gravados al 22% de IVA.
Vallcorba dijo que se espera que un “porcentaje muy alto” de los 280.000 hogares opte por cobrar su asignación familiar mediante la tarjeta de débito, ya que es la forma de beneficiarse del reintegro del IVA por sus gastos.
La cantidad de beneficiarios de esa prestación aumentaron en los últimos años y a fin del año pasado eran unos 574.000 menores de edad que integran familias con ingresos bajos, según registros oficiales. El dinero del subsidio, que se abona bimensualmente y cuyo monto depende del nivel de ingreso del núcleo familiar, es administrado por los padres o tutores.
Como los subsidios alimentarios otorgados por el Ministerio de Desarrollo a través de la tarjeta de débito Uruguay Social son por el equivalente a U$S 20 millones y se pagan asignaciones familiares por unos U$S 200 millones anuales, el “costo final máximo” por la exoneración impositiva rondará los U$S 40 millones, calculó. Eso si todos los amparados en el régimen de asignaciones optan por cobrar el beneficio mediante tarjetas.
La ley que previó la devolución de ese tributo a las familias perceptoras de estos dos subsidios sociales también facultó al Poder Ejecutivo a rebajar en dos puntos porcentuales el IVA para toda la población por sus consumos efectuados mediante débitos.
Pero esa “rebaja general del IVA quedará para 2013”, en una fecha aún indefinida y sujeta a varios factores, afirmó el asesor del MEF. Se esperará, dijo, a que “todo el mundo pueda beneficiarse” del alivio tributario, ya que actualmente solo algunos sectores de la población poseen esas tarjetas.
En el segundo semestre del año pasado circulaban en Uruguay 1.496.147 tarjetas de débito, un 7% más que en enero-junio, conforme con datos del Banco Central. Si bien tienen funciones de pago, su uso principal fue para el retiro de dinero desde cajeros automáticos (5,4 millones de operaciones en julio-diciembre pasado).
Con el propósito de evitar complicaciones sobre todo a los pequeños comercios, Economía propició que los emisores de las tarjetas de débito absorban el costo financiero que supone para los mismos devolver el IVA.
Salarios y pasividades.
Para lograr una masificación de las tarjetas de débito, Economía pretende establecer la obligatoriedad del pago a través de cuentas bancarias de los sueldos, aunque para evitar problemas al sistema seguramente eso se disponga de manera gradual, considerando por ejemplo el tamaño de las empresas o su ubicación geográfica, explicó Vallcorba. Eso mediante un proyecto de ley que abordará otros aspectos relacionados con el sistema de pagos y el ahorro que será enviado al Parlamento antes de fin de año (ver nota aparte).
Actualmente cuatro de cada diez asalariados retiran su remuneración con su tarjeta de débito u otros canales bancarios. El 10% de los consumos se pagan con medios electrónicos.
Para los pasivos, el MEF evalúa si hacer obligatorio o no el cobro de su salario de retiro mediante cuentas bancarias, dada la menor familiaridad de la población adulta con las tecnologías. Una posibilidad es que sí deban hacerlo los futuros nuevos jubilados o pensionistas.
También se prevé la obligatoriedad del pago por canales bancarios de los servicios públicos, los alquileres y “ciertos servicios profesionales”, aunque la lista no está definida con precisión, acotó el asesor ministerial.
Otra razón para dejar para 2013 el alivio del IVA más generalizado es la necesidad de que exista una difusión mayor en el sector comercial de los dispositivos que permiten registrar los pagos —conocidos por la sigla del inglés de point of sale (POS)—. Una serie de ventajas tributarias están vigentes desde fines del año pasado para aliviar el costo de la instalación de esos aparatos.
Economía identifica una serie de “problemas en el mercado de tarjetas” asociados a decisiones de las redes de POS en actividad en el país, que las mismas defienden alegando razones de “seguridad” o “comerciales”, y que operan como “barreras a la competencia”, dijo Vallcorba. Frente a eso, el gobierno prepara un decreto que propenderá a la interoperabilidad de dichas redes, informó.
Asimismo, estimó probable que se expandan las redes de POS menos desarrolladas actualmente y que surjan nuevas, incluso por acuerdos entre comercios.
Comentó que el uso del POS móvil es una tendencia en aumento y que, por ejemplo, los distribuidores de bebidas tienen interés en adoptar esos dispositivos para sus transacciones con clientes. Añadió que también los ómnibus o taxis podrían emplearlos, reduciendo los riesgos en materia de seguridad que supone mover dinero efectivo.
Otros pagos.
El proyecto de ley que prepara el MEF también incluirá medidas para facilitar el desarrollo de la figura de los corresponsales bancarios y regulará modalidades de pago como la banca móvil e Internet, las tarjetas de prepago y las transferencias bancarias. El funcionamiento de estas últimas es “muy poco satisfactorio” y, por ejemplo, no existe “diálogo entre cuentas” de algunas instituciones o las transferencias son “caras”, lo cual representa una “clara ineficiencia” y pone a Uruguay en una posición de rezago frente a otros países, evaluó Vallcorba.
Si bien no adelantó medidas específicas en esa área, comentó que se tiene en cuenta la experiencia de algunos países en donde las transferencias bancarias de cierto monto se hacen obligatoriamente por ley, pero sin costo.
