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El ministro de Defensa Jorge Menéndez informó a un grupo de legisladores oficialistas que el Poder Ejecutivo se propone rediscutir en 2017 los proyectos de reforma de la “caja militar” y de creación de un nuevo impuesto a los retirados de las Fuerzas Armadas, dijeron a Búsqueda participantes en la reunión.
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Menéndez se reunió con un grupo de senadores del Frente Amplio para discutir los proyectos de ley de reforma de la “caja militar” y el impuesto, que habían sido calificados por el propio gobierno como dos cambios “impostergables”. En el encuentro, el jerarca transmitió a los legisladores del partido de gobierno la intención del Poder Ejecutivo de rediscutir los proyectos y volver a presentarlos el año próximo.
Ante la falta de votos oficialistas en la Cámara de Diputados para aprobar las nuevas normas y las dudas acerca de su constitucionalidad, el presidente Tabaré Vázquez ordenó conformar un nuevo grupo de trabajo para estudiar el tema y buscar la integración de los proyectos.
Uno de los puntos determinantes fue la decisión del diputado Gonzalo Mujica, que se declaró independiente, de no apoyar el nuevo impuesto a los pasivos militares.
Luego de que se supo la posición de Mujica, el Frente salió a buscar nuevos apoyos. El diputado Eduardo Rubio (Unidad Popular) no comprometió su voto porque considera que el proyecto viola la Constitución.
También hubo conversaciones con el legislador colorado Fernando Amado, pero luego de estudiar la situación creada, se decidió rediseñar los proyectos, confirmaron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas que trabajaron en el tema.
Déficit.
Con el objetivo de sanear el deficitario Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, el gobierno elaboró un anteproyecto de ley de reforma del régimen de previsión social militar que aumenta los años de servicio y la edad mínima para retirarse, además de reducir los beneficios que perciben los ex uniformados.
En 2015, el Ministerio de Economía había autorizado una partida de U$S 344 millones para hacer frente a las obligaciones de la “caja militar” que el año anterior habían sido de U$S 26 millones.
La intención del gobierno era igualar la caja con el régimen general de jubilaciones, por lo que se establecieron 60 años de edad y 30 de servicio como mínimo jubilatorio cambiando el régimen que gozan los oficiales quienes con 20 años de servicios efectivos pueden solicitar el pase a retiro voluntario. La propuesta para el nuevo sistema de retiros militares excluyó la educación militar como años de servicio, la quita de beneficios como el ficto “casa-habitación” y la derogación de la devolución de montepíos, así como las condiciones para acceder a retiros por incapacidad y los cálculos para fijar las pasividades.
La reforma de la caja es una medida que el gobierno considera necesaria, según reiteró el 7 de diciembre el ministro de Economía, Danilo Astori, en el foro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas.
Diez días antes, el inspector general de Trabajo e integrante del sector político de Astori, Gerardo Rey, publicó una columna de opinión que tituló: “Caja Militar, la reforma impostergable”. “El gasto que el conjunto de la sociedad tiene que hacer cada año para financiar la el Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas es insostenible”, dijo. “Si se comparan las transferencias que se realzan desde Rentas Generales, resulta que por cada militar jubilado o pensionista se requieren 8.100 dólares de aportes por año mientras que por cada jubilado o pensionista del BPS se requieren 700 dólares”.
Según Rey, “mantener demasiadas diferencias en las condiciones de acceso a la jubilación o de retribuciones no contribuye a construir una sociedad más equitativa”.
Críticas.
El anteproyecto había generado malestar entre los oficiales de las Fuerzas Armadas al punto que el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, lo calificó de “inaceptable”.
Manini sostuvo que el Poder Ejecutivo no tenía “idea” de lo que hacía cuando escribió la propuesta, mientras que otros oficiales advirtieron que si es aprobado “se quedarán sin militares”.
El anteproyecto fue realizado por Gustavo Scarón, quien fuera suplente del fallecido oficial del Ejército y ex diputado de Asamblea Uruguay Brum Canet.
El ex comandante de la Fuerza Aérea y ex jefe del Estado Mayor de la Defensa José Bonilla dijo que el texto era un “balde de agua fría” que es “discriminatorio”, “injusto” y “estigmatizante”.
Para Bonilla era “esperable” una reforma del sistema de retiro militar pero había advertido que la propuesta del Poder Ejecutivo no tuvo en cuenta las particularidades de la carrera militar.
El impuesto propuesto por el Ejecutivo tendría una recaudación anual de U$S 40 millones que se sumarían al Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) conformando una doble imposición que se aplicaría “solo para los militares”.
La senadora oficialista Constanza Moreira sostuvo que las jubilaciones incrementan en 57 por ciento el presupuesto de Defensa, cuya estructura básica se apoya en la ley orgánica militar (14.157), de febrero de 1974. Ese corpus consagra un esquema de privilegio para las jubilaciones militares.
Por su parte, el general retirado Hébert Fígoli encabezó un equipo de militares retirados que hizo gestiones ante los legisladores para persuadirlos de la injusticia que representa aplicar un nuevo impuesto y decidieron recurrir ante la Suprema Corte.
