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    El Poder Ejecutivo prepara pautas para la negociación colectiva similares a las de la ronda pasada, pero busca “consenso” previo

    Los industriales quieren ajustes “acotados” y los comerciantes se oponen a acordar a 30 meses o más

    El Poder Ejecutivo pretende tener listos en pocas semanas los lineamientos que guiarán la séptima ronda de los Consejos de Salarios. Se piensa en replicar a grandes rasgos las pautas pasadas, que supusieron aumentos de sueldos nominales y diferenciando los sectores según estén en un momento dinámico, medio y problemático. También se repetirá el foco en los salarios sumergidos.

    Pero antes de definir esos lineamientos hizo por primera vez una consulta con gremiales empresariales y el PIT-CNT, para escuchar sugerencias. Lo que recibió hasta ahora, en algunos casos, se choca con la idea de los ministerios de Economía y de Trabajo (MTSS).

    “Importa mucho el nivel de actividad y la creación de empleo, así como es sustantivo que se mantenga el salario real y reconocer las diferencias” entre los sectores, dijo a Búsqueda Jorge Mesa, director nacional de Trabajo.

    “El resultado de los lineamientos conteniendo salarios nominales fue positivo desde el punto de vista del mantenimiento y, en algún caso, crecimiento del salario real. Pero hay que considerarlo como un instrumento y no hay que transformarlo en un principio”, agregó.

    Esta semana el MTSS terminará de recibir los comentarios del sector privado, para luego convocar al Consejo Superior Tripartito e iniciar formalmente el ámbito de discusión. “No estamos haciendo este ejercicio para sacarnos la foto, sino que hay una intención efectiva de reconocer lo que los actores aporten. Sería un resultado bastante mayor, y es probable que no se pueda conseguir en este momento, alcanzar un acuerdo efectivo entre las tres partes. Pero si los lineamientos tienen un consenso general de que son adecuados para las circunstancias que el país vive, facilitamos mucho”, opinó Mesa.

    Además, dijo que se aspira a que esta consulta previa evite dar marcha atrás una vez iniciada la negociación, “salvo que ocurran situaciones abruptas” en el contexto económico. En la ronda pasada los lineamientos se modificaron dos veces, incorporando correctivos anuales por inflación y cambiando el punto de inicio de los aumentos nominales.

    “No es dramático revisar los lineamientos, pero sería un problema comenzar con la negociación colectiva para volver atrás y hacer un cambio en las reglas de juego generales”, opinó el jerarca.

    Agregó que se buscará dar “información de calidad” a las partes, que en principio se centrará en la cantidad de “seguros de paro” y el nivel de actividad de los sectores, aunque se apostará a un “intercambio con otras instituciones públicas” si se requieren más datos. Esto, entiende, facilitará que la autoclasificación “no sea solamente en base a percepciones”.

    Tiempos.

    La idea que analiza el Poder Ejecutivo es que los convenios tengan una duración de entre 30 y 36 meses, acortando el período de negociación promedio que alcanzó a cinco meses y medio.

    “Necesitamos una negociación colectiva más corta. Pero eso no se resuelve con un decreto, es una aspiración. Los actores también van madurando, van entendiendo el contexto en el que se mueven y las cosas que son acordables. Todo eso contribuye”, opinó.

    “Todos estamos acotados. La aspiración de los actores podría haber sido una cuando se comenzaba el gobierno y es otra hoy. El tiempo político es parte del escenario. Y en el económico, aunque los nubarrones de la ronda anterior no han desaparecido del todo, se han ido mejorando algunos indicadores, lo que nos pone en una menor tensión. Obviamente hay que reconocer que existen diferencias entre sectores y niveles de actividad, pero el dato macro era más negativo en la ronda anterior. Ahora vamos a ir a una negociación con más fluidez y menos contracturas”, señaló.

    El jerarca espera que el nivel de conflictividad sea “fuerte pero concentrado en el tiempo”, si es que se obtienen acuerdos rápidamente.

    Conflictos.

    Desde el MTSS se quiere potenciar la incorporación de medidas vinculadas al Sistema de Cuidados, apuntando a que existe “voluntad de las empresas” para atender “temáticas nuevas”. También se fomentará la firma de mecanismos de prevención de conflictos.

    “El año pasado en el 90% de las audiencias laborales se llegó sin medidas de conflicto porque más sectores aceptaron que era necesario, favorable y beneficioso apelar a estos mecanismos. Y un porcentaje también muy importante acordó, no hubo necesidad de un conflicto. Son indicadores muy fuertes para avanzar. Podría haber una cultura sindical y empresarial para convocar, sin necesidad de tener unas largas cláusulas, a estas instancias. Pero hay que ganarla y eso se logra cumpliendo lo que escribimos, informando y educando en su contenido”, remarcó el jerarca.

    “Necesitamos que, como el Estado, los actores sociales sean defensores de lo que acordamos con la misma fuerza, compromiso y sostenimiento de lo que defienden sus plataformas. Acá hay cámaras empresariales que han dicho que no se hacen responsables por el incumplimiento de una empresa. Desde el punto de vista legal no lo son. Pero culturalmente tienen que asumir la obligación de convencer a aquel lejano a la negociación de que esta es la forma que se acordó. Lo mismo un sindicato”, agregó.

    Para Mesa la medición de la productividad a los efectos de incorporarlo a la negociación es un tema “a trabajar” que se torna “complejo” por la existencia de “culturas” que impiden “producir información relevante” para la discusión de las partes.

    “El elemento salarial no es un problema relevante para la actividad de una empresa, incluso en el desafío de generar nuevos puestos de trabajo o de crecer. Tal vez tengan peso ciertas regulaciones o una incertidumbre en el mercado. No me niego a abordarlo, pero cuando se trate de temas objetivables. Que me digan ‘acá tengo una dificultad’, en este costo o en esta norma”, dijo.

    Cámaras

    Sin mucho optimismo y con diferencias internas para acordar en pocos días un documento que resuma sus aspiraciones, las cámaras de Industria (CIU) y de Comercio (CNCS) enviaron al MTSS algunas propuestas de cara a la próxima ronda.

    Ambas mencionaron la aspiración de mantener los niveles de empleo, en un contexto de pérdida de competitividad, fuerte incidencia de los salarios en la estructura de costos y dificultades para obtener un margen de rentabilidad adecuado.

    “La premisa es conservar el empleo. La industria en general ha tenido recuperaciones (de salario) muy importantes en todos estos años y ahora no lo puede hacer, no está en condiciones”, dijo a Búsqueda el presidente de la CIU, Gabriel Murara.

    Por eso, los industriales aspiran a que los ajustes “sean los más acotados posibles”, y piden que se establezcan lineamientos para las pequeñas y medianas empresas diferenciados por sectores de actividad.

    Además, solicitan que el período para llegar a acuerdos sea de 60 días y que, de excederse, se otorgue un plazo prudencial a las empresas para pagar los ajustes retroactivos que correspondan. “Porque después hay que reliquidar sueldos, pagar la diferencia de los aportes y eso se convierte en un problema para las empresas”, explicó Murara.

    Los dos meses como plazo de negociación también fue un pedido de la CNCS. Pero planteó que si se extendiera por más tiempo, entonces no se liquiden los ajustes con retroactividad, sino que comiencen a regir desde el momento que se firme.

    La gremial también aspira a que el plazo de vigencia de los convenios quede librado a la negociación de las partes, al igual que la periodicidad de los ajustes (semestral o anual). “Es muy difícil para el sector comercial imaginar un horizonte de 30 meses o más”, dijo a Búsqueda una fuente del sector.

    Además, la CNCS quiere que se desindexen los aumentos salariales y que la fórmula de ajuste tome en cuenta el precio del dólar. “Es una propuesta innovadora, que se discutió mucho. Sería la semisuma de la variación de la inflación y el tipo de cambio”, dijeron. Con eso, explicaron, se apunta a contemplar la pérdida de competitividad exportadora.

    Reclaman también una “correcta definición” de los salarios sumergidos y que la determinación de la diferencia del ajuste respecto al resto sea “acotada”, de modo que “no empuje” a todas las categorías.  

    Entre otros temas, la CNCS propone “regular” la denuncia de los convenios colectivos y los “descuelgues”, para que los procedimientos sean más ágiles. Aboga porque las cláusulas de paz sean “más efectivas” y que si se acuerda un procedimiento de solución y prevención de conflictos, el mismo sea bipartito.

    Recuerda además, su planteo de “no ultraactividad” de los convenios colectivos —un tema que está incluido en la queja entablada en 2009 junto con la CIU ante la Organización Internacional del Trabajo— y que refiere al mantenimiento de la vigencia de todas las cláusulas hasta que un nuevo acuerdo las sustituya.

    También fueron consultadas las cámaras de la Construcción, del Transporte y de la Alimentación.

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