El costo fiscal.
El MEF viene haciendo foco en los incentivos fiscales que dirige al sector productivo y exportador.
Mientras, recibe de la oposición política cuestionamientos por los subsidios que destina el gobierno a Alcoholes del Uruguay en la producción de caña de azúcar en Bella Unión y el sobreprecio que paga la estatal Ancap para comprarle biocombustibles (etanol y biodiesel). El ex ministro de Economía Isaac Alfie estimó que el subsidio anual a ese emprendimiento sucroalcoholero estatal alcanza a U$S 187 millones y reclamó “parar con el despilfarro”, en una columna publicada en mayo en el suplemento ”Economía & mercado” de “El País”.
En un informe sobre los “incentivos fiscales” que acompañó el proyecto de Rendición de Cuentas de 2013 que acaba de ser presentado al Parlamento, el Poder Ejecutivo analizó los beneficios que concede al sector textil-vestimenta y el automotriz, entre otros.
La cadena textil recibió apoyos desde el 2007 a través de una tasa especial de devolución de tributos y prefinanciación de exportaciones, además de subsidios explícitos. El costo fiscal alcanzó a U$S 92 millones entre ese año y el 2013, según dicho informe. “A pesar” de esos beneficios el sector “se ha comportado sistemáticamente de manera contractiva” y las exportaciones fueron perdiendo participación en el total (pasaron de 12,4% en 2001 a 3,4%), añade.
En ese contexto plantea que el “desafío para las políticas públicas” es lograr las condiciones para la “relocalización de los factores productivos hacia sectores que enfrenten una demanda internacional más dinámica”.
Al sector automotor se dedicó un subsidio de “más de U$S 50 millones” por las exportaciones de 2013, afirma el informe. Añade que “a pesar del fuerte estímulo” su producción mantiene un alto “componente importado”, y concluye que “luego de varias décadas de apoyos sustantivos (muy superiores a los brindados a las demás industrias), no es claro que se haya logrado consolidar un sector industrial autosustentable”.
Nuevo régimen automotor
Con ese diagnóstico, las autoridades plantean la “necesidad de reformular el instrumento” de apoyo al sector automotor.
Un borrador de decreto que viene siendo discutido entre el MEF y el MIEM —al que accedió Búsqueda— propone sustituir el subsidio de 10% sobre el valor FOB de las exportaciones que reciben las ensambladoras y fábricas de autopartes desde 1992, por un “régimen de estímulo” para los próximos 20 años.
El monto del beneficio al que podrían acogerse las empresas sería, como en la actualidad, equivalente al 10% de las ventas al exterior realizadas entre 2014 y 2015. Pero a partir del 2016 se prevé que se fije para cada una, de acuerdo al cumplimiento de una serie de “indicadores y metas de desempeño” en los dos años previos.
El borrador del decreto establece que si la empresa alcanza tres de cuatro indicadores, el beneficio se incrementa por un lapso de dos años, si no, se reduce, siempre en dos puntos porcentuales con respecto al monto que recibía en el bienio anterior.
Las metas de desempeño varían. Para las ensambladoras, por ejemplo, especifica una lista de 14 procesos productivos a realizarse en el país y exige que se cumplan como mínimo seis en 2016-2017, meta que se va incrementando en los bienios siguientes hasta exigir el cumplimiento de todas las actividades en 2024-2025.
Para los autopartistas, el indicador refiere a que parte de su producción se provea a ensambladores o al mercado de reposición “certificando su producto como original” por parte de los fabricantes de vehículos a los que se destine. La exigencia de porcentaje de producción certificada aumenta bienio a bienio, desde 15% en 2014 y 2015 hasta llegar a 80% en 2024-2025.
Tanto para ensambladores como para autopartistas el régimen propuesto en ese borrador establece metas en cuanto a la formación y capacitación de recursos humanos (indicadores relativos al porcentaje de la plantilla capacitada) y la incorporación de conocimiento, gestión y calidad (certificaciones de productos, procesos, etc.)
Además, los beneficiarios deberán cumplir con indicadores de relacionamiento entre empresas y trabajadores, relativos a la celebración de acuerdos laborales “que contengan concesiones adicionales” a las que surjan de los Consejos de Salarios, así como un sistema de intercambio de información con el sindicato de la empresa.
Para evaluar el régimen propuesto se prevé la creación de una Comisión Interministerial de la Industria Automotriz, integrada por el MEF y el MIEM.
La Dirección Nacional de Industrias sería la encargada de aplicar el régimen “durante un período de 20 años” de vigencia, aunque se revisaría a los 15 años para plantear eventuales mecanismos de desmantelamiento de los beneficios durante el siguiente quinquenio.
Consultado sobre la actual situación del sector, el secretario ejecutivo de la Cámara de Industriales Automotrices, Ramón Cattaneo, dijo a Búsqueda que la industria “no logra estabilizarse” debido a la “volatilidad” del comercio con los países vecinos originada en las trabas al comercio.
Según ese representante empresarial, “solo después de cuatro o cinco años de funcionamiento normal se podría evaluar si los apoyos brindados por el gobierno han sido fructíferos o no”.
La industria automotriz nacional está conformada por tres plantas ensambladoras de vehículos y unas 40 fábricas de autopartes que en total emplean a unos 5.900 trabajadores. Más del 90% de la producción es colocada en Brasil y Argentina, al amparo de los acuerdos bilaterales firmados.
Vestimenta sin
resultados
La evolución de la actividad de la cadena textil-vestimenta ha sido negativa en los años recientes. Desde 2006 el rubro presenta problemas de competitividad y, tras concentrar sus negocios en la región, se enfrentó con el régimen de licencias de importación y declaraciones juradas que aplica Argentina.
Cerraron varias empresas formales y talleres informales, con la consecuente pérdida de empleos. La cadena ocupa hoy a unas 6.000 personas.
Desde 2012 una ley para el fortalecimiento y desarrollo de la industria de la vestimenta les da subsidios a empresas, trabajadores y cofinanciación de proyectos por un total de U$S 27,5 millones en un lapso de siete años. Según una evaluación realizada por la Dirección de Industrias en 2013 —que obtuvo Búsqueda—, con esas medidas se logran “resultados escasos y posiblemente nulos si continúa la evolución del sector y del mundo tal como se observa en el momento actual”. Agrega que “no se verificó” ni el objetivo de sostener el sector en la situación que estaba en 2011, ni se mejoró la competitividad y productividad, ni se redujeron los puestos precarios, ni se logró generar empleo calificado.
En el documento esa repartición del MIEM afirma que el sector “necesita otras medidas de apoyo”: aumentar el arancel de importación de vestimenta a 35%, bajar los aportes patronales a la seguridad social y las tarifas públicas, aprobar una ley de sanciones para la obligatoriedad de registro de los importadores, así como la incorporación de sanciones efectivas relativas al etiquetado.
El secretario de la Cámara Industrial de la Vestimenta, Elbio Fuscaldo, opinó que “el problema de fondo es la pérdida de mercado” por las dificultades para competir y acceder a Argentina, principalmente.
El empresario se quejó de que “no se esté haciendo nada para cambiar la situación” y recordó que el sector ya había advertido que los subsidios “no iban a servir”. Opinó que las partidas aprobadas llegan con rezago y son “masticadas por la burocracia”.
Señaló que el futuro para este sector fabril es “incierto” y que el reciente cambio en la tasa de devolución de impuestos (que pasó de 4% a 6% desde junio) no mejora la ecuación de las empresas. “Es como pretender alimentar a un elefante con galletitas”, ilustró.
