A comienzos de este siglo fueron los juicios masivos de inscriptos en el Registro de Aspirantes a Viviendas de Emergencia (RAVE). Después vinieron los reclamos de ahorristas durante la crisis del 2002 por la reprogramación de sus depósitos. Y más cerca en el tiempo, estuvieron los contenciosos por el cierre de la aerolínea Pluna —con la querella del argentino Juan Carlos López Mena en torno al aval del Banco República todavía pendiente de resolución—. Algunos casos con notoriedad pública como esos le quitan el sueño a los abogados que litigan en representación del Estado, aunque gran parte de su trabajo son procesos judiciales sin mayor glamour, para cobrar adeudos, o vinculados al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
La Presidencia de la República y los ministerios se sientan de un lado y del otro en los escritorios judiciales, aunque actualmente tienen vigentes más procesos como actores reclamantes que como demandados. El trabajo de sus equipos de abogados y el de otras áreas del Estado es cuestionado por ineficiente desde el futuro gobierno. “¡Los juicios del Estado!, ¡lo mal que se defiende! Yo hace como ocho años hice un pedido de informes de todos los juicios del Estado... (…) No quiero decir que se pierden todos, porque suena injusto. ¡Pero se nos va muchísimo dinero!”, dijo el presidente electo, Luis Lacalle Pou, el miércoles 1º en el programa En la mira de VTV, al enumerar los rubros de donde su administración buscará lograr ahorros para bajar el déficit fiscal. Según los cálculos que han manejado sus asesores, una mejora en esta área permitiría obtener US$ 100 millones anuales, de los US$ 900 millones que suma todo el plan al que en algún momento de la campaña le llamaron “shock de austeridad”.
Son cifras estimativas, en parte porque Uruguay viene de un rezago en cuanto a las estadísticas sobre los litigios en los que el sector público es parte. Como un paso incipiente para revertir eso, en setiembre fue presentado el Registro Único de Juicios del Estado (RUJE). “Esto también es para corregir la visión de que el Estado perdía todo los juicios”, afirmó en el acto la ministra de Educación (MEC), María Julia Muñoz.
Lo cierto es que hay verdes y maduras, aunque algunas autoridades prefieren hacer una lectura cauta de las sentencias: ¿se perdió si la demanda era, por ejemplo, por US$ 100.000 y el juez dictaminó que debe pagar US$ 10.000? ¿Y el Estado ganó si en ese mismo caso era el reclamante?
Un jerarca del área jurídica de un ministerio consultado por Búsqueda dijo que afirmar de manera general que se hace una defensa deficiente del Estado es desconocer que “la mayoría de los juicios que les llegan a sus abogados son por mala gestión u omisiones” de los responsables de la administración pública. “No se le puede achacar” eso a los equipos jurídicos. Agregó que muchas veces les toca actuar “cuando ya casi no hay posibilidades” de obtener un fallo favorable. De todas maneras, destacó que en algunas secretarías de Estado los niveles de sentencias a su favor, estando en condición de demandados, superan el 90%. Esto “no quiere decir que no se puedan mejorar las defensas”, por ejemplo, dándole otra institucionalidad al “esfuerzo personal que hacen los jefes de las jurídicas” cuando se llaman para coordinar si hay más de un organismo involucrado en los juicios.
Registro incipiente
El RUJE unifica criterios para el registro de los datos y aporta información estandarizada sobre los juicios ingresados ante el Poder Judicial y casos ante el TCA. Cuando exista suficiente masa crítica, esto debería ayudar a hacer “abogacía preventiva” y elaborar propuestas de mejora en las estrategias litigiosas a futuro, sostienen sus responsables. Con información en “tiempo real”, también posibilitará hacer una planificación financiera adecuada, destacó un jerarca. Hasta ahora se tenían “números dispares” y se proyectaba el presupuesto para enfrentar sentencias del año siguiente, aplicándole el IPC a las del año anterior.
Otra fuente ministerial describió como un “desastre” la situación que había en torno al pago de sentencias y contrastó eso con un presente de “casa en orden”. Dijo que en los noventa y principios de los 2000 “había un cupo, un monto límite, y algunos incisos, con los recursos asignados, pagaban o no, y así se acumulaban intereses pero se mejoraba el resultado fiscal. Ahora llega el expediente y hay 45 días para que paguen todas las sentencias desde la Tesorería General de la Nación o la Gerencia Financiera del MEF, de manera centralizada”. Y remató: “Hace unos años atrás era imposible pensar en que hubiera margen para ahorrar” en torno a los juicios, como se propone el gobierno de Lacalle Pou.
Si bien el RUPE tiene cargados los montos involucrados en cada proceso judicial en el que participa el Poder Ejecutivo, presenta algunas “inconsistencias” que impiden, por ahora, hablar de una cifra global, dijo a Búsqueda su responsable a cargo, el director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del MEC, Pablo Maqueira. Por eso no dio cifras.
De la información de la Rendición de Cuentas de 2018 analizada por Búsqueda surge que la administración central destinó $ 888.871.000 (unos US$ 29 millones calculados al tipo de cambio promedio de ese año) a “sentencias judiciales” y otros $ 665.328.000 (US$ 21,7 millones) bajo el rubro “acuerdo o convenio judicial”, un monto que según una fuente se engrosó en gran medida por el arreglo con los funcionarios del Poder Judicial por aumentos salariales comprometidos. “No hay casos así todos los años”, acotó.
Además, en la última Rendición de Cuentas figuraron $ 93.000 por concepto de “gastos de arbitrajes y juicios internacionales”.
Por otro lado, el dinero que pudo haber ingresado a la administración central por sentencias a su favor no aparece discriminado en la información presupuestal enviada al Parlamento y, por ejemplo, en el caso de la Dirección General Impositiva (DGI) está computado dentro de su recaudación.
El RUJE se desarrolló con el apoyo del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Pública del MEF. Su base jurídica es un decreto de abril de 2017, que reglamentó una ley del 2015, que confirió a la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales la tarea de conformar el registro abarcando a la Presidencia y a todos los ministerios, aunque todavía falta cargar información de algunas oficinas relevantes como la DGI, que según afirmó Maqueira tiene “muchísimos juicios ejecutivos” contra contribuyentes que, por su volumen —más de 15.000 de acuerdo con cifras extraoficiales recabadas por Búsqueda—, suponen un desafío para el RUJE. Una situación similar se da con el Ministerio de Ganadería para ese tipo de juicios.
El viernes 6 el registro mostraba que el Poder Ejecutivo —sin la DGI ni el ministerio del campo— era demandante en 3.757 causas vigentes. En la fase de cargado desde el 1º de abril a la fecha figuraron 297 casos como actor y el MEF era el principal (248).
Muchos son procesos “monitorios”, instancias que persiguen el cobro ejecutivo de adeudos a través de la Justicia, que pueden desencadenar el inmediato embargo y la condena al pago de la cantidad reclamada.
También se destacan las “diligencias preparatorias”, con las que se busca adelantar pruebas, evitar perderlas o a reservar un crédito, por ejemplo.
Las “conciliaciones previas”, que son instancias anteriores al inicio de un proceso judicial, habían sido cargadas nueve desde abril. Se trata de un dato relevante para saber cuántas veces el Estado llega a conciliar, o no, o la parte actora desiste del juicio.
En calidad de demandado, el Poder Ejecutivo figuró en el registro con 2.352 causas vigentes al viernes 6. Desde abril a la fecha se cargaron 1.281, con los ministerios de Salud Pública (500 en total, de los cuales 461 eran juicios de amparo) e Interior (478) como los que enfrentan más acusaciones.
Se trabaja para universalizar el RUJE e incorporar al Banco de Previsión Social —posiblemente el próximo año— y a organismos del artículo 220 de la Constitución como las administraciones de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y de Educación Pública (ANEP), además del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), que se estiman participan en un número grande de causas judiciales.
Con un software implantado por la empresa Sofis Solutions, se dejaron atrás las planillas que enviaban desde las distintas reparticiones. Según el decreto, los organismos obligados deben reportar, sean parte actora (demandante) o demandada, así como cualquier otra situación procesal por la cual resulte o pueda resultar afectado en forma favorable o desfavorable, el número de cada juicio, su objeto, la sede en la que se tramita, la contraparte involucrada, el monto de la causa (si corresponde) y la etapa procesal en la que se encuentre. La información debe ser remitida dentro de los 20 días corridos siguientes al vencimiento de cada trimestre.
El punto de partida para el nuevo registro son los juicios que el Poder Ejecutivo tenía vigentes en el 2017 (que podían haber sido iniciados hace muchos años o ser causas recientes). Luego siguió actualizándose con los plazos fijados en el decreto reglamentario. Según dijo Maqueira, hay en general un cumplimiento estricto del envío de datos, por lo que el RUJE muestra un estado de situación al día de los procesos judiciales en los que está involucrada la administración central. La omisión es considerada una falta grave.
