El Presupuesto refleja el “cambio de paradigma” que impulsa el gobierno y que apuesta a los privados para levantar la economía

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Nº 2087 - 3 al 9 de Setiembre de 2020

entrevista de Guillermo Draper y Ana Morales

El ministro de Industria, Omar Paganini, tenía en sus planes hablar sobre el cambio regulatorio en el precio de los combustibles. Pero pronto va un paso más allá. El secretario de Estado plantea “mirar más lejos”. Las empresas públicas “tienen que pensar cuál es el modelo de negocios que les va a funcionar en el futuro”, dice.

Paganini sostiene que los entes cumplirán un papel distinto en el actual gobierno. Atrás quedó la época en que funcionaron como una “caja” recaudadora y desarrollaron inversiones millonarias “positivas para el usuario, pero no necesariamente rentables”, explica en entrevista con Búsqueda.

Ahora sus inversiones deben “rendir a niveles razonables” y, en algunos casos, complementarse con el sector privado.

Es que la llegada del gobierno de Luis Lacalle Pou en marzo implicó, según Paganini, un “cambio de paradigma” en el cual el Estado cumple un rol más limitado en el crecimiento económico. Esa transformación, sostiene, se ve reflejada en el proyecto de ley de Presupuesto que envió esta semana el Poder Ejecutivo al Parlamento.

 

—¿Cómo impactará el cambio regulatorio en el precio de los combustibles?

—Lo que seguro va a pasar es que va a terminar en una dinámica distinta en el mercado. En principio, porque el precio de paridad de importación, al cual Ancap le va a vender a los distribuidores, es un precio que varía mensualmente. Por lo tanto, va a haber un primer cambio al que la gente no está acostumbrada y es que si el petróleo sube, el precio va a subir; y si el petróleo baja, el precio va a bajar. Estamos acostumbrados a que cuando el petróleo sube, el precio sube; pero cuando el petróleo baja, el precio no baja. Ahí vamos a tener una dinámica más transparente de cómo se reflejan la variación de costos en el precio de combustibles. La segunda cosa que instala una dinámica de mayor transparencia es la publicación por parte de la Ursea del precio de paridad de importación, lo que en el fondo expone a Ancap a compararse con lo que sería la importación del combustible, entonces Ancap ya trabaja más contra una especie de mercado internacional, digamos, lo cual le cambia la dinámica. Creo que ahí va a haber unos efectos de mayor eficiencia. Pero además, la Ursea va a publicar información respecto de cómo es la comercialización de combustible en el país, cuál es la evolución del precio; por lo cual la gente va a saber más que hoy cómo está el mercado. Puede ser un mercado con mayores niveles de variación, no solo de variación en el tiempo, sino también entre una estación y otra. Que no serán muy notorias, porque tampoco hay tanto margen para que haya variaciones fuertes, pero uno podrá decir una cosa a la que en Uruguay no estamos acostumbrados: encuentro una estación un poco más barata que otra. Habrá más información, más transparencia, que es lo que queremos para que la gente tome decisiones por sí misma, y eso es un poco la línea de esta reforma.

También hay un precio máximo previsto por la ley para evitar abusos. Entonces, va a ser mejor de lo que tenemos hoy. De ahí a que sea mucho mejor o un poco mejor, lo veremos. Claramente, los costos que hoy existen, existen; entonces, bueno, en la medida que se puedan mejorar, mejorará el precio. No hay magia en esto.

El enfoque es ir hacia una mayor competitividad. Con la mayor competencia y los incentivos hacia la eficiencia de los actores, tanto de Ancap como de toda la cadena de distribución, algo se va a ganar en precio seguro.

—A los transportistas les inquieta que esta dinámica les sea desfavorable…

—No sé, en principio no vemos un problema para el transportista. Lo que queremos es una dinámica que ponga al ciudadano, al consumidor en el centro. Una de las cosas que definió la Ley de Urgente Consideración (LUC) es que este precio de venta de Ancap en planta de distribución primaria sea el mismo en todas las plantas de distribución primaria para darle uniformidad territorial al mayorista.

—¿Se arrepiente de que no se haya empujado más el tema de la desmonopolización cuando se aprobó la LUC?

—Sí, yo sí, pero ya está.

—¿No podía discutirlo otra vez en el proyecto de ley de Presupuesto?

—No, no. La coalición de gobierno acordó un texto, incluso hasta con la oposición, no era momento para reabrir esa discusión.

—¿El Directorio de Ancap está alineado?

—Sí, sí. También para Ancap hay que mirarla un poco más de lejos. Y acá me permito hablar del monopolio más en general. Las empresas energéticas uruguayas se desarrollaron con la lógica del monopolio en un mundo en el que los dos eran básicamente monopolios naturales, hasta cierto punto, sobre todo el eléctrico. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Más allá de los temas legales, todos esos monopolios tienen sustituto y cada vez van a tener más sustitutos. Por el lado del combustible, ya sabemos que va a haber movilidad eléctrica, gas licuado o hidrógeno. Entonces, más allá de que pueda tener un monopolio en el refinado del petróleo, va a tener riesgos de que el transporte, que es el mercado cautivo, deje de serlo porque puede fugarse hacia otros energéticos. Y en el caso de lo eléctrico pasa un poco lo mismo: cambia la visión de que tengo una gran central y distribuyo energía eléctrica que yo genero; ahora es decir tengo una red donde hay muchos generando y algunos la vuelcan a la red. Entonces, las dos visiones de monopolio ya no funcionan aunque en la ley lo diga. Las empresas tienen que pensar cuál es el modelo de negocios que les va a funcionar en el futuro. En el caso de Ancap, tiene una refinería, hay años por delante en el mundo para el refinado, no es que se vaya a terminar mañana, pero tiene que pensar que también está —aunque virtualmente por lo que aprobó la LUC— en una competencia con un importado; Ancap tiene que empezar a pensar en moverse regionalmente, entre otras cosas, porque por más monopolio que haya mañana puede haber menos vehículos consumiendo combustible fósil. Entonces, su ventaja va a ser tener una refinería a la entrada del Río de la Plata, en la puerta de una hidrovía que tiene una demanda de combustible líquido y un costo de transporte relativamente bajo. ¿Por qué no empezar a pensar en esa dirección?

—El monopolio de UTE fue perforado de hecho en los últimos gobiernos.

—Bueno, la parte de generación privada de energía uno podría pensar que no tanto, porque son contratos con UTE. Pero cuando empezás a tener —que ya hay— autogeneración y microgeneración, empieza a aparecer… Por eso es bueno que UTE vaya pensando en separar los negocios de generación y el de la red. El negocio de la red es un negocio de conexión, donde va a haber gente que intercambia electricidad en esa red.

—También podría sumar a esa discusión de los monopolios y los negocios futuros a Antel. ¿Están pensando en algo?

—Estamos pensando sobre algo de lo que ya se habló mucho. Hay una diferencia: Antel está en competencia en telefonía móvil desde hace muchos años y es una competencia que ha logrado que Uruguay se mantenga en un ritmo de inversiones públicas y privadas razonables. Antel hizo muchas inversiones que fueron positivas para el usuario, pero no necesariamente rentables. Y dado que hay que hacer más inversiones para desarrollar el 5G, mucho más importantes, cierta lógica de compartir infraestructura nos parecía válido. De hecho, sucede, va a suceder. Puede pasar que suceda de una manera privada, contractual, comercial, que se ponen de acuerdo para compartir infraestructura, y otra cosa es que lo pongamos en una ley. Probablemente no lo pongamos en una ley, pero va a pasar. Me refiero a la compartición de infraestructura entre operadores telefónicos.

Otra cosa son los cableoperadores. Ahí el concepto general que pregonamos es que el mundo y la necesidad de compartir infraestructura también llevan a la necesidad de abrirles a los operadores de televisión por cable la posibilidad de brindar otros servicios. Lo vienen reivindicando desde hace 20 años y han ganado juicios, pero no se lo han otorgado. Entonces, hay que otorgárselo, pero con la misma idea de que no hay por qué tender de vuelta infraestructura, sino que se pueda alquilar la que ya está. A Antel eso lo va a exponer a un mundo de mayor competencia, es distinto a lo que le puede pasar a UTE o Ancap. De hecho, Antel tiene legalmente solo el monopolio de la telefonía básica, pero tiene también el casi monopolio de hecho de los datos e Internet, va a haber un poco más de competencia. La Internet fija va a tener más competencia con esto que va a pasar ahora. Pero, en el fondo, la filosofía es un poco la misma: hay que desarrollarse en un mundo con opciones y con cambios. Y los cambios son rápidos. Y los cambios requieren inversiones. Y las inversiones requieren que también haya capital privado, porque no todo lo puede hacer el Estado. Pero Antel está bien posicionada para eso, ya lo ha demostrado, por lo que no me preocupa mucho.

—Está bien posicionada también porque los gobiernos anteriores la protegieron, al punto de no cumplir con algún fallo adverso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

—Y ahora tiene 15 años de adelanto en tecnología, así que… En realidad, sigue bien posicionada. Ahora, lo que es importante tener claro es que las redes móviles son cada vez más importantes y no estamos tan bien en redes móviles, porque se dirigió mucha inversión a red fija. De hecho, la cobertura en el país de 4G no es muy buena. Ese es uno de los desafíos si uno quiere pasar a 5G. Con 4G no estamos cubiertos en todo el país, hay muchos puntos donde uno no tiene buena cobertura.

—El tendido de la red de fibra óptica fue una inversión millonaria. ¿No es suficiente?

—No. Radiobases 4G, por ejemplo, no hay tantas. 3G es una cobertura grande que tiene el país, pero basta que agarres la ruta para darte cuenta. Con lo cual va a haber un foco en tratar de invertir en aumentar la cobertura móvil y hay que conseguir fondos para eso en un momento complejo. Ese es el desafío. Y el país va a tener que encarar el 5G, no inmediatamente pero pronto. Ahora hay algunas pequeñas instalaciones más bien de prueba, pero habría que pasar al 5G en algún momento de este período. En el mundo se está empezando a desarrollar, hay algunas discusiones más relacionadas con la geopolítica que se irán despejando y ahí vamos a tomar una decisión.

—¿Uruguay va a esperar a que escampe esa tormenta?

—Un poquito, sí. Sobre todo vamos a ver qué hace Europa.

—En el período pasado se firmó un acuerdo con Huawei.

—Sí. Pero también una de las bases de prueba que está instalada es de Nokia. No había una decisión firme de ir a un lado, pero sí había cierto avance con Huawei. Pero igual, estas cosas, en la mayoría de los casos, son licitaciones para tramos de red, con oferentes públicos, y eso no va a cambiar.

—La industria no se recupera todavía del impacto de la pandemia. ¿Alguna medida en el proyecto de ley de presupuesto busca incentivar a la industria como motor de la economía?

—Lo dice el presidente: nosotros lo que creemos es que el tener un Estado austero, que pueda equilibrar sus cuentas, redunda en una mayor competitividad. Porque un déficit fiscal, que este año va a ser mayor al previsto, es un impacto en la competitividad, sea porque uno tiene que endeudarse para financiarlo y eso te pega en el tipo de cambio, sea porque cuesta controlar más la inflación, o que, finalmente, hubiera que subir los impuestos, cosa que el gobierno decidió no hacer. La herramienta más fuerte para la competitividad es tener un presupuesto austero, creo que a la industria eso la va a ayudar. Y no solo a la industria, a todo el sector privado de la economía. Es lo que queremos, es el objetivo principal de este presupuesto.

La otra cosa que tiene que impactar fuerte en el desarrollo de largo plazo es el apoyo a las inversiones. De hecho, en este momento Uruguay está bien posicionado para volver a captar inversiones productivas, algunas que ya están en desarrollo como la de UPM, otras que pueden estar llegando desde Argentina o algunos otros lados. Uruguay tiene algunos problemas de competitividad, pero también una serie de ventajas: es un país muy estable, que en la pandemia ha logrado destacarse por su capacidad de gestión y las capacidades que le dan sustento a esa capacidad. Hay interés de inversiones, algunas novedosas e innovadoras, otras en sectores conocidos, siempre desde una perspectiva de exportar a partir de sus riquezas naturales y de dar servicios a partir de su población capacitada.

El sector tecnología está explotando, pensamos que va a seguir creciendo. Va a haber captación de emprendimientos argentinos, esa etapa ya está sucediendo. Es más fácil mudar una empresa de software que mudar una fábrica, pero esas cosas van a ir pasando. En los sectores tradicionales, ahí además de manejar mejor la macroeconomía para que el país tenga un tipo de cambio más competitivo y una presión fiscal menor, está el tema de acceder a mercados. No hay recetas mágicas. Luego hay sectores más especiales, que los regímenes de inversiones se han tratado de mejorar. Eso se complementa con los parques industriales como herramienta, hay algunos cambios regulatorios en el proyecto de ley para facilitar, por ejemplo, en la energía, para hacerlos más atractivos.

—¿La apuesta del gobierno es que el sector privado sea el que empuje la reactivación económica?

—Sí, sobre todo porque estamos en una situación fiscal que no permite que el Estado tenga recursos abundantes para invertir.

—¿Es impensable que las empresas públicas inviertan como lo hicieron en los últimos gobiernos en proyectos como Punta de Tigre o la fibra óptica?

—La de Punta de Tigre es una inversión gigantesca que se usa el 5% del tiempo. O sea que el principal desafío es hacer rendir las inversiones que se hicieron, y son positivas en términos cualitativos. Lo segundo es que vamos a mantener el nivel de inversión, en muchas cosas estratégicas, por ejemplo, en cerrar el anillo de alta tensión en el norte, una obra que está por adjudicarse, de 200 millones de dólares. Los niveles de inversión se van a mantener fuertes, tal vez haya que moderarlos a través del tiempo. Y 5G es una apuesta fuerte, vamos a tener que prepararnos bien para poder hacerla, porque es mucho dinero.

Igual es bueno que entendamos que si uno quiere que el sector privado sea competitivo, que es el que genera empleo y atrae inversiones, no podemos cargarlo con un peso especial del lado del sector público. Porque es fácil, cuando uno controla su precio de venta y tiene un monopolio, decir “invierto”. Eso después lo paga alguien, hay que ser cuidadoso.

Foto: Nicolás Der Agopián / Búsqueda

—¿La llegada del nuevo gobierno significa un cambio de paradigma grande en ese aspecto, filosófico, de darle más libertad y centralidad al sector privado en cuanto al empuje de la economía?

—Sin duda es un cambio de paradigma, el presidente lo ha dicho muchas veces. Creemos que el empleo de largo plazo, de calidad, es bueno que se genere en el sector privado y sobre todo en un mundo abierto con libertad para el consumidor. Entonces, asegurar mercados cautivos para generar renta para después poder invertir, eso, no lo vemos como un motor fuerte para la economía.

—Las empresas públicas sirvieron durante mucho tiempo para generar caja y financiar el déficit fiscal, ¿eso se terminaría?

—La prioridad principal es lograr la competitividad, también para eso hay que equilibrar las cuentas fiscales. Por otro lado, es cierto que las empresas públicas son inversiones grandes que ha hecho la sociedad uruguaya y que tienen que rendir una ganancia. Cuando la gente dice: “Está mal que una empresa pública produzca ganancia”. No, no está mal, porque va para el propietario, que es el Estado. Está mal cuando esa ganancia es excesiva, o la transferencia es más allá de lo razonable, que fue lo que pasó algunos años atrás. No vamos a pensar en las empresas del Estado como caja para arreglar los temas fiscales, pero sí las entendemos como una inversión que debería rendir a niveles razonables.

—¿No hay riesgo en que vengan inversiones sin coherencia con el modelo productivo del país?

—Ahí no creo que haya un gran cambio de paradigma. De hecho, el gobierno del Frente Amplio buscó y consiguió bastante inversión externa directa y se vanaglorió por ello por años, y no tenía el miedo de la soberanía por esto, y nosotros tampoco lo tenemos. El Estado uruguayo es fuerte, va a seguir siéndolo, las instituciones son fuertes y lo que importa es que se cumpla la ley y se proteja a las personas y sus derechos. Si en ese modelo viene alguien y hace buenos negocios, mejor, porque probablemente cree más empleos de calidad. No estamos hablando de un Estado débil, que no le importe regular, que no le importe cuidar los derechos de la gente. Lo que no estamos diciendo es que el peso de la inversión para el desarrollo tenga que ser del Estado, que también es bueno que la gente emprenda, desarrolle sus negocios, busque oportunidades, que lo va a buscar mejor que cuando lo hacemos desde una oficina de un ministerio. Ese es el rol del sector privado, crear riqueza, empleo, generar oportunidades, invertir. Y el rol del Estado es velar porque las reglas de juego sean transparentes, que se cumplan, que las personas defiendan sus derechos, que no haya abusos de posición dominante. Y la verdad que si uno mira las leyes que se escribió el Frente Amplio, no son muy distintas tampoco.

—¿El cambio de paradigma que busca el gobierno no choca con el Estado batllista? ¿Hay espíritu emprendedor en Uruguay?

—Creo que ahí hay una falsa oposición, Uruguay siempre tuvo una actividad privada interesante, muchos emprendimientos que funcionaron en la agroindustria, en los servicios. Lo que pasa es que estamos en una etapa de cambio de la historia del mundo, donde el ritmo de cambio es más rápido y se requieren más emprendimientos, más emprendedurismo, porque cambia la tecnología, los mercados, se acercan los países, aparece una pandemia, desaparece —ojalá— y si uno no tiene un sector productivo muy dinámico y dispuesto a apoyar las oportunidades, y simplemente lo mete encorsetado en una gran regulación, lo que termina pasando es que uno termina pagando el costo de tener una cantidad de crisis que podría evitar. Creo que Uruguay está pronto para eso. No sé si la discusión es Estado/mercado, es una discusión un poco vieja, en el fondo lo que tenemos es un rol fuerte del Estado para defender los derechos, asegurar el bienestar mínimo de los sectores vulnerables, y también para asegurar la seguridad social, las relaciones laborales y el acceso a mercado, la seguridad interna; y también la necesidad de un sector emprendedor y privado fuerte capaz de adaptarse al mundo, abrir mercados, conseguir inversiones, son roles complementarios. Queremos más de eso.

  • Recuadro de la entrevista

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2020-09-03T00:32:00