El Tribunal de Honor que juzga la actuación del general (r) Gregorio Álvarez, preso en Domingo Arena, considera su “salud psíquica”

Desde que relevó al general Julio César Vadora y hasta que fue designado comandante en jefe del Ejército en 1978, Álvarez mandaba en una suerte de “república” desde la ciudad de Minas, pero a menudo se instalaba en Santa Clara de Olimar, en un bungalow construido dentro del Cuartel de Caballería, que le recordaba sus años de teniente.

Álvarez, el más joven de los generales, había llegado al batallón Florida en su calidad de jefe del Estado Mayor Conjunto (Esmaco), un organismo diseñado y creado por él mismo un par de años antes.

“Pero entonces, ¿por qué estamos peleando?”, había dicho entonces Álvarez cuando Fernández Huidobro explicó las razones de la lucha de los tupamaros por una sociedad “más justa”.

Esa postura en apariencia conciliadora y en cualquier caso menos frontal que la del entonces hombre fuerte del Ejército, el general Esteban Cristi, había creado ciertas expectativas acerca de una supuesta tendencia “peruanista” de Álvarez, quien en las elecciones de 1971 había votado al caudillo blanco Wilson Ferreira Aldunate.

No todos los militares ni todos los tupamaros estaban de acuerdo con las negociaciones, que finalmente fueron abortadas por orden del presidente Juan María Bordaberry, quien además estrechó sus vínculos con el sector más duro del Ejército en el entendido de que Álvarez era un “izquierdista”.

Ese invierno, el MLN-Tupamaros asesinó al coronel Artigas Álvarez, uno de los hermanos del general. Gregorio Álvarez dijo en una entrevista con Búsqueda publicada el 12 de abril de 2007 (Nº 1.401) que lo confundieron con él, mientras quien disparó, el ex guerrillero José Luis Rodríguez, sostuvo en Televisión Nacional (Canal 5) que lo hicieron porque Artigas Álvarez había matado a un militante a patadas. Una tercera versión proveniente de dirigentes tupamaros dice que, en realidad, Artigas Álvarez fue elegido por el MLN-T porque, debido a sus rutinas, “era un blanco fácil”.

Durante la Semana de Turismo de 2011, el presidente Mujica recorrió el predio y la casa de la estancia de Anchorena en compañía de invitados. Después de mostrarles orgulloso una elevación, que en los días claros permite ver Buenos Aires, entró en la casa grande y señaló hacia una mesa más pequeña y la señaló. “Lo que son las cosas de la vida. Pensar que acá chupaba whisky el ‘Goyo’ Álvarez con sus amigos mientras yo estaba enterrado en un calabozo y ahora es al revés”, comentó.

A 29 años de la liberación de Mujica y a siete de que Álvarez fuera procesado y encarcelado por la Justicia ordinaria, el presidente y el ministro Fernández Huidobro ordenaron la conformación de un Tribunal de Honor para él.

“Damos cumplimiento a una ley que como Poder Ejecutivo nos obliga a proceder de esta forma. No es un tema de discusión ni de interpretación; es una resolución administrativa. Cuando hay sentencia firme, así hay que proceder”, afirmó entonces el presidente a Búsqueda.

“Don Eleuterio”.

Álvarez (apodado “Goyo”) y Fernández Huidobro (apodado “Ñato”) son sobrevivientes. Álvarez es el único de los generales que dieron el golpe de Estado en 1973 que aún vive; nació en 1925 y acaba de cumplir 89 años. Fernández Huidobro, bastante más joven, nació en 1942 pero, entre clandestinidad y prisión, tuvo una vida muy agitada.

Ambos han sido controvertidos también entre sus pares. Álvarez es muy polémico entre los militares y Fernández Huidobro entre sus ex camaradas y en la izquierda. Salvo el presidente Mujica, que admira su inteligencia y ha dicho en público que lo considera un “hermano del alma”, pocos tupamaros defienden su actuación, sobre todo con relación a los temas de la defensa y del “terrorismo de Estado”.

Álvarez, que está preso desde diciembre de 2007 y sentenciado desde octubre de 2009, escribió el 11 de noviembre al ministro que hace cuatro décadas era prisionero suyo, solicitándole que “se disponga la inmediata actuación del Tribunal de Honor designado para juzgar mi conducta”. En una copia de esa misiva escrita desde la cárcel de Domingo Arena (ver “Cartas al Director), Álvarez se dirigió al actual y futuro ministro de Defensa como “Don Eleuterio Fernández Huidobro” y le solicitó mayor diligencia, en consideración a su “avanzada edad” y a que un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores definió al ex dictador como “uno de los peores delincuentes de la historia moderna del Uruguay”.

La foja de Álvarez incluye algunas conductas que la Justicia consideró dolosas y otras que no pasaron por los tribunales.

En el libro “La primera orden. Gregorio Álvarez, el militar y el dictador. Una historia de omnipotencia”, el periodista Alfonso Lessa registró la mayoría de los cargos que pesan en su contra tanto en la lucha antisubversiva como en la dictadura y aun después.

Entre los datos recogidos en el libro, además de las pruebas contenidas en el fallo del juez Luis Charles por las desapariciones en Argentina (Búsqueda Nº 1.437), se menciona la presunta relación de Álvarez con otros hechos ocurridos bajo su responsabilidad: el asesinato de cinco tupamaros secuestrados en Buenos Aires y asesinados cerca de Soca en diciembre de 1974, luego de la muerte del coronel Ramón Trabal en Francia, los asesinatos de los ex parlamentarios Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz ocurridos en mayo de 1976 en Buenos Aires y la muerte por envenenamiento de Cecilia Fontana de Heber, en 1978.

El honor militar.

Más de tres años después de producida la condena judicial firme contra Álvarez por desapariciones de uruguayos ocurridas en 1978, cuando era comandante en jefe del Ejército, el Poder Ejecutivo dispuso la formación de un Tribunal de Honor para juzgar su conducta.

El decreto, sin embargo, solo comenzó a cumplirse por orden del ministro varios meses después, cuando finalmente se integró oficialmente el Tribunal de Honor. Se trata de una actuación paralela a la Justicia civil o militar, en la que los pares juzgan una conducta determinada a pedido propio o de terceros, en la que resuelven por convicción y que puede tener efectos administrativos, como la pérdida de la condición militar.

Para juzgar a Álvarez se designó a tres ex comandantes en jefe del Ejército: Santiago Pomoli (presidente), Carlos Díaz y Jorge Rosales.

La constitución de un Tribunal de Honor para un oficial retirado es facultad del Ministerio de Defensa y, por lo tanto, es una decisión de carácter político. Los militares retirados dependen del Ministerio, no del Ejército, precisó entonces el comandante en jefe Pedro Aguerre.

“Cada oficial está obligado a ser un ejemplo de conducta”. Los Tribunales de Honor son independientes de las actuaciones de la Justicia militar y civil y juzgan “la cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto al prójimo y a nosotros mismos”, dispone el reglamento de los tribunales, que fija la posibilidad de que los oficiales sean desde absueltos hasta que pierdan su condición de militares.

La decisión final recae sobre el presidente de la República y el ministro de Defensa, que deben homologar o no el fallo del tribunal.

Fuentes militares dijeron a Búsqueda que como la actuación de los Tribunales de Honor es independiente de los órganos jurisdiccionales, tanto Álvarez como cualquiera de los demás oficiales pudo haber sido juzgado antes por sus pares.

De hecho, los Tribunales de Honor formados para los generales Líber Seregni y Víctor Licandro, y un grupo de oficiales que estuvieron presos durante la dictadura, entre ellos el padre del ex jefe de la fuerza, el entonces coronel Pedro Aguerre, fueron realizados de forma paralela y en varios casos antes de la condena por parte de la Justicia.

“Infundios comunistas”.

Durante la entrevista con Búsqueda en abril de 2007, poco antes de su primer procesamiento, Álvarez dijo que estaba “tranquilo de conciencia” y acusó al Partido Comunista de lanzar “infundios” en su contra, como parte de una campaña “política, ideológica y demagógica” que busca “que los jóvenes se avergüencen de los viejos”.

Altas fuentes del Ministerio de Defensa dijeron a Búsqueda que, a diferencia de lo expuesto por Álvarez en su carta, el Tribunal ya comenzó sus actuaciones de manera reservada. También indicaron que la conformación se demoró porque no fue fácil encontrar oficiales que aceptaran. Informaron, además, que como cuestión previa “se evalúa el estado de salud psíquica” de Álvarez.