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    El anuncio del cierre de un banco off shore que fue allanado por la Justicia agudizó una división en la interna del gobierno

    “No precisamos decir que Uruguay no es más un buen lugar para hacer negocios porque no ofrece las garantías de confidencialidad (...). El mercado y cualquier persona racional saca esas conclusiones”, dijo alto jerarca del RBC

    El anuncio del cierre de operaciones en Uruguay del Royal Bank of Canada (RBC), que fue recientemente allanado por la Justicia de crimen organizado, dejó al descubierto una división en el seno del gobierno en cuanto a la importancia de este tipo de inversiones en el país, la pertinencia y oportunidad de la intervención judicial a pedido de un magistrado argentino, y la señal que el país emite al mundo.

    El RBC fue allanado el jueves 13 de junio por orden del fiscal Juan Gómez y de la jueza Adriana de los Santos en colaboración con el juez argentino Norberto Oyarbide, quien investiga un presunto caso de lavado de activos vinculado al pase de jugadores de fútbol al exterior. El operativo judicial se hizo en forma conjunta el mismo día en Argentina, Uruguay y Chile.  

    Danilo Astori

    El RBC es uno de los bancos más grandes y antiguos de Canadá con 15 millones de clientes alrededor del mundo, 80.000 empleados y operaciones en 46 países. El banco tiene depósitos por U$S 531.200 millones, préstamos concedidos por U$S 398.600 millones y activos por U$S 867.500 millones. La institución financiera está altamente ranqueada por las principales calificadoras de riesgo como Moody’s (Aa3), S&P (AA–) y Fitch (AA). Según información disponible en la página web de la empresa, el RBC cuenta con un amplio programa destinado a “disuadir, detectar y reportar actividades sospechosas de lavado de activos y financiamiento de actividades terroristas”.  

    En Uruguay, la oficina del banco tiene una representación instalada en Zonamérica desde 2001 y cuenta con 40 empleados a quienes la firma brindará “apoyo” y “asistencia”, informó a Búsqueda el vocero de la institución, Richard Diego.

    “El RBC se adapta y acata todas las normativas vigentes en los mercados en que opera y seguimos trabajando con las autoridades para resolver este asunto. Nos gustaría hacer hincapié en que no existen denuncias de irregularidades cometidas por RBC o cualquier empleado de RBC”, subrayó el ejecutivo. 

    Sin embargo, en el gobierno conviven dos visiones con respecto a ese allanamiento de la oficina de RBC en Uruguay.

    Mientras que el sector liderado por el vicepresidente y ex ministro de Economía del gobierno de Tabaré Vázquez, Danilo Astori, expresó preocupación por el retiro de la institución financiera de la plaza local y criticó algunos aspectos del operativo judicial, el sector del gobierno identificado con posiciones de izquierda más ortodoxa respaldó la medida y hasta festejó el retiro del banco canadiense de Uruguay.

    “Buena noticia”.

    Ese fue el caso del subsecretario de Economía, Alejandro Antonelli, quien escribió en su cuenta de la red social Twitter: “Buena noticia, Royal Bank of Canada se retiraría de Zonamérica tras procedimiento por lavado de activos”. El tuit de Antonelli fue respaldado y comentado por otros dirigentes socialistas de Montevideo.

    Antonelli es un economista considerado “ortodoxo” dentro del Partido Socialista que fue designado por el presidente José Mujica como número dos de esa cartera sin el conocimiento de su propia colectividad política ni del Frente Líber Seregni al que pertenece el ministro Fernando Lorenzo, de línea identificada con la centroizquierda.

    Otros jerarcas también respaldaron el operativo judicial. El propio secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, le quitó dramatismo al cierre de la oficina local del banco. “Repercute en forma positiva porque demuestra que Uruguay se está adaptando a los nuevos tiempos”, declaró. 

    El director de la Secretaría Antilavados, Carlos Díaz, también defendió el procedimiento judicial y cuestionó la actitud de las autoridades de la institución financiera.

    Díaz dijo a Búsqueda que “si bien los operativos siempre se pueden mejorar”, el allanamiento judicial en este caso “fue bueno” porque “no se filtraron datos ni se van a filtrar y no se va a proporcionar información que no corresponda”.

    Pero el jerarca fue más lejos aún y cuestionó lo que según él es una dualidad de criterios de la institución financiera porque anteriormente fue allanada por otro caso y eso no ameritó ningún tipo de quejas.

    “En 2007 hubo un allanamiento en Zonamérica a una institución bancaria, hecho por la brigada antinarcóticos, que incluyó la detención de su gerente y su interrogatorio en la Brigada. La investigación estaba vinculada con la adquisición de una hacienda en Salto para bajar cocaína en avionetas, se confiscaron 500 kilogramos de esa droga (...). El banco allanado fue el mismo y en ese momento juzgó que un allanamiento por narcotráfico no era motivo para irse del país?, apuntó.

    Díaz añadió que la denominada “Operación San Francisco” provocó, a partir de un informe de la Secretaría Antilavados, que el Banco Central aplicara “la mayor multa en la historia al RBC por incumplimiento en materia de debida diligencia de los sistemas de control en materia de lavado?. 

    En ese caso el operativo se hizo sin la presencia del juez ni del fiscal, añadió. 

    El funcionario recordó que en estos días se encuentra en Montevideo una delegación del Fondo Monetario Internacional analizando el nivel de cumplimiento de la estrategia antilavado que lanzó el gobierno uruguayo en junio del 2012. 

    No solo estos representantes gubernamentales criticaron a la institución financiera, sino que el sindicato bancario se alineó con esa posición. El presidente de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), Gustavo Pérez, dijo a la página web de ese gremio que el retiro del RBC de la plaza “no es una mala señal”.

    “Estaremos en todo caso ante una mala gestión de la empresa que se retira porque la investigan”, señaló.

    “Es una institución off shore, no es un banco; se trata de una simple oficina de representación ubicada, además, en una zona franca. No hay ningún uruguayo que sea cliente de esta empresa, que tenga allí dinero o sea deudor de ella”, apuntó.

    “Cuidadosa”.

    De todos modos, la línea más moderada del gobierno en materia económica tiene una opinión opuesta. De hecho, Astori dijo a radio El Espectador que le genera “preocupación” el cierre del banco y criticó el allanamiento judicial. “Creo que las cosas se pudieron haber hecho de otra manera. De una manera más cuidadosa. Lo digo con el mayor de los respetos”, aseveró.

    Horas después, en radio Carve, el vicepresidente fue aún más explícito en sus opiniones y consideró que “no es una buena noticia” el cierre de las operaciones de un banco de esas características en el país.

    “Es una institución muy importante, de las más grandes de la región y el mundo. Me parece que no es una buena noticia para la inserción internacional del Uruguay y el prestigio que nuestro país justamente se ha ganado”, sostuvo.

    “Para mí es una situación preocupante. Lo único que hice fue limitarme a compartir con el público uruguayo esta situación. No es un hecho para festejar, es un hecho para preocuparse”, insistió.

    Según Astori “Uruguay ha venido construyendo un sistema financiero muy sólido con un justo prestigio internacional en esta materia. Ha venido adoptando y poniendo en práctica las más modernas y rigurosas normas de regulación y supervisión del sistema financiero a través del Banco Central, que es conocido en el mundo por el rigor y la profesionalidad de su sistema de supervisión financiera”.

    Para el vicepresidente, el sistema financiero de la actualidad es “completamente diferente” al que había en Uruguay en 2001 y 2002 y por eso “no hay riesgo de tener una crisis” como la que se vivió en esos años porque “los riesgos de exposición son muchísimo menores”.

    La preocupación que expresó el vicepresidente es compartida por algunos operadores del sistema, como el presidente de Zonamérica, Orlando Dovat, y el director ejecutivo de la Asociación de Bancos del Uruguay, Julio de Brun.

    En cuanto se enteró de que el banco se retiraba Dovat declaró al diario “El País” que se trata de una “mala señal” para la imagen de Uruguay en el exterior.

    “Estamos en efervescencia —apuntó—. No hay que olvidar que las instituciones que están en Uruguay y en Zonamérica son empresas que dependen de una casa matriz en el exterior. La cantidad de preguntas que debe de haber en este momento de las jerarquías superiores a estas instituciones debe ser bastante”.

    “Se deben buscar soluciones a futuro, no se pueden repetir estas circunstancias. Esta es una realidad que hay que aceptar frente a un muy mal manejo de la Justicia”, reflexionó luego.

    En la misma línea De Brun consideró que “se montó el allanamiento de un banco de la misma forma en que se haría un allanamiento en una bodega en busca de contrabando”. 

    De Brun, quien también fue presidente del Banco Central del Uruguay, aclaró que el accionar de la Justicia “no está en discusión”, pero cuestionó que se trató de un operativo “muy mal implementado”.

    “Un procedimiento mucho más lógico hubiera sido ir con un par de funcionarios del BCU que bajan la información que se necesita, no se entera nadie, y el asunto no tiene mayor repercusión”, explicó De Brun a “El País”. 

    “Confidencialidad”.

    Con este mar de fondo, el principal ejecutivo de RBC para países emergentes, Barend Janssens, se presentó esta semana en Zonamérica para comunicar a los empleados el próximo cierre de la oficina en Uruguay. El ejecutivo hizo hincapié en que la medida dispuesta por la Justicia uruguaya vulnera uno de los valores más importantes del negocio para los clientes: la confidencialidad.

    “Nos quedaba muy claro que desde una perspectiva de los clientes, lo más importante que uno le exige a un banco, y es algo que hemos establecido, es la confidencialidad”, lo que se vio afectado en el allanamiento, sostuvo el ejecutivo según informó el portal web de radio El Espectador.

    “Todas nuestras pertenencias fueron confiscadas, pertenencias personales”, añadió.

    Asistentes a esa reunión dijeron a Búsqueda que Janssens afirmó: “Nosotros no precisamos decir que Uruguay no es más un buen lugar para hacer negocios porque no ofrece las garantías de confidencialidad que los clientes esperan. El mercado y cualquier persona racional saca esas conclusiones por sí mismo”, prosiguió.

    Según Janssens, “en este ambiente no podemos velar por la confidencialidad”. Y de inmediato agregó: “Si no podemos velar por la confidencialidad es también claro que no podemos continuar operando como un banco, así que este es un paso significativo”.

    Enfatizó que el episodio judicial “destruyó” las proyecciones que habían formulado de crecer y hacer “nuevas contrataciones” en el país.

    “Este evento excedió todo y fue ejecutado de la peor manera posible por el sistema legal uruguayo, lo que ha tenido este efecto”, concluyó.