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    El aumento de la delincuencia en Uruguay, la “involución” del ladrón “común” y la aparición de organizaciones criminales “sofisticadas”

    “El Rambo” iba al volante de su camioneta acompañado por su familia cuando tres desconocidos lo atacaron. Si bien sobrevivió al intento de asesinato con apenas un rasguño en la sien producto de una bala que pasó rozando, Nelson Peña Otero sabía que no podía dejar pasar esa ofensa.

    Con el paso de los días fue “cazando” uno a uno a sus atacantes. Al primero lo encontró en la calle, lo invitó a tomar una cerveza a la casa de su hermano y en medio de la charla sacó su arma y lo ejecutó. El segundo tuvo una muerte más dolorosa. “El Rambo” lo ubicó en un pequeño bar y le descerrajó un balazo que lo dejó malherido. Antes de irse y con su rival tirado, prendió fuego al local. La autopsia diría luego que la víctima murió calcinada y no por el disparo. Al último lo baleó en plena Ruta 1 vieja.

    Según recuerda Enrique Loureiro, el oficial que estuvo a cargo de la investigación del caso en 1990, cuando llevó a “El Rambo” al juzgado y se enfrentó a la jueza Anabella Damasco, Peña Otero confesó todos los homicidios, lo que le valió una condena a 22 años de prisión. “En eso tenía ciertos códigos, era un delincuente como los de antes”, comentó Loureiro, actual subdirector de Migraciones.

    Más allá de la añoranza de algunos policías por aquellos criminales “con códigos”, en las últimas décadas los delitos contra la propiedad crecieron de manera exponencial, pero los niveles de esclarecimiento se han mantenido estables. El aumento de la delincuencia estuvo acompañado —según varios jerarcas consultados— por dos fenómenos opuestos pero no contradictorios: por un lado se dio una “desprofesionalización” de los criminales que cometen hurtos y rapiñas, mientras que por otro comenzaron a actuar organizaciones criminales uruguayas “sofisticadas” vinculadas al narcotráfico.

    La dictadura.

    Si bien las estadísticas del Ministerio del Interior no son fiables en la medición de los delitos comunes durante la dictadura, la crónica roja muestran que el problema existía. “La imagen que algunos evocan de una época de paz y tranquilidad ‘donde uno podías salir tranquilo a la calle’ se contrapone con la evidencia corriente de las crónicas de prensa y los testimonios y los resultados de las investigaciones”, sostiene el historiador Carlos Demasi en el libro “Inseguridad, delito y Estado”.

    Tres años antes del golpe de Estado, una encuesta de opinión arrojó que un 85% de la población tenía “temor a transitar solo en la noche”. Con la llegada de los militares, los resultados de esos sondeos tuvieron un giro copernicano, aunque su validez está en entredicho. En 1979, el 74% de los consultados por la empresa Gallup dijo que no temía caminar por Montevideo después de la caída del sol. “En aquella ciudad en tinieblas —escribió para ‘Inseguridad, delito y Estado el ex director del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior Rafael Paternain— el ‘temor institucional’ obligó a no declarar ‘temor’”.

    A partir de 1985 los datos oficiales permiten seguir la tendencia de la delincuencia en Uruguay. Y lo que esas cifras muestran es un incremento pronunciado de los delitos contra la propiedad. La escala ascendente se estabiliza cerca del 2005 en el caso de los hurtos, pero mantiene su trayectoria incremental de las rapiñas (robo con violencia o amenaza de violencia). La cifra de homicidios, en tanto, registra una estabilidad en torno a 6 cada 100.000 habitantes, aunque eso puede cambiar en 2012, ya que las proyecciones de las autoridades prevén que a fin de año se alcance un récord histórico de asesinatos.

    “Las tendencias de la criminalidad en Uruguay durante la década de los 90 y la primera mitad de la del 2000, se caracterizan por un rápido y sostenido aumento de las rapiñas y, a partir de 1998, también de los hurtos”, según un estudio elaborado por Donnangelo. Solo en ese período las denuncias de rapiñas crecieron un 158% en todo el país.

    En el año del retorno a la democracia hubo 56.394 denuncias a la Policía, mientras que para 2005 —cuando asume el primer gobierno del Frente Amplio— la cifra se ubicaba en 145.438 (ver recuadro). En el último lustro los hurtos se estabilizaron en torno a los 100.000, mientras las rapiñas continuaron su espiral ascendente hasta alcanzar las 16.322 en el 2011.

    Ese incremento no tiene una única explicación. La evolución de los delitos entre 1992 y 2002, por ejemplo, sigue la misma tendencia que el desempleo. Sin embargo, la caída del desempleo a mínimos históricos como consecuencia de la bonanza económica no tuvo su correlato en un descenso de la delincuencia.

    “La explicación por el lado del desempleo resulta insuficiente en la medida en que a partir del 2003 el desempleo empieza a disminuir y algunos delitos como los hurtos dejan de crecer pero no vuelven a los niveles anteriores y las rapiñas directamente siguen su marcha ascendente, con lo cual la relación estadística con el desempleo disminuye de manera muy notoria”, dijo a Búsqueda el sociólogo y actual director del Observatorio de Violencia y Criminalidad, Javier Donnan­gelo.

    “Hay quienes sostienen que el desempleo empuja a mucha gente, particularmente a muchos jóvenes, a cometer delitos —sostuvo Donnangelo—, pero para cuando la economía recobra su dinamismo y comienzan a aparecer oportunidades de trabajo, en ciertos sectores se ha consolidado una cultura en la que es natural obtener los ingresos por medios distintos al trabajo”.

    “Muchos de esos individuos que podrían haber experimentado con la actividad delictiva como forma de obtención de ingresos en períodos de alto desempleo, pueden haber sufrido algún tipo de sanción penal y por lo tanto pueden tener prontuarios, todo lo cual se sabe que dificulta la inserción laboral”.

    Donnangelo, que es sociólogo y estudia el fenómeno de la criminalidad en Uruguay desde hace varios años, sostiene que para analizar la evolución de la delincuencia hay que tener presente la “estructura de las comunidades” y sus transformaciones. “En la década de 1950 si entrabas a robar en una residencia particular no era mucho lo que te podías llevar, no había laptop, aparato de música. Con el cambio tecnológico las casas se llenaron de bienes con un alto valor agregado y fáciles de cargar”.

    A eso se suma el hecho de que Uruguay se urbanizó mucho en las últimas décadas. En las “comunidades pequeñas” la gente “se conoce más”, lo que provoca un “control social” que “hace más difícil cometer un delito”.

    “Los controles sociales naturales, informales, se van perdiendo con el proceso de urbanización y con el aumento de la densidad poblacional de las comunidades —explicó Donnangelo—. El anonimato propio de la gran ciudad es en muchos sentidos una gran ventaja porque protege la privacidad de las personas, tiene un efecto liberador, pero su contracara radica en que alguna gente aprovecha ese tipo de contexto ‘ecológico social’ para desarrollar actividades delictivas”.

    La estructura de las familias y de los hogares ha sufrido cambios muy importantes a lo largo de los últimos 40 años. Hubo un incremento de la cantidad de los hogares unipersonales, “que son más vulnerables a los delitos contra la propiedad”. En el caso del área metropolitana, donde se produce la amplia mayoría de los delitos, ese fenómeno estuvo acompañado de una migración de Montevideo hacia la Costa de Oro, zona que en 1985 no tenía más de 30.000 habitantes, pero que hoy supera los 100.000. “Se generó una ciudad dormitorio, donde la gente está solo de noche cuando duerme, el resto del día se van a trabajar a otras localidades. Ahí quedan un montón de viviendas particulares vacías durante todo el día, que están equipadas con un montón de implementos porque la gente vive allí”.

    La dinámica.

    Pero como la relación “víctima-victimario” es de “acción-reacción”, el crecimiento de los robos en las casas trajo aparejado un aumento del gasto de los hogares en medidas de seguridad.

    Según una encuesta de la empresa Equipos Mori, elaborada en junio de 2011, un 50% de la población adulta vive en hogares con rejas. El 41% tiene un “perro guardián”, el 11% tiene alarma, el 5% contrató servicio de vigilancia privada y el 2% instaló una reja electrificada.

    “La dinámica del fenómeno delictivo está muy condicionada por este juego entre víctimas y victimarios”, explicó Donnangelo. Eso provoca que determinados “blancos” que eran “muy vulnerables” sean más complicados para los criminales, que tienen que salir a buscar “nuevos objetivos”.

    El constante crecimiento de las rapiñas “marca parte de ese juego entre víctimas y victimarios”. A partir del 2000, la actividad delictiva “se desplaza desde las residencias hacia las personas, hacia la calle, el espacio público”. Y dentro del espacio público los comercios y los transeúntes se vuelven “objetivos naturales”.

    “En otros países está muy bien documentado que en la década de 1960, las rapiñas callejeras dirigidas contra transeúntes eran un fenómeno inusual, en cambio había muchas rapiñas a bancos, que no tenían los niveles de seguridad que tienen ahora”, dijo.

    Esto marca otra característica de la delincuencia que se estudia en la criminología y es el “trasvasamiento maligno”. En los hechos, los costos de la inseguridad “se trasladan de los más fuertes económicamente hacia los más débiles”. Quien tiene más dinero puede tomar medidas de seguridad y volverse un blanco más difícil para los delincuentes, que apuntarán a los más desprotegidos.

    En los últimos años los dueños de almacenes han comenzado a armarse y a mejorar su seguridad, lo que provocó un aumento del 60% en los robos a los repartidores y motociclistas.

    Según Donnangelo, hay otro proceso que puede explicar el aumento de ciertos delitos. Cuando un ladrón robaba en un banco se hacía de una cantidad nada despreciable de dinero, lo que le permitía vivir al margen del delito por bastante tiempo. “Cuando ese tipo de blancos muy lucrativos comienza a tornarse difícil de atacar debido a las medidas de seguridad que alimentan, los ladrones tienen que apuntar a otro tipo de objetivos menos lucrativos y más seguido”.

    Las estadísticas indican que en la amplia mayoría de las rapiñas el botín en juego no supera los $2.000.

    Irrespetuosos.

    Sea consecuencia de cambios sociales y culturales o no, el incremento de la delincuencia estuvo acompañado —y quizás impulsado— por una “involución” de los criminales.

    “Todavía recuerdo a los mellizos Rodríguez y su banda. Eran ladrones de bancos y grandes superficies a comienzos del 2000. Eran pesados y se enfrentaban a muerte con la Policía, pero no recurrían a la violencia porque sí, no lastimaban a clientes o empleados salvo que ocurriera un enfrentamiento”, rememora Loureiro, que trabajó en varias comisarías y en la División de Investigaciones de la Jefatura de Montevideo.

    “Ahora, cualquier gurí anda armado y te pega un tiro sin más”, añadió, y puso como ejemplo el homicidio cometido por un menor mientras robaba un local de La Pasiva. Las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del local muestran cómo el adolescente entró al lugar y le disparó en el pecho a uno de los empleados antes siquiera de anunciar que se trataba de un asalto.

    Esa idea de un pasado en el que los criminales “tenían códigos” es compartida por varios oficiales consultados por Búsqueda.

    “Los delincuentes eran más respetuosos de las modalidades: el punguista era punguista, el escruche era el que entraba a una casa rompiendo la ventana y el rapiñero era rapiñero. Vos escuchabas en la radio que se había cometido un robo con determinadas características y más o menos te hacías una idea de quién podía ser el responsable”, aseguró Carlos del Puerto, actual director de Migraciones y uno de los oficiales en actividad con más años en la fuerza.

    En cierta medida, la percepción de los oficiales se condice con el análisis que ha hecho Donnangelo al procesar los partes policiales y elaborar las estadísticas que semana a semana entrega al ministro Eduardo Bonomi.

    De la información surge que existió una “involución” de las personas que cometen “delitos comunes”.

    En primer lugar, la falta de apego a una modalidad trajo consigo una “desespecialización” de los delincuentes, que si antes se dedicaban solo al robo de bancos ahora “rapiñan en la calle, roban una moto, hurtan un auto, se meten en una casa cuando pueden”. “Tienen un patrón de actividad muy variado”, explicó Donnangelo.

    “Otro elemento que uno puede observar con claridad —agregó— es la desprofesionalización. Los delitos actuales son mucho más espontáneos y se caracterizan por mostrar un nivel de planificación muy bajo, por no decir nulo. Para hacer una rapiña callejera no se necesita ninguna preparación previa, es un delito extremadamente básico, basta con tener algún objeto capaz de infundir temor sobre la víctima para llevarlo a cabo”.

    “Hoy el criminal que planifica cuidadosamente sus golpes, que estudia a sus blancos durante un período de tiempo prolongado, es el que se ve en el cine, no en la realidad”, sostuvo.

    Vinculado con la “desprofesionalización” y “desespecialización”, en Uruguay hubo una suerte de “democratización del delito”. En el pasado, para cometer un robo se requerían “algunos conocimientos” o “contactos sociales” que no los tenía todo el mundo. Para asaltar un banco durante la noche hay que tener ciertas destrezas, para rapiñar una institución financiera es necesario tener un contacto que consiga el armamento. “Hoy el delito está al alcance de más personas”, concluyó Donnangelo.

    La guerra.

    Las autoridades del Ministerio del Interior consideran que en paralelo con esa “involución” del delincuente común, se produjo una “sofisticación” de los grupos dedicados al narcotráfico. Se trata de organizaciones con estructuras y jerarquías más definidas, con mecanismos violentos de resolución de conflictos internos y “alto poder de fuego”.

    La Policía tiene identificados a dos grandes grupos, uno liderado por Luis Alberto Suárez, apodado “El Betito”, y otro que se denomina “Los Bartolo”. Las autoridades creen que en los últimos meses se desató una guerra entre estas dos organizaciones.

    La guerra evidencia también el cambio generacional. Es que los grandes narcotraficantes internacionales suelen manejarse de manera “subrepticia” para que las autoridades no noten su presencia y no se complique su actividad. Sin embargo, el combate entre las bandas de uruguayos cobra víctimas con asiduidad y grandilocuencia. Uno de los últimos incidentes terminó con la ejecución en plena calle de un lugarteniente de “El Betito”. Seis encapuchados ingresaron a la casa de la víctima —donde funcionaba un centro de distribución de drogas—, robaron los estupefacientes, obligaron al dueño de casa a salir a la vereda y le dispararon en el pecho.

    Los enfrentamientos entre narcos y los “ajustes de cuentas” entre criminales dispararon durante el 2012 la cantidad de homicidios. A fines de octubre la cifra de asesinatos ya había superado a los ocurridos en 2011 y las autoridades no prevén que ese fenómeno se detenga en el corto plazo.

    Para el Ministerio del Interior, estos conflictos se originan en el éxito del combate al narcotráfico. El mercado de la pasta base de cocaína está “en caída”, pero “cada vez aparecen más vendedores” para competir. Entre 2005 y 2011, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas del Ministerio del Interior incautó 2.814 kilos de cocaína, de los cuales 2.367 kilos estaban en manos de organizaciones criminales vinculadas al “tráfico internacional” y 447 kilos pertenecían a grupos que abastecen el “mercado interno”. Del 1º de enero al 30 de agosto la Policía realizó 1.239 operativos, que provocaron el procesamiento de 1.761 personas y la incautación de una tonelada de cocaína, 630 kilos de pasta base y 3.866 kilos de marihuana, según datos oficiales.

    Esto provoca que los principales narcos estén en la cárcel y que el flujo de droga sea menor, por lo que aquellos que están manejando el negocio se tengan que pelear para obtener ganancias. “El que la mayoría de los cabecillas o jefes importantes están presos, hizo que gente más joven tomara el mando. La gente más joven tiene menos experiencia para manejarse y está ansiosa por ser reconocida en el ambiente. Por lo cual asumen las tareas de manera violenta para tomar un atajo y alcanzar más rápido el respeto de su entorno”, sostuvo el director nacional de Policía, Julio Guarteche. Las muertes entre delincuentes como motivo de “ajuste de cuentas” han aumentado durante el 2012 y son un 40% del total (Búsqueda Nº 1.684).

    La principal hipótesis que manejan las autoridades es que los enfrentamientos seguirán creciendo, tanto en las calles como en las cárceles, donde están los líderes de los grandes grupos organizados.

    “El Betito”, de 29 años, asegura que tiene 50 leales súbditos fuera de las cárceles y ya ha demostrado, según las fuentes policiales, que también los tiene dentro del sistema penitenciario.

    Un día “El Rambo” golpeó a un hermano de “El Betito” en el patio del Penal de Libertad. De acuerdo con un informe elaborado por la Policía, lo “humilló ante todos los presos”, lo que provocó la ira del narcotraficante. “Si no puede matarlo un preso, van a ir dos. Si no pueden dos, van a ir diez o toda la cárcel. Quiero ver muerto a ese gordo”, dijo Suárez, según un documento redactado por la guardia de la prisión.

    Pero no fue necesario recurrir a “toda la cárcel”. El 7 de marzo de 2011, poco después de ese incidente, Ruben “El Oreja” Rodríguez de Armas, acólito de “El Betito” cortó la reja que separaba los módulos del penal con “La Isla”, el sector para presos amenazados de muerte, se acercó a “El Rambo” y le disparó 10 tiros.

    Descenso de la eficacia policial

    Si las estadísticas marcan un aumento de los delitos, también muestran una caída en la “eficacia” de la Policía, que no ha podido seguir el paso a la delincuencia. Mientras en 1985 se aclaraba una de cada tres denuncias, 20 años después esa proporción pasó a una de cada seis.

    “En general, los delitos contr a la propiedad tienen un nivel de esclarecimiento muy inferior a los delitos contra las personas. Y no solo inferior, sino muy bajos. En Estados Unidos y en el Reino Unido la Policía aclara el 30% de las rapiñas que se producen allí”, explicó el director del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, Javier Donnangelo. Y agregó: “Es un mito que hay policías extremadamente profesionales que no dejan delitos por aclarar. Eso es CSI”.

    Aun así, en el caso de Uruguay, la efectividad de su Policía está por debajo de los niveles internacionales. Las cifras oficiales marcan que de las 56.394 denuncias recibidas por la Policía en 1985, 17.300 fueron aclaradas (30,7%). Dos décadas después la cantidad de denuncias casi que se triplicó (145.438), pero la resolución de los casos apenas llegó a las 22.372 (15,4%). En el 2011, solo el 14% de las 8.363 rapiñas denunciadas fueron resueltas por la Policía.

    Hay modalidades delictivas como las rapiñas que por sus características son “más difíciles de aclarar”. Suelen ser crímenes que duran poco tiempo y que se producen “entre extraños”, porque la víctima no conoce al victimario. Por eso, la información que le pueden proporcionar a la Policía suele ser escasa y la investigación comienza con pocos elementos.

    Cuando se trata de delitos contra la persona, las cosas cambian. Por lo general, víctima y victimario “tuvieron una serie de contactos previos al incidente”. Según explicó Donnangelo, eso permite que la Policía tenga por dónde empezar a indagar.

    Entre el 2003 y el 2008 el porcentaje de asesinatos esclarecidos rondó el 80%. Sin embargo, en los últimos años la eficacia cayó casi al 60%. “Esto habla del cambio de perfil de los homicidios —dijo Donnangelo— y en particular, de un mayor peso de los ‘ajustes de cuentas’ entre criminales, que generalmente son más difíciles de investigar y aclarar”.

    El hecho de que la resolución de los crímenes no haya seguido el ritmo de la delincuencia también se debe al proceso de “urbanización” de Uruguay. “Se ha detectado que con el aumento de la población tiende a disminuir la eficacia policial”, explicó.

    Ese fenómeno se constata al comparar el mejor desempeño de la Policía en el interior, que si bien suele tener menos recursos, presenta mayores tasas de resolución.

    “Simplismo”.

    Para el director nacional de Policía, Julio Guarteche, la cifra de esclarecimiento de delitos es “relativa”, porque muchas veces la Justicia envía a prisión a una persona por un delito, pero en realidad cometió varios que no se pudieron probar.

    “Juzgar a la Policía por esos porcentajes es un simplismo. El mismo error lo cometemos cuando se mide el éxito de una operación contra las drogas a partir de la cantidad de sustancias incautadas. Para nosotros lo importante es desarticular a una organización y eso no se mide en kilos”, explicó.

    Información General
    2012-11-08T00:00:00

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