El berretín del cine argentino: la batalla cultural del gobierno

La manifestación no terminó bien: la represión de la policía de la ciudad fue desproporcionada, absurda y obedeció más a objetivos simbólicos (una demostración de fuerza y de autoridad) que a una situación de conflicto concreta. De pronto, en un país con una inflación galopante y una crisis durísima, el foco del debate está puesto sobre si el Estado debe fomentar o no el cine nacional. Un tema de poca relevancia desde el punto de vista financiero, pero que escenifica una serie de problemas y conflictos que sí son relevantes, tanto para el gobierno, que sostiene que la batalla que está emprendiendo es “cultural” (existe en la Argentina una cultura que ha creado un Estado prebendario e ineficiente), como para la gente del cine y la cultura, que ve amenazadas sus fuentes de trabajo y la posibilidad de seguir haciendo películas.

Si bien las posiciones están radicalizadas (ni el Estado ni el cine van a dejar de existir), lo novedoso es que desde el gobierno no solo se critica el mal funcionamiento del Incaa (con bastante fundamento) sino también la idea de que el Estado financie la producción cinematográfica. Por eso sería bueno plantear que hay dos discusiones: el funcionamiento del Incaa y la importancia de que el Estado subsidie la producción cinematográfica.

El funcionamiento de los organismos estatales ha sido en los últimos años muy ineficiente y en buena medida es responsable de la situación de hoy: gastos desmedidos, corrupción, acomodos y arbitrariedades. Pese a tener incorporadas una serie de grandes conquistas en la esfera pública (sobre todo, en educación, salud, derechos civiles y en otros ámbitos), el crecimiento inmenso de la pobreza ha puesto en cuestión su viabilidad (y eso es algo que ha quedado en claro en las últimas elecciones). En el caso de la producción cinematográfica, el Incaa ha gastado un 30% más de lo que recauda con la ley que fue promulgada en 1994. Y está la sospecha, bastante fundada, de que ese gasto responde al uso del Estado como botín que hacen algunos funcionarios y a una política de fomento que ha sido errática e inadecuada. Muchas de las películas financiadas por el Incaa no alcanzan un número de espectadores mínimo (aunque eso no significa necesariamente que no sean buenas) y los criterios de selección no parecen estar funcionando: hay favoritismo, criterios más pendientes de la agenda que de la calidad de los proyectos y hasta algunas películas que se aprovechan de los beneficios de la ley de fomento. La actual gestión del presidente Javier Milei ha decidido entonces un recorte brutal en línea con el que se está haciendo en todas las áreas del Estado, en una intervención que se asemeja más al loco de la motosierra que al ingenio de un cirujano hábil con el bisturí. La improvisación permanente y la falta de preparación de los funcionarios del gobierno no hace más que generar preocupación sobre lo que será el después, una vez que estén saneadas las cuentas (si es que ese objetivo se logra). ¿Se financiará de una manera adecuada la producción cinematográfica o directamente se cerrará el Incaa, provocando el colapso de la producción de películas en la Argentina?

Y esa es la otra cuestión y tal vez la más importante: ¿es realmente la financiación del cine por parte del Estado un gasto superfluo o un privilegio para pocos, una actividad que no debiera estar entre sus obligaciones?

Ya antes de formar parte del gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni (un economista y tuitero muy influyente que hace conferencias de prensa prácticamente todos los días) escribió en Twitter: “Hay que cerrar el Incaa: en 2021 el instituto gastó $ 4.226.838.603. El 27% del gasto fueron sueldos. Tiene 552 empleados a quienes se les abonó salarios × $ 1.171.331.424 ($ 176.831 por mes por cada uno de ellos). Si quieren cine independiente, que lo sea también del Estado. Fin”. Este comentario repite lo que muchos dicen por las redes: “Juanjo, vamos a cerrar el Incaa”, le escribió la diputada oficialista Lilia Lemoine a Juan José Campanella, ganador de un Oscar con El secreto de sus ojos. Y así hay muchísimos comentarios que giran alrededor del argumento falaz de que no se puede gastar plata en cosas superfluas (el cine sería una de ellas) cuando hay pobreza. “Se terminaron los años en los que se financiaban festivales de cine con el hambre de miles de chicos”, anunció el gobierno en un comunicado oficial.

Ahora bien, tal vez sería bueno hacer un poco de historia para despejar tanta ignorancia. En la Argentina, una parte importante de la producción cinematográfica es financiada por el Estado desde la década del 40 del siglo pasado. Fue una política de fomento que, con altibajos, se mantuvo hasta la actualidad, aun en las dictaduras. En la década del 90, dominada por las privatizaciones y las políticas neoliberales, se promulgó la proteccionista “ley de cine”, que recauda de la propia producción audiovisual y que es la que sostiene el funcionamiento de la industria. El dinero viene de fuentes genuinas (de la televisión, por ejemplo) y hasta está desactualizada por el fenómeno de las plataformas, que es posterior a su promulgación, pero de todos modos no sale, como se repite desde el oficialismo, “del bolsillo del pueblo”. Con la aplicación de la ley, no solo el cine argentino divulgó como casi ninguna otra actividad lo que se denomina “marca país” (tuvo desde entonces cuatro nominaciones al Oscar a la mejor película extranjera, de las que ganó dos estatuillas) sino que también realizó coproducciones con fondos de otros países, convirtiéndose en un actor dinámico de la economía global (algo que sucede en muy pocos otros rubros). Esto es central: Ibermedia, que se compone en parte con fondos gubernamentales de diversos países, ha sido un actor fundamental para la producción local, así como International Film Festival de Rotterdam, que apoyó muchas de las películas del llamado “nuevo cine” de fines del siglo pasado. Los festivales del cine, como el de Mar del Plata, no le quitan la comida de la boca a ningún niño o niña, más bien dinamizan la industria del turismo y la del espectáculo y son fundamentales para la formación de nuevos cineastas. Afortunadamente, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ya anunció para abril su tradicional festival de cine independiente y está claro que el cine no va a morir, pero la discusión libertaria tiene sus riesgos.

Sugerir que el arte es superfluo, un divertimento de gente privilegiada que se aprovecha de las penurias de los pobres y que solo se justifica si se hace con capitales privados, es una discusión que no tendría sentido ni aun en los países más capitalistas. Una de las grandes dificultades que se plantea para el futuro es que cuando los debates se plantean desde argumentos falaces o equivocados toda la discusión estará viciada. Con todos los defectos que tiene el cine argentino y las instituciones que lo sostienen o fomentan, parecía imposible que aquellos que ignoran su funcionamiento se propongan transformarlo. Más aún teniendo en cuenta algo que se obstinan en negar: que el cine argentino ha dado y sigue dando películas de excelente nivel.

* Gonzalo Aguilar es doctor por la Universidad de Buenos Aires, investigador de Conicet, profesor visitante en Stanford University y Universidad de Sao Paulo y escritor de numerosos ensayos sobre el cine argentino y latinoamericano.