Para honrar sus deudas las personas y los gobiernos deben tener voluntad de pago y también capacidad financiera para poder hacerlo. La combinación de una economía en caída, un serio desequilibrio fiscal y la pérdida de reservas internacionales por la crisis bancaria en 2002, dejó a Uruguay con escaso margen para cumplir con ese último requisito y al país sólo le quedaba para exhibir frente a los acreedores un historial relativamente bueno como cumplidor de sus obligaciones.
La salida frente a ese intríngulis fue una propuesta de canje de esa deuda por nuevos bonos a mayor plazo que el gobierno del presidente Jorge Batlle realizó a los tenedores de esos títulos 10 años atrás. La concreción de esa operación disipó los temores de una cesación de pagos y habilitó una recuperación de la confianza. Con ello se abrió un ciclo de crecimiento económico que, favorecido en años más recientes por los altos precios de las materias primas y bajas tasas de interés en el mundo, se extiende hasta hoy.
Una década después de ese episodio, la deuda pública dejó de ser un problema de primer orden para Uruguay, en parte gracias a la precancelación de créditos con organismos internacionales, nuevas operaciones de canjes y recompras de títulos públicos, y a la emisión de bonos con características que mejoraron el perfil del endeudamiento en cuanto a plazos, monedas y tasas de interés.
El intento por atajar esa corrida y por sostener el régimen de banda de flotación cambiaria (que se abandonó en junio de 2002), desangró las reservas internacionales del país utilizadas en parte para el pago de la deuda. La presión para el gobierno colorado se fue haciendo cada vez más intensa. El Fondo Monetario Internacional —FMI— insistía con que el único camino era cesar los pagos (default), pero las autoridades uruguayas se negaban a recorrerlo. Entre aplausos de sus congresistas, Argentina había declarado un default poco antes, lo que le quitó a ese país la posiblidad de obtener fondos en los mercados voluntarios.
La deuda pública de Uruguay ascendía a U$S 12.940 millones al término de 2003, lo que representaba más del 80% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. De ese monto, unos U$S 5.500 millones eran préstamos a pagar a organismos como el FMI o el Banco Mundial, y algo más de U$S 6.200 millones correspondían a títulos emitidos en el mercado de capitales. Asimismo, más de la tercera parte del endeudamiento total debía ser pagado dentro de los siguientes cinco años.
“(...) Ahora lo que estamos negociando es una reprogramación de parte de esas deudas”, dijo Batlle a periodistas el 18 de febrero de 2003, a la salida del Edificio Libertad, entonces sede de la Presidencia. “Hasta ahora Uruguay ha recurrido al mercado para mejorar ese perfil de deuda, pero las circunstancias corrientes del mercado de capitales hacen ese esfuerzo más difícil”, añadió el mandatario. Esa primera declaración pública en torno a un canje de deuda generó confusión porque inicialmente no quedó claro si lo que se buscaría reprogramar eran solamente préstamos con organismos o también los bonos emitidos por el gobierno y en poder de inversores privados.
Tras el anuncio hecho por Batlle, esa misma semana siguieron negociaciones entre integrantes de su equipo económico y el FMI sobre las bases del plan de reprogramación de la deuda uruguaya. Especialistas de Deustche Bank y Salomon Smith Barney asesoraron al gobierno en el diseño y la implementación de la operación.
La propuesta concreta fue anunciada el 10 de abril. El ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, y el presidente del Banco Central (BCU), Julio de Brun, fueron los encargados de presentar en una conferencia en la Bolsa de Valores de Montevideo las líneas generales de esa “operación de reperfilamiento mediante canje voluntario de deuda pública”; otros detalles se conocieron a través de un decreto que autorizó la emisión de nuevos títulos que sustituirían a los que fueran presentados al canje, de avisos publicados por el BCU en la prensa y de un “memorando informativo” divulgado en el sitio web de ese organismo.
De Brun explicó en la conferencia que “todo el escenario de sostenibilidad de la deuda hacia el futuro requiere de tiempo para comenzar a crecer”, para “comenzar a procesar las reformas en el sector público que van a dar lugar” a una mejora en los resultados fiscales y para “dar cumplimiento” al cronograma de compromisos financieros que asumió el gobierno. El canje es “la forma, con el menor sacrificio de parte” de los acreedores, para solucionar el problema de concentración de vencimientos de deuda”, añadió. “En este momento (...) básicamente el sacrificio que le estamos pidiendo a nuestros inversores es tiempo”, remató el jerarca.
Al canje lanzado se pudieron presentar Bonos del Tesoro, Globales y Letras de Tesorería cuyo circulante ascendía a U$S 5.651 millones en total. Quienes aceptaran la propuesta podían cobrar una parte de su inversión en efectivo (entre 5% y 15% según la serie) y el resto en nuevos bonos a mayor plazo, manteniendo en general la moneda y la tasa de interés del título vigente. Otra opción, que se la denominó “liquidez”, ofrecía cobrar una parte en efectivo y el resto o la totalidad de la inversión en uno o más bonos nuevos a mayor plazo (25 años como máximo).
Horas después del anuncio de la propuesta de canje dos de las principales calificadoras de riesgo —Fitch y Standard & Poor’s— redujeron las notas de la deuda hasta un escalón por encima del rango de cesación de pagos.
El gobierno dio plazo hasta el 14 de mayo para presentar adhesiones con bonos emitidos en el mercado local y hasta el día siguiente para los colocados en el exterior.
Subir el Himalaya
Durante abril y mayo las autoridades realizaron presentaciones procurando convencer a los tenedores de los títulos para que adhirieran a la operación.
Muchos bancos de inversión y corredores de bolsa vieron la propuesta como aceptable para sus clientes y también como una válvula de escape para el problema temporal de liquidez que a su entender enfrentaba Uruguay.
“Todo lo que puedo decir es que estoy aliviada de que los bonos no sean cero. Sólo espero que las cosas no empeoren en el futuro, así podría recibir el monto principal entero en el nuevo plazo”, dijo un ama de casa japonesa, de 70 años, citada por la agencia Reuters luego de una asamblea de tenedores de los títulos “Samurai” emitidos por Uruguay, efectuada en Tokio.
Finalmente, los papeles presentados al canje fueron por U$S 4.982 millones, lo que significó 92,4% del circulante involucrado en la propuesta. Debido a que poseían más garantías de cobro, la adhesión menor se dio entre los bonos “Brady” que habían surgido de la refinanciación de deudas con bancos privados hecha en 1991.
Este canje permitió el estiramiento del endeudamiento público en unos cinco años.
Luego de conocerse los resultados, el 16 de mayo, Batlle reconoció que las amortizaciones que estaban previstas para 2003 eran para su gobierno “como subir el Himalaya” y frente a eso “varias cosas para hacer: o no pagarlas, o aumentar la carga fiscal y dejar de cumplir con otras obligaciones”.
Señaló que desde 2002 y hasta que se cerró el canje Uruguay estuvo “como esos equilibristas que caminan arriba de un alambrado y abajo no hay ni red: están todos los cocodrilos abajo, esperando que uno se caiga del alambre”. Uruguay caminó así durante un año y cuatro meses, pero logró zafar de esa situación tras conseguir “una respuesta formidable” de los tenedores de bonos, dijo. Fue, a juicio de Batlle, un “camino” para resolver sus problemas de endeudamiento que también podrían recorrer otros países.
La recuperación
Con el corrimiento de los vencimientos de la deuda Uruguay se quitó la soga del cuello.
A la vez que empezó una lenta recuperación de los depósitos bancarios por las medidas tomadas en el sector financiero, la economía empezó a salir de la recesión a mitad de 2003. Ese año cerró en promedio con un crecimiento del PBI, dando inicio a un ciclo que acaba de completar una década en 2012 (favorecido por un contexto de elevados precios de las materias primas —que son la base exportadora de Uruguay— y el incremento de la inversión productiva).
Las finanzas públicas mejoraron también de forma gradual, desde un punto de partida inquietante: el déficit en períodos de doce meses se había acercado a 6% del PBI.
Aunque en los años recientes el monto de la deuda pública bruta aumentó (U$S 31.048 millones a diciembre pasado), en proporción del Producto es actualmente menor que años atrás (62,2%).
Con todo esto, las calificadoras que habían castigado a Uruguay cuando caminaba sobre el alambrado, ponderaron los resultados del canje de deuda, la recuperación económica posterior y algunas reformas introducidas en los siguientes gobiernos. Y ahora los bonos del país reciben notas que indican que no hay riesgo de una caída.
