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Nuevas revelaciones en torno al accionar del entonces jefe de la seguridad presidencial al mismo tiempo que avanza la investigación judicial, mantienen al “caso Astesiano” en el foco de la atención política. Para el oficialismo, es un asunto incómodo que no se termina de despejar y que lo deja expuesto a golpes de la oposición frenteamplista.
A su vez, casi entrando en el cuarto año del período y con las elecciones del 2024 en el horizonte, analistas políticos y observadores del exterior miran cómo evolucionan estos sucesos.
El lunes 6 la diaria reveló que Alejandro Astesiano —el exjefe de la custodia presidencial imputado el año pasado como coautor en reiteración real con un delito de asociación para delinquir y otro por tráfico de influencias— recibió contactos de docentes y estudiantes de un liceo enviados por un policía con el propósito de intervenir los celulares e indagar sus supuestos vínculos con la “ultraizquierda”. Tras divulgarse eso, el Ministerio del Interior dispuso que ese agente dejara de prestar servicios en comisión en la Seguridad Presidencial y volviera a trabajar en la Jefatura de Policía de Montevideo, informó El Observador.
Al día siguiente, El País publicó la reconstrucción de testimonios de un exjerarca policial ante la fiscal del caso en los que aseguró que no solo lo llamaba Astesiano, sino también “fiscales o algún político” para hacerle determinados pedidos.
Por otro lado, a través de Astesiano, la presidenta del sindicato policial de Montevideo logró influir en dos oportunidades en la agenda del mandatario Luis Lacalle Pou. También le pidió “donaciones” al entonces custodia para algunas actividades del sindicato, según conversaciones de WhatsApp entre ambos a las que accedió Búsqueda.
El miércoles 8 el presidente aclaró en rueda de prensa que los relevos en la cúpula policial anunciados esta semana no están relacionados con el “caso Astesiano”, sino que responden a una decisión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber.
El secretario de Estado comunicó que el 1º de marzo reemplazará al director nacional de la Policía, Diego Fernández. También destituyó a Jorge Berriel, subdirector ejecutivo de la Policía, quien este viernes fue imputado por su relación con Astesiano. Según Heber, los cambios son para iniciar una “etapa donde se consoliden los éxitos” en materia de seguridad pública.
Berriel dijo a Búsqueda que el ministro no le dio razones para su salida del cargo. Textos y audios de los mensajes entre el jerarca policial y Astesiano, revelados por distintos medios de prensa, muestran una sucesión de favores con el entonces custodia de Lacalle Pou.
Ya había renunciado el subdirector de la Policía Héctor Ferreira, también indagado en el caso.
Mientras, Astesiano tuvo el jueves 9 una audiencia con la fiscal Gabriela Fossati. “Como abogado defensor me gustaría” un acuerdo abreviado, afirmó a Búsqueda Marcos Prieto.
Alejandro Astesiano durante una audiencia en el Juzgado. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
“Preocupante”
Algunas lecturas políticas visualizan este caso como un factor problemático para el oficialismo multicolor, también de cara al 2024.
Si bien para el gobierno la “foto” en términos de aprobación ciudadana “no es mala”, es “preocupante” la “tendencia” a la baja que se dio desde setiembre “vinculada o coincidiendo con el caso Astesiano y sus distintas derivaciones”, dijo a Búsqueda Ignacio Zuasnabar, director de Opinión Pública de la consultora Equipos. La evolución en los siguientes meses será “relevante no solo por cómo va a terminar el gobierno, sino como variable para el próximo proceso electoral”, agregó.
“Sin querer subestimar la importancia del caso, comparado con el Lava Jato y las otras cosas que hemos visto (en materia de corrupción en la región) no parece algo tan grave. En lo criminal. En lo político, veremos”, afirmó a Búsqueda el estadounidense Brian Winter, editor en jefe de la revista Americas Quarterly, que hace pocos días publicó una edición elogiando a Uruguay.
