A fines de marzo, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Wilson Netto, se manifestó sorprendido por la decisión de Secundaria de cerrar las aulas comunitarias. “Hay algunas decisiones en los últimos tiempos que nos han sorprendido respecto a que el impacto que tienen requiere una discusión previa de todo el sistema”, dijo Netto a Telemundo.
Por su parte, las organizaciones civiles que gestionan el programa cuestionan los motivos de Secundaria para su cierre y critican a Puente por no haberlos consultado sobre una medida que consideran “arbitraria” y “soberbia” ante una experiencia que creen tan corregible como exitosa.
“Si el programa resultó ser un éxito o un fracaso depende de qué se evalúe, porque si son tres o mil los chiquilines que fueron rescatados y hoy continúan sus estudios, es un logro brutal”, aseguró a Búsqueda la profesora Alejandra Scafati, coordinadora general de Aulas Comunitarias desde 2007, quien renunció al cargo en diciembre de 2017 en desacuerdo con el cierre del programa.
Castigo de Sísifo.
Durante el último gobierno del Partido Nacional (1990-1995) el Ministerio del Interior aplicó el proyecto de prevención del delito Red de Casas Jóvenes, cuya propuesta era ofrecer a menores que no estaban matriculados en el liceo o UTU, talleres y apoyo socioeducativo para reintegrarse al sistema formal. En paralelo, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) desarrolló un proyecto educativo en Colonia Berro, que luego pasó a llamarse Áreas Pedagógicas.
Ambas iniciativas se destinaban a trabajar con jóvenes pobres o con derechos vulnerados, y ponían la educación como centro.
Con la llegada del primer gobierno de izquierda (2005-2010), estos planes se fusionaron en el programa de Aulas Comunitarias, mediante Secundaria y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ejecutado con organizaciones de la sociedad civil, y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De los proyectos anteriores se tomó el trabajo con equipos socioeducativos de ONG y profesores de educación media. Así se inició el ciclo de políticas educativas ligadas a políticas sociales en tiempos de “planes de emergencia”, tras la grave crisis económica de 2002.
Aulas Comunitarias empezó a funcionar en 2007 y apuntó a que jóvenes que no empezaron la educación media se formaran en un espacio “no convencional” para reincorporarse al sistema formal. Las organizaciones civiles aportaron los equipos y los locales; Secundaria ofreció docentes y el Mides, hoy desligado del programa, apoyo técnico.
Durante 11 años varias decenas de educadores y profesores trabajaron con 11.000 adolescentes que abandonaron el liceo o la UTU y armaron aulas por fuera de los centros formales de estudio, salvo un par que funcionaron dentro de los liceos.
Las aulas comunitarias eran 12 al principio del programa y llegaron a ser 26. Hoy suman solo cinco —todas dentro del área metropolitana: un par en Montevideo, otras dos en Canelones y una en San José—, y atienden a algo más de 250 alumnos en zonas con realidades de pobreza y exclusión.
“Lo que más desespera es que se hayan cerrado las aulas y que en esos barrios no haya una propuesta que pueda atender a jóvenes que son un problema en todos los liceos y que por eso van llegando a las aulas, porque no tienen un lugar allí. Y Aulas es otro forma de cursar educación media”, dijo la excoordinadora del programa.
En un artículo publicado en la revista digital Obsur, firmado por Scafati y Meri Larrosa —quien también trabajó en el programa—, se lee: “Secundaria no consigue aceptar que fuera de los liceos existe la propuesta educativa de Aulas Comunitarias y que ella tiene un lugar ganado en la estructura del sistema. No acepta que esa organización, que trabaja fuera del ámbito liceal (…), ha encontrado la clave para entender de modo personalizado y eficiente a los excluidos”.
“Y lo que es peor —continuaron—, aún niega estos 11 años de aprendizajes y exige a los liceos lo que ellos no pueden dar”.
Ambas profesoras demandaron una “discusión profunda e informada” sobre los aportes del programa al sistema de educación. “Educación Secundaria cierra un programa que ha demostrado ser exitoso para trabajar en la integración educativa y social de los adolescentes más marginados”, escribieron.
Y, siguiendo la imagen del castigo que fue obligado a cumplir Sísifo (empujar una piedra enorme una y otra vez cuesta arriba por una ladera empinada), las docentes remataron: “Al igual que Sísifo volverá a empezar, pero entre tanto generaciones de adolescentes al borde de la desafiliación social volverán a poblar las placitas de los barrios donde antes había un aula comunitaria esperando… sin saber qué esperan”.
“No me da la cabeza”.
Lunes, casi las nueve de la mañana. Sentados al cordón de la vereda, en la esquina de Santiago Artigas y Luis Batlle Berres, Alexander y Jonathan charlan antes de entrar a clase. Son liceales, dicen, y saben dónde está el aula 4 de Paso de la Arena, una de los cinco centros que sobreviven y que cubre todo el barrio Los Bulevares, donde hay una gran explosión demográfica. “Ahí, a media cuadra, donde están las pibas”, señala con el mentón Alexander. Ahí, en la puerta, cruzan bromas a las carcajadas una decena de adolescentes. Y en un rato habrá más clima de euforia.
“Los estudios no son para mí”. “No me da la cabeza. Soy un burro”. Esas son las expresiones que más repiten los adolescentes —y suscriben los padres— que concurren al aula. En total son 52 chicos de entre 13 y 17 años que, habiéndose inscripto en Educación Media Básica, no lograron superar el primer año de liceo. Algunos ni la primera semana.
Hay quienes pasaron la escuela sin saber leer ni escribir.
Facundo participará en una “batalla de rap” el fin de semana en el Parque Posadas. Kevin dice que aprende a tocar guitarra y que “está de más” el aula. Otro, de 16, que “nunca habla”, dirige una cuerda de tambores. Una alumna se ve periodista. De los 10 jóvenes de esta clase de Juan Pablo Pérez, seis nunca pisaron un liceo.
Claudia Moreira, educadora social y referente del aula 4 desde 2007 —cogestionada por el Instituto del Hombre (IDH)—, mostró su malestar por no haber sido consultados respecto al cierre de aulas, y que se diga que “enquista” a los jóvenes. “La modalidad es perfectible, pero el cierre de las aulas se hizo de forma masiva y mezquina, sin una evaluación”. Santiago Salles, otro educador, asiente, mientras teclea una PC.
“Está todo el prejuicio con las ONG, que se dice que somos todas deshonestas. Habrá algunas que lo sean, otras no. Pero falta un hilado fino”, planteó Moreira.
La nueva propuesta de Secundaria, de aplicar modalidades adentro del liceo, genera “más segregación práctica y simbólica”, opinó el director del IDH, Eduardo Musto.
“Ahora habrá clases especiales para ‘los burros’ o repetidores, que volverán a verse con los mismos docentes que los echaron, y que les dieron vuelta la cara”, agregó.
Secundaria cerró 2017 con un déficit de casi $ 185 millones: $ 140.930.063 por pago de salarios, y $ 43.420.834 por gastos en programas educativos e inversiones, según un informe que el CES elevó a la ANEP y que divulgó El País en marzo. El ahorro por el cierre de Aulas Comunitarias será de $ 19.758.472.
Cada ONG recibe unos $ 170.000 por mes para cubrir todos los gastos, según Musto. El aula 4 alquila una casa con dos salones y jardín por $ 9.000. “No es mucha plata para 50 gurises”, estimó. Y luego ejemplificó: en el liceo 46, de Camino de las Tropas y Luis Batlle Berres, hay 11 primeros y tres terceros. “Calcule la deserción. ¿Ahora qué hacen esos gurises? ¿Vuelven a la esquina? ¿A qué?”.
