El miércoles 10, durante la última de una serie de reuniones que mantuvo el presidente Tabaré Vázquez con todos los partidos políticos sobre seguridad pública, este distribuyó un borrador de decreto que finalmente reglamentaría la ley 19.247 de control de armas, municiones y explosivos aprobada en 2014 por el Parlamento.
En las cuchillas.
El texto, elaborado por una comisión conducida por el subsecretario de Interior Jorge Vázquez, ha logrado irritar al mundo del tiro. Tiradores de elite y deportivos, cazadores y coleccionistas pero también armeros, importadores y fabricantes se están movilizando con el respaldo de abogados y empleando sus contactos políticos, en contra del texto que contiene fuertes limitaciones en sus 61 artículos.
En las Fuerzas Armadas, en especial el Ejército, también existe recelo porque Interior adquiere nuevas funciones que hasta ahora han sido monopolio del Servicio de Material y Armamento (SMA) que depende del Comando de Apoyo Logístico del Ejército y porque los militares perderían algunos privilegios con relación a la tenencia de armas.
Mientras la mayoría de los actores se mantienen en prudente espera, Julio Lestido, secretario de la Asociación de Coleccionistas de Armas y Municiones, que nuclea a algunos de los 1.547 registrados en el Servicio de Material y Armamento (SMA), dijo a Búsqueda que comparte la preocupación del Poder Ejecutivo por aumentar los controles pero sostiene que el anteproyecto afecta derechos adquiridos.
Uno de los puntos del texto que más irritación ha causado entre los coleccionistas es que en el futuro no alcanzará con poner a recaudo los cerrojos de las armas prohibidas a particulares sino que estas deberán tener la recámara taladrada y el caño taponeado para asegurar que no sean robadas y usadas para actos criminales.
Según Lestido, que también es representante de una firma europea de armas, los coleccionistas tendrán un daño económico porque adquirieron esas armas en otras condiciones y se producirá una pérdida de valor.
Los coleccionistas se resisten también a tener que marcar sus armas porque afectan el objeto tal como lo concibió el fabricante.
Otro de los puntos resistidos es que se ponen más exigencias médicas y psicológicas para otorgar el Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas (Thata), que sin embargo reconocen como casi inexistentes.
Algunos dueños de armerías, por otra parte, están pensando en emprender acciones de inconstitucionalidad porque consideran que se afectan sus derechos, ya que las ventas bajarán al limitarse el número de armas por persona a tres, además de la prohibición de la veda para las automáticas y las de cierto calibre en adelante, que quedarían para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y policiales (ver recuadro).
“Por la vida”.
“No queremos ponerles dificultades a aquellas personas que quieran comprar un arma o legalizar su situación. Lo que queremos saber es cuántas armas hay en el país y hacer una diferenciación entre aquellas personas que están habilitadas para tenerlas y aquellas que no están habilitadas policialmente para tenerlas. (...) La presencia de armas en situaciones delictivas es muy importante, por lo tanto hay que legislar”, explicó en 2012 el subsecretario.
La preocupación por la tenencia irregular de armas en manos de civiles comenzó con fuerza cuando la ministra del Interior era la socialista Daisy Tourné, quien ya como diputada se había interesado en el tema, y se ocupó del asunto.
Sin embargo, ya entonces no todos en la izquierda compartieron el criterio limitacionista. Uno de los que levantaron su voz con más fuerza en defensa de la libertad de portar armas por los civiles fue el ex ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro.
“La propuesta sería buena si viniera acompañada de una excelente Policía, del tipo escandinavo, o por lo menos holandés”, ironizó entonces el ex dirigente tupamaro y llamó “a desobedecer a la querida compañera ministra”.
Luego de dejar el Ministerio, Tourné continuó su batalla en el Parlamento. Sostuvo que se debía dar prioridad al tratamiento del proyecto de ley que penaliza el tráfico y tenencia ilegal de armas y advirtió que en Uruguay existe un “poderoso” lobby empresarial que dificultará los avances legislativos sobre el tema.
Quizás para evitar esas presiones, la discusión de la reglamentación se realizó hasta ahora con la mayor reserva y sin consultar a los actores de la sociedad civil que se verán afectados.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo a Búsqueda que si bien no participó, por “filosofía” está a favor de la limitación de las armas.
Cuando Eduardo Bonomi y Jorge Vázquez llegaron al complejo inisterio de Mercedes y Julio Herrera y Obes, comenzaron un proceso de profesionalización de la Policía.
Bonomi venía del Ministerio de Trabajo, pero Vázquez le llevaba cierta ventaja al haber sido presidente de la Junta Nacional de Drogas.
En todo caso, ambos eran, igual que Fernández Huidobro, dos personas que en la década de 1970 habían tomado las armas con fines revolucionarios y habían pasado por la cárcel.
Bonomi y Vázquez, sin embargo, parecieron comprender los argumentos de los funcionarios que sostenían que, al tiempo que armar y perfeccionar a la Policía, había que limitar el poder de fuego del crimen organizado.
Una campaña para cambiar armas por bicicletas, en 2013, fue un fracaso rotundo.
Al contrario, algunas de las alrededor de 10.000 pistolas austríacas Glock y alemanas HK compradas por Interior fueron a parar a manos de delincuentes. A su vez, en varios operativos aparecieron ese tipo de pistolas alteradas para hacer hasta treinta disparos.
El uso de armas de fuego se generalizó, y aunque la tasa de homicidios no creció en niveles tan alarmantes, sí lo hizo en algunos barrios, donde a los asaltos se sumó el conflicto entre bandas por el control del territorio, que cada vez más se resuelvan de manera violenta.
Para el integrante de Aludec, Gustavo Guidobono, uno de los primeros que en los últimos tiempos se sensibilizaron con los problemas que traen las armas entre civiles, el texto elaborado por el gobierno es “muy positivo”.
Guidobono, que trabaja en el área de la salud, elogió la iniciativa del Poder Ejecutivo y otras de empresarios privados. Por ejemplo, la iniciativa de Robin Henderson, que sacó las armas de juguete de las góndolas de la cadena Tienda Inglesa.
La única discrepancia de esta organización de la sociedad civil que participó en el proceso de elaboración y ratificación del Tratado del Comercio de Armas (ATT) votado por Naciones Unidas en 2014, es la duplicación del registro de guías que pasaría a estar a la vez en manos de Defensa e Interior.
Guidobono dijo a Búsqueda que el SMA hace un buen trabajo, reconocido a escala internacional y que el sistema de controles cruzados entre Interior y Defensa, en el que uno otorga los permisos a las personas y otro expide las guías de las armas, ofrece mayores garantías.
Una alta fuente de Interior, que participó en el proceso de redacción, sostuvo, sin embargo, que para la Policía es de mucha utilidad contar con su propio registro de armas en línea, que incluirá la huella balística del arma, porque el SMA no siempre entrega la información antes de que expiren las 48 horas de las que dispone la Justicia para decidir sobre un eventual procesamiento.
Para los coleccionistas y otras personas que practican tiro, no resulta tan importante que sea el Ejército o Interior quien realice el control sino que no se desarme a la sociedad en beneficio de los delincuentes, porque estos se alimentan del mercado negro de armas y no compran sus armas en el circuito legal.
La preocupación mayor es que al limitar a los “buenos” se estaría beneficiando a los “malos”.
Los redactores del polémico anteproyecto, en cambio, parten de la base de que tres armas por persona es más que suficiente y que en realidad se afectan solo algunos intereses particulares frente al interés general de la sociedad en “defensa de la vida”.
Una investigación aún inédita realizada por el Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur) reveló algunos datos alarmantes respecto a los perjuicios que causa la criminalidad en la población, entre otras cosas por los costos de recuperación de los heridos.
El argumento empleado por Fernández Huidobro, Jorge Saravia y otros defensores de la tenencia de armas, además de práctica, por los problemas de seguridad que la Policía no puede resolver, es de una raíz más profunda y tiene que ver con la libertad.
Los senadores blancos Javier García y Luis Alberto Heber, que participaron en la mesa de seguridad con el presidente, expondrán en estos días sus críticas. Aunque García advirtió a Búsqueda que la responsabilidad de la reglamentación de una ley, que es del Poder Ejecutivo, no puede contener objetivos no explicitados en el texto aprobado por el Parlamento.
El coleccionista y empresario Lestido considera que si bien existen diferencias con Estados Unidos, sirve recordar que también José Artigas introdujo en 1815 conceptos de la segunda enmienda de la Constitución estadounidense que contempla “el derecho de los pueblos a velar y tener las armas”.
Información Nacional
2016-08-24T00:00:00
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