El déficit en las cuentas públicas cerró en 3,5% del Producto

Las cifras difundidas el 29 de enero por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mostraron que el sector público tuvo un déficit de U$S 1.846 millones en los 12 meses cerrados en diciembre, lo que representa aproximadamente 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI). Dicho desequilibrio es algo menor al que se había verificado un año atrás (U$S 1.957 millones, también 3,5% del PBI).

A mediados de diciembre, durante un foro ante empresarios, jerarcas del área económica del gobierno reconocieron que el déficit fiscal cerraría el año en un nivel más alto del que habían proyectado inicialmente (3,6% del PBI en lugar de 3,3%) debido principalmente a un peor desempeño de la recaudación tributaria. El director de la Asesoría Macroeconómica del MEF, Andrés Masoller, agregó allí que se mantiene el objetivo de achicar el desequilibrio a lo largo del período, en un “proceso gradual de consolidación” en las cuentas públicas (ver Búsqueda Nº 1.846).

Algunos organismos financieros internacionales y analistas de mercado miran con atención los números fiscales de Uruguay, porque creen que es necesario hacer correctivos a lo largo del período de gobierno. Ese es el planteo que realizó una delegación del Fondo Monetario Internacional que estuvo en Montevideo en diciembre.

Esta semana, Franco Uccelli, analista del banco de inversión J.P. Morgan que monitorea Uruguay, proyectó en un breve reporte que el déficit se mantendrá en torno a 3,5% este año, ya que el crecimiento económico “sigue siendo relativamente moderado en medio de significativos vientos regionales en contra”.

Gobierno.

En todo 2015 al gobierno central le entraron casi U$S 10.547 millones, una cifra que si se descuenta el efecto de la inflación muestra una disminución (real) de 0,7%. Eso fue consecuencia de una desaceleración de la actividad económica en general —que afectó la recaudación de tributos al consumo y a la renta empresarial, entre otros— y de la caída del comercio exterior, que también genera ingresos al fisco por el cobro de aranceles u otras cargas. También el Banco de Previsión Social recaudó menos debido a una caída en el número de trabajadores con aportes y a la desafiliación de personas del régimen de AFAP al amparo de una ley que les permitió salirse, detalló el MEF en un comunicado que acompañó las cifras.

A su vez, el gobierno gastó un monto equivalente a U$S 12.072 millones en todo el año pasado, 2% más que en 2014. Se incrementaron los egresos en rubros como remuneraciones, en transferencias a la previsión social y en funcionamiento, en tanto que redujo aportes a entes y otros organismos. También hubo un recorte de algo más de 10% real en el rubro inversiones.

Empresas.

En los últimos años el desempeño de los principales entes comerciales e industriales del Estado tuvo una incidencia relativamente fuerte en los números fiscales globales. El asunto alimentó la discusión política durante la campaña electoral de 2014 y también el primer año del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, en particular por las pérdidas sufridas por Ancap.

En conjunto, las seis principales empresas públicas dieron un resultado positivo cercano a U$S 475 millones al cierre de 2015, lo que se compara con los U$S 12,4 millones del año anterior. La mejora fue sobre todo por Ancap: sus finanzas dieron un superávit de U$S 251 millones, cuando en 2014 había arrojado un déficit de casi U$S 61 millones. También contribuyó el mejor desempeño de Antel (ver cuadro).

Algunas empresas transfirieron ganancias al gobierno central y otras recibieron plata durante el año pasado. Si se consideran esos movimientos, el resultado financiero del conjunto de las seis principales empresas públicas fue positivo en U$S 307,6 millones.

“El 2015 ya da una mejoría en los números de Ancap” y “para este año esperamos estar mucho mejor”, aseguró el presidente de la refinadora de crudo estatal, José Coya, en declaraciones a Radio Carve el 29 de enero.

“Ajuste” polémico

A lo largo de la historia, el sector público uruguayo registró mayormente déficit (que en promedio se situó en 1,5% del PBI durante el siglo XX, según una investigación del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas) y, al gastar más que sus posibilidades, recurrió a endeudamiento para financiarse. Debido a ello ambas variables —el resultado fiscal y el endeudamiento— estuvieron en la génesis de algunas de las crisis económicas que atravesó el país. El ajuste fiscal, que usualmente combinó recortes de gastos e incremento de impuestos, fue una medida recurrente tomada por los gobiernos para intentar evitar caer o salir de esas situaciones. En 2002, cuando Uruguay atravesó su última crisis, fue cuando se creó el Cofis, se aumentaron las tasas del Impuesto a las Retribuciones Personales y se extendió a las pasividades, se subió el Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio, y se quitó la exoneración del IVA al transporte de pasajeros y al consumo de agua. Simultáneamente, hubo recorte de gastos para alcanzar la meta de déficit de 2,5% del PBI que estaba pactada con el Fondo Monetario Internacional. No hacerlo hubiera agregado “una nueva cuota de incertidumbre y desconfianza sobre el funcionamiento” de la economía, alegó Alberto Bensión, el ministro de Economía de la época, en su libro “La crisis del 2002: mi gestión frente al cataclismo bancario”.

Ya en la campaña electoral de 2014, cuando el desequilibrio fiscal estaba en niveles relativamente altos, Vázquez y su equipo rechazaban que fueran a subir impuestos si el Frente Amplio seguía en el poder por un tercer período, mientras la oposición señalaba que sería inevitable hacerlo. La discusión siguió ya con la nueva administración instalada, y sumó del lado de las críticas a algunos sectores del PIT-CNT. También generó ciertos roces en la interna del oficialismo y, según informó “Brecha” el 29 de enero, el ministro de Economía, Danilo Astori, se negó al pedido del presidente de que explicara en una conferencia de prensa las razones y condicionantes del aumento de las tarifas públicas, lo que sí hicieron Eneida de León (Vivienda), Carolina Cosse (Industria) y Ernesto Murro (Trabajo).

“Ajuste fiscal al inicio de año”, tituló su columna en la edición de esta semana del suplemento “Economía & Mercado” de “El País” el ex ministro de Economía del último gobierno colorado Isaac Alfie. La suba del Impuesto Específico Interno, la modificación de las franjas del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas por debajo de la variación de los salarios, la eliminación de algunas exoneraciones del IVA, el incremento en las tarifas de UTE, OSE y Antel, y el hecho de no haber trasladado a los precios de los combustibles el abaratamiento del petróleo, “implicó un ajuste fiscal del orden de 1,1%” del PBI, calculó el economista. A eso se suma cerca de medio punto porcentual del Producto derivado del cambio en la liquidación del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas decretado poco antes de fin de año, por lo que “en dos años el ajuste fiscal total vía impuestos superaría el 2,5%” del PBI, agregó Alfie.

Emisiones

Durante 2016 el gobierno central espera obtener U$S 1.500 millones por medio de la emisión de títulos, si bien eso estará “sujeto a las condiciones de los mercados”, informó la Unidad de Gestión de Deuda del MEF en un reporte difundido el 29 de enero. Con eso busca en parte disponer por adelantado dinero que precisará en 2017, una estrategia de prefinanciamiento que viene practicando desde hace algunos años.

Para el año en curso las necesidades totales de fondos suman U$S 2.072 millones, que se prevén cubrir también con préstamos de organismos internacionales (U$S 500 millones) y otras fuentes, conforme con ese reporte.