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    El depredador

    N° 1998 - 06 al 12 de Diciembre de 2018

    , regenerado3

    ¿Cómo calificar la actuación del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sobre su obligación de velar por la salud, la vida y la reeducación de los presos? ¿Insensible, inmoral, incapaz, ignorante, arrogante? Una palabra abarca a todas: depredador. Una gestión dolosa al borde de lo delictivo. No estuvo solo. Desde que asumió en 2010 contó primero con la complicidad y el encubrimiento del entonces presidente José Mujica y luego del presidente Tabaré Vázquez, que también ampara a su hermano Jorge, el subsecretario.

    En la gélida madrugada del 8 de julio, cuatro meses después de asumir, estalló un incendio en la cárcel de Rocha. Los reclusos quedaron embretados en una trampa mortal. Doce murieron y ocho terminaron con heridas graves.

    No fue imprevisible. Todo lo contrario. El entonces comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Álvaro Garcé, había advertido sobre los riesgos de esa cárcel construida hace más de un siglo y sobre su condición de prisión medieval. Nadie puede alegar ignorancia.

    Pese a su experiencia de 12 años entre rejas, Mujica atribuyó lo ocurrido a “una desgracia”. A algo fortuito. Una filosofía que reivindica implícitamente que los derechos de los presos de la dictadura son de primera y los del resto no existen. El presidente optó por proteger a su gobierno y a su camarada de pasadas y presentes fechorías delictivas y políticas.

    Lo ocurrido en Rocha es el mayor drama carcelario en la historia del país. Desde entonces los muertos y asesinados se han ido acumulando. La violencia carcelaria recobró notoriedad con la muerte de Marcelo el Pelado Roldán, asesinado y decapitado el 8 de noviembre. Hubo otra anterior. La de Carlos Núñez Santos, el 9 de octubre. El ministerio informó que había sido asesinado a puñaladas. Pero el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, demostró que lo mató el impacto de una bala de goma. ¿Cómo es posible que el gobierno (porque eso es el ministerio) no considerara los informes médicos? ¿Es lo mismo una puñalada que horada la carne que el impacto de una bala de goma? Se optó por la mentira para evitar cuestionamientos políticos.

    Con las cartas a la vista, Bonomi —como muchos de sus camaradas, devenido en pequeño burgués— destituyó al director del Instituto Nacional de Rehabilitación, el comisario mayor Gonzalo Larrosa. El ministro debió renunciar aunque solo fuera por la vergüenza que, entre otras cosas, significa la pérdida de la dignidad por errores cometidos.

    Habrá que determinar si Larrosa incurrió en algún delito. A sabiendas informó falsamente que Núñez Santos, cuya libertad estaba próxima, había sido asesinado en un ajuste de cuentas. Usó como tantas veces la muletilla del ajuste de cuentas para que la responsabilidad sea de terceros. Supongo que la Fiscalía lo investigará, porque el dolo encubridor rompe los ojos.

    Tanto en esos casos como en otras decenas existe una indiscutida responsabilidad del Estado por no haber tomado medidas para garantizar la seguridad y la integridad de las personas a su custodia.

    Esa responsabilidad la destacó Petit en su anterior informe: “Muchas de las muertes, en especial las violentas, no ocurrieron por un fatal designio sino por carencias programáticas y de funcionamiento. (…) Las familias que han perdido a un ser querido deberían ser resarcidas por el Estado, cuando ello ha ocurrido debido a la omisión pública de contar con centros penitenciarios acordes a las normas nacionales y a los convenios internacionales”.

    Los juicios contra el Estado avanzan. Lento —como los del caso de Rocha—, pero avanzan. Más tarde o más temprano habrá que pagarles a los demandantes como ha ocurrido en hechos similares. Cabe preguntarse si el sistema político, todos los partidos, han puesto a sus cerebros económicos para saber de dónde sacar fondos para erradicar esta situación. No alcanza solo con criticar.

    He buscado si en algún partido político se había realizado un estudio a fondo con ese fin o han planteado medidas concretas realizables, no expresiones de deseos. Nada.

    Volviendo a Bonomi, no es solo la cuestión carcelaria la que lo ha transformado en un depredador. La inseguridad es un tema recurrente y sin salida. En los últimos tiempos el ministro ha revelado un ejercicio frecuente de la prepotencia y un avasallamiento de la libertad de expresión. Quedó claro la semana pasada en el editorial de Búsqueda: “Exceso de poder”.

    Los empujones de gordo barra brava que llevó a cabo el 26 de noviembre en Artigas para desplazar físicamente a militantes tabacaleros y avalar que sus custodias lo detuvieran, significa un avance en su carrera totalitaria. O en todo caso, retomar la del pasado.

    Lo advirtió la Institución Nacional de Derechos Humanos: “En este episodio se afectaron en forma ilegítima los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, consagrados en normas y principios sobre derechos humanos”.

    El ministro justificó la detención del tabacalero porque sus custodias reconocieron a uno de los manifestantes “como un homicida procesado”. ¡Hay que tener rostro de cemento y amnesia!

    Si ese argumento es válido, debería celebrar que a él no lo hayan detenido. Fue procesado en 1972 por un juez de instrucción. Le imputó haber participado, junto con Alberto Cía del Campo y Carlos López, en el homicidio por la espalda del jefe de la guardia de Punta Carretas, Rodolfo Leoncino. La orden de su asesinato fue decidida por Efraín Martínez Platero, José Mujica y Mauricio Rosencoff, según dijo Jorge Zabalza en el libro Cero a la izquierda, de Federico Leicht.

    Según su propio razonamiento, Bonomi es tan homicida como el militante tabacalero. También como él pagó su deuda con la sociedad.