El directorio del INAU reclama al gobierno que declare en situación de “emergencia” los centros de reclusión de menores infractores

El INAU prevé la construcción de nuevo centro que albergará a 110 adolescentes en un predio ubicado en Bulevar Artigas y General Flores; mejoras en el hogar Ser de la Colonia Berro para habilitar 24 lugares; un Centro Granja para 28 personas y tres centros para 24 adolescentes en el predio del Cuartel Nº 9 en Piedras Blancas. Además se piensa aumentar diez lugares en el Centro Cimarrones del Prado.

“Necesitamos una forma de contratación para realizar las adjudicaciones más rápido”, explicó a Búsqueda el presidente del INAU, Javier Salsamendi.

El jerarca señaló que enfrentan la dificultad de que en Uruguay no hay empresas privadas que tengan experiencia en la construcción de centros para menores conflictivos, los que tienen requerimientos especiales.

A fines de julio, el sistema tenía 435 adolescente infractores recluidos y otros 116 que estaban cumpliendo medidas comunitarias. El director Alonso indicó en la Comisión de Presupuesto de Diputados el 26 de julio, que este es uno de los momentos con “mayor número de adolescentes internados”. No obstante aclaró que “todos duermen en camas y tienen sus lugares”.

Además informó que bajó el número de fugas. En el período enero-julio de 2009 hubo 695 fugas, en los mismos meses de 2010 se registraron 440, en 2011 hubo 194 y en lo que va de este año, 43. De esos 43 que se fugaron, se recapturó a 24.

Caos.

El hecho de no tener pronto los lugares y la rapidez con la que el Parlamento está tratando los proyectos de ley para enfrentar la inseguridad —entre los que figuran cambios al Código de la Niñez y la Adolescencia—, puede generar una “explosión” y un “caos” en la institución, según integrantes del Directorio del INAU y del sindicato.

A fines de junio, el Poder Ejecutivo envió varios proyectos de ley con el objetivo de combatir la creciente inseguridad pública. Uno de ellos establece modificaciones al Código de la Niñez y Adolescencia, previendo un régimen especial de responsabilidad por las infracciones consideradas gravísimas. Uno de los principales cambios implica que la privación cautelar de libertad será preceptiva hasta el dictado de la sentencia definitiva, y la pena mínima no puede ser inferior a los doce meses. Además, solo podrá solicitarse la privación de libertad después de cumplida la mitad de la medida impuesta. El proyecto establece que los menores que cometan delitos graves deben cumplir su reclusión en establecimientos especiales, separados del resto de los infractores.

Salsamendi explicó en la Comisión de Constitución del Senado el 24 de julio, que los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo implican que varios establecimientos de reclusión se deban readecuar. Por un lado, se debe construir un establecimiento para mayores de 13 años y menores de 15, “en donde convivirán con independencia de que los delitos cometidos sean graves o gravísimos”. Luego deberán habilitarse dos “hogares” para adolescentes femeninas y dos para adolescentes masculinos mayores de 15 años y menores de 18, según el tipo de delito que hayan cometido. Además, las autoridades del INAU indicaron que deberá haber uno o más centros de atención para aquellos infractores que alcancen los 18 años mientras cumplen una condena.

Por eso, el INAU solicitó a los legisladores que difieran la entrada en vigencia de la norma para acomodar el sistema a lo dispuesto.

“Desde el punto de vista de la infraestructura, todavía estamos lejos de alcanzar un ideal para resolver un problema que estaba planteado desde hace un año. Ni que hablar si se empiezan a aplicar algunos aspectos de esta norma. Es claro que en las condiciones existentes actualmente hará una explosión para poder hacerse cargo del problema. (...) Hasta que no se produzca ese cambio cualitativo y se creen las 100 o 200 plazas que se necesitan, el sistema seguirá siendo deficitario, porque también está compuesto de otro factor igualmente importante como son los procesos socioeducativos y de seguridad”, dijo Dardo Rodríguez, director del INAU.

Desde el sindicato del INAU, José Lorenzo López advirtió que la institución puede entrar en un “caos”. El dirigente sindical afirmó que en la actual situación, si se aplican los cambios normativos se le dará al sistema un “empujón al precipicio”.

López advirtió que las nuevas medidas provocarán un aumento de la cantidad de adolescentes recluidos y que sin la infraestructura adecuada no hay posibilidades de recuperar al menor.

El dirigente indicó que en las últimas semanas se reunieron con trabajadores de lugares que están sufriendo superpoblación, buscando alternativas para mejorar la situación y evitar tomar medidas de fuerza. “El hecho de que haya una superpoblación aumenta los riesgos de motines y fugas”, advirtió.