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El traslado de la jueza Mariana Mota de la materia penal a la civil volvió a generar en los últimos días una rispidez entre los poderes Ejecutivo y Judicial, luego que el gobierno incluyera el tema en un documento sobre derechos humanos.
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El desencadenante del malestar en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) es el informe que el gobierno presentó en Ginebra —ante un organismo de las Naciones Unidas— sobre el avance de los derechos humanos en el país. En ese texto el Poder Ejecutivo afirmó que desconoce los motivos del traslado de Mota e incluso especuló acerca de si esa decisión del máximo órgano judicial adoptada en febrero de 2013 está ajustada o no a la Constitución.
El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, recordó que Mota tenía a su cargo numerosas investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1985) cuando fue trasladada.
“El Poder Ejecutivo no conoce las razones de servicio que motivaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia para el traslado de la jueza Mota, ni si las mismas se ajustaron a los requisitos procedimientales establecidos en el artículo 246 de la Constitución uruguaya. Sin perjuicio, cabe señalar que el traslado ha sido impugnado y el caso se está instruyendo de acuerdo a los mecanismos de la jurisdicción administrativa”, afirmó Guerrero.
Estas palabras generaron malestar en la Corte, cuyos ministros pensaban que este episodio, que generó protestas y controversias políticas en los primeros meses del 2013, ya estaba superado. El primero en expresarse fue el actual presidente de la corporación, Jorge Larrieux, quien declaró su sorpresa por este hecho. “El caso está en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, afirmó al tiempo que marcó que el Poder Ejecutivo “se preocupa por el traslado de un juez” cuando “la Corte realiza una centena por año”. “Solo uno parece preocupar al informante”, añadió (Búsqueda Nº 1.750).
El domingo 2, el ministro Julio César Chalar afirmó al diario “El País” que “no corresponde” que el Poder Judicial informe al Ejecutivo sobre el traslado de un juez.
“Las relaciones entre los tres poderes del Estado están precisamente reguladas en la Constitución y la Suprema Corte de Justicia respeta y promueve el respeto irrestricto de la Constitución, cuyo texto no contempla esa posibilidad”, argumentó.
“Existen procesos en trámite que bajo ningún concepto deben resolverse fuera de sus respectivas sedes y respecto de los cuales debe repudiarse todo intento de influir en su decisión, lo que sería groseramente antirrepublicano y antidemocrático, actitud a la que jamás vamos a adherirnos ni dejaremos de condenar”, añadió.
Consultado por Búsqueda, Chalar dijo que a su juicio es un episodio “grave” que “merece alguna respuesta por parte de la Corte”. Fue por eso que —según dijo— planteó el tema en los acuerdos de la SCJ del lunes 3 y del miércoles 5, pero aún no se arribó a una decisión porque algunos de los ministros no habían leído las expresiones de Guerrero.
