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En los años recientes la economía uruguaya se estancó y, a pesar de eso, el gasto público siguió creciendo. Ello llevó a un incremento del déficit en las cuentas públicas, pero esta realidad deteriorada no ha sido admitida por las autoridades. “Este ciclo ya se hizo demasiado largo” y al futuro gobierno no le queda otra que tomar decisiones que serán “malas noticias” para muchas personas que sustentan sus ingresos trabajando o prestando servicios al Estado. Si eso ocurre, habrá gente “realmente enojada”. Hasta allí la parte dura de la hipótesis sobre el futuro cercano que vislumbra el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres). La otra, con desenlace esperanzador, incorpora el enfoque de que todo esto supone una “oportunidad histórica” para el país en el que un ajuste fiscal, de características diferentes a los del pasado, “pasa a ser la anécdota de un ejercicio más profundo de reestructura del gasto, para lograr mayor crecimiento y justicia social”, declaró a Búsqueda su director, Guillermo Tolosa.
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El ajuste óptimo que debe encararse, según él, no es “diluyendo el gasto con inflación, lo que castiga a todos por igual”, como ocurrió en décadas anteriores. “Ahora, en un país que pretende ser desarrollado, precisa hacerse dando malas noticias a cierta gente que la va a pasar mal”, por ejemplo, personas que trabajan como zafrales en el Estado, algunos de cuyos cargos se dejarían vacantes. Suprimir empleos públicos que van quedando libres al jubilarse la persona, por ejemplo, es una de las medidas anunciadas durante la campaña electoral por el ahora presidente electo, Luis Lacalle Pou, para procurar ahorros por US$ 900 millones anuales y así bajar el déficit.
Para Tolosa, la reestructura del gasto durante la próxima administración debería ser mucho más ambiciosa para, por ejemplo, cerrar la producción de portland que hoy hace, a pérdida, Ancap. “En 25 años nadie tuvo el carácter y la firmeza de decir: ‘esto no da para más’. Ahora, finalmente, no queda otra que esté arriba de la mesa”.
Tomar decisiones de este tipo “eleva mucho la vara para cómo se manejan las cosas en el Uruguay”, lo que acarrea “desafíos” y “riesgos”, advierte. Uno es que “habrá gente enojada”, menos que antes —cuando el ajuste implicaba licuar el gasto con más inflación—, “pero realmente enojada” por sentir que ellos cargarán con los costos y no de forma compartida con toda la sociedad. Para encauzar este descontento se “va a requerir un liderazgo iluminado y esfuerzo desde el punto de vista de la narrativa, del relato. Es el ajuste más difícil, no por el tamaño sino por su tipo”. Agrega: “Una vez que se tiene ese relato, es más fácil enamorar y reducir los riesgos de inestabilidad”.
Oportunidad histórica. Tolosa —que hablará sobre estos temas en el marco del desayuno trimestral que Ceres organizará hoy, jueves 5, para sus socios— subraya lo que sería el costado positivo de todo esto. “Es, por primera vez, una oportunidad de no solamente cortar los yuyos sino de extirpar de raíz cosas que no tienen sentido. Si se hace bien el ajuste, es la oportunidad histórica de poner al Estado de pie, sacarle grasa y hacerlo más fuerte y efectivo para las metas que se planteen, ya sea de un mayor crecimiento económico y justicia social”.
Según el director del Ceres, una vez que se encara una reestructura a fondo del gasto público, pierde sentido la “dicotomía” entre izquierda o derecha. Si cierra la fábrica de portland, baja el costo de ese producto y se abarata el costo de construcción, a la vez que se liberan recursos para hacer políticas sociales, ejemplifica.
Él ve como un “problema central” actual, y de toda la vida, que todos los partidos, cuando llegan al gobierno, “quieren mostrar sensibilidad social”. Cuando se pretende hacer “con instrumentos que no están pensados para eso, se terminan generando ineficiencias y transferencias espurias”, sostiene. Y dice que eso pasa, por ejemplo, cuando el sector público paga más que el privado a personal poco calificado —lo que implica una “transferencia” monetaria para esos segmentos—, cuando asisten a la Universidad de la República pudiendo pagar estudios privados o cuando se indexan por el salario real a todas las pasividades por igual, tratando por igual a aquellas “sumergidas” que a las cobradas por personas bien posicionadas económicamente. “Usar todo para hacer política social es utilizar brocha gorda en lugar de hacerlo desde un lugar especializado y enfocado en quien realmente lo necesita; no son todos los viejos, todos los estudiantes, todos los que consumen gas subsidiado. Eso es lo que trata de hacer el Mides, focalizar. Para eso lo creamos”.
Y reafirma: “Hay que repensar de forma profunda la forma en que estamos gastando y hacer política social sin despilfarro. Después de eso, ya no hay dicotomía entre izquierda y derecha”.
Admite que encarar esto supone un gran desafío político, más para un gobierno de coalición como el que se instalará en marzo del 2020. Según un análisis hecho por el Ceres, en el mundo las administraciones conformadas por alianzas políticas tienen, en promedio, resultados fiscales peores que las de un único partido (y cuanto más fragmentada, mayor es la brecha).
Por lo pronto, Lacalle Pou parece no tenerla fácil. Será el tercero con menor peso político —medido por la participación de la bancada de su partido en el Parlamento—, siguiendo muy de cerca a la segunda administración de Julio María Sanguinetti (1995-2000) y a la de Jorge Batlle (2000-2005). “Las coaliciones son inestables y eso acorta la ventana de tiempo” para encarar la agenda programática, aunque en la historia reciente las rupturas no supusieron un bloqueo, en general, a nivel legislativo.
