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El Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio (FA) que se expidió en el caso que marcará el destino político del vicepresidente Raúl Sendic está formado por cinco militantes de larga y reconocida trayectoria dentro del oficialismo. La única mujer que integra el tribunal se excusó de intervenir en este caso por mantener una relación de dependencia laboral con el vicepresidente.
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El actual presidente del TCP es Nicolás Grab, un abogado de 80 años especializado en Derecho Laboral y Derechos Humanos. Grab es también traductor de inglés y francés, una actividad en la cual trabajó para Naciones Unidas. Durante la dictadura residió en Buenos Aires, México, Nueva York y Ginebra, donde se dedicó a la denuncia del régimen. Al regresar al Uruguay fue coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista (PCU) e integró el comité ejecutivo de la Comisión Nacional Pro Referéndum contra la ley de caducidad. Entre 1990 y 1995 —designado por Tabaré Vázquez— fue director de Jurídica de la Intendencia de Montevideo. Desde 2009 forma parte del equipo de redacción de la revista digital mensual Vadenuevo. Integra el TCP desde 2013.
El ingeniero químico Jorge Brovetto, que se incorporó al Tribunal junto con Grab, tiene 84 años. Fue rector de la Universidad de la República (Udelar) entre 1989 y 1998, luego de una larga carrera en la que se formó en Italia y Estados Unidos. En 1970 fue designado profesor titular (grado 5) de Bioquímica en la Facultad de Veterinaria, pero renunció luego de que la Universidad fuera intervenida durante la dictadura (1973-1985). En ese período trabajó como ingeniero químico en la actividad privada. Desarrolló un procedimiento industrial para la obtención de un anticoagulante natural y dirigió una planta industrial dedicada a la elaboración de ese producto.
Regresó a la actividad universitaria poco antes del retorno a la democracia en 1985. Con la elección de las nuevas autoridades universitarias asumió como consejero y luego fue designado vicerrector.
Entre 2004 y 2012 fue presidente del Frente Amplio. En marzo de 2005, cuando Vázquez asumió la presidencia por primera vez, fue al mismo tiempo ministro de Educación y Cultura hasta 2008. Fue sustituido en la secretaría de Estado por la ingeniera María Simon, mientras que se mantuvo en la presidencia del FA hasta las elecciones de junio de 2012 cuando resultó electa Mónica Xavier.
Es viudo de la química Antonia Gelabert. Una de sus hijas está casada con el presidente del Banco de la República, Jorge Polgar.
Jaime Igorra es general y arquitecto. En 1976, con la jerarquía de mayor del Ejército formó parte del Estado Mayor de la División IV, con sede en Minas, entonces bajo el mando del general Gregorio Álvarez. Igorra fue detenido y acusado de integrar la corriente de militares antigolpistas 1815 que condujeron los coroneles Pedro Montañez y Pedro Aguerre. Por ese motivo fue procesado por la Justicia militar y estuvo preso entre 1976 y el 1° de marzo de 1985 en Cárcel Central junto a un grupo de oficiales, entre ellos los generales Líber Seregni y Víctor Licandro. Fue adherente del Partido Demócrata Cristiano e integra Asamblea Uruguay. Ocupó un cargo de director en la Intendencia de Montevideo y también fue subsecretario del Ministerio de Vivienda durante el primer gobierno de Vázquez.
El médico Ennio Martínez tiene 76 años y se crio en Sarandí del Yi y San José. Durante la dictadura trabajó como médico en la localidad maragata de Rincón del Pino y luego regresó a Montevideo, donde militó en la organización clandestina del Frente Amplio en representación del Frente Izquierda de Liberación (Fidel), aliado del Partido Comunista que aún integra.
Entre 1990 y 1994 fue edil en Montevideo.
María Elena Martínez, que se excusó de intervenir en el caso del vicepresidente Sendic, se desempeñó como abogada de presos políticos antes de exiliarse en España. Fue directora de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura entre 2005 y 2010. Integró la comisión que elaboró el proyecto de ley de creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Desde 2006 es integrante del Consejo Consultivo de la Defensoría del Vecino de Montevideo. Actualmente es la vicepresidenta del Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh) y de Gurises Unidos
Juan Carlos Ferreira tiene 67 años, es arquitecto y reside en Salto. Se desempeñó en la profesión hasta 2012 y fue docente de Expresión Gráfica, Teoría de la Arquitectura, Cultura Artística y Dibujo en la Regional Norte de la Universidad de la República. Trabajó especialmente en temas vinculados a la vivienda de interés social y el patrimonio. También participó en la fundación de cineclubes y escribió sobre cine en el diario El Pueblo. Integra el Grupo Literario Horacio Quiroga. En 2000 fue candidato a la Intendencia de Salto por el Encuentro Progresista-Frente Amplio. En 2015 publicó La casa que no es nuestra, un libro de cuentos ambientados en Salto y Montevideo. “Mi mundo gira ahora, alrededor de tres autores; Borges, Cortázar, Horacio Quiroga”, señaló entonces.
El secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, destacó el miércoles 2 en radio Sarandí que el TCP es el “organismo máximo de contralor interno” del FA y que sus fallos tienen una “importancia tremenda”. Sus miembros son elegidos “con el máximo de los consensos internos” y los integrantes actuales son “compañeros que por su trascendencia dentro de la militancia política no generan dudas”, añadió.
No obstante, el propio Castillo y varios sectores del Frente Amplio cuestionaron las filtraciones del contenido del informe sobre el caso Sendic. El jueves 13 Búsqueda informó que integrantes del TCP consideraban que el vicepresidente tuvo “conductas desviadas” cuando hizo compras personales con la tarjeta corporativa al ser presidente de Ancap. La Diaria publicó el miércoles 26 que el tribunal había llegado a la conclusión de que Sendic cometió faltas éticas.
