Aquel trabajo pionero planteaba dos líneas de acción: retener el agua en las zonas altas para que el exceso de lluvias no avanzara sobre las zonas bajas, y limpiar los cauces naturales para que el agua escurriera hacia la laguna Merín y, eventualmente, hacia el océano, aprovechando el canal Andreoni, construido a principios del siglo XX para drenar los bañados próximos al balneario La Coronilla.
García Ricci recordó además el fallido intento de una empresa de explotación de sal marina en la misma zona, cuyas obras, pese a no haber sido rentables, quedaron en pie y complicaron aún más el drenaje natural.
Estudios y el decreto de 2002
Tras sucesivos estudios de la Comisión de la Laguna Merín, una consultora española produjo en la década de 1990 un trabajo que, con amplio respaldo de audiencias públicas y de la comunidad local, derivó en un decreto del gobierno de Jorge Batlle, en 2002, que estableció un proyecto de obras en cuatro etapas para resolver el problema.
A diferencia de las grandes represas que había imaginado Martínez Bula ocho décadas atrás —inviables por la enorme superficie de campo que afectarían—, el nuevo esquema apostó a pequeñas desviaciones y obras puntuales, orientadas a conducir el agua hacia la laguna Merín, evitando tanto el desperdicio del recurso como el perjuicio sobre el balneario de La Coronilla.
Según relató el presidente de la Asociación Fomento Rural de Lascano, los sucesivos gobiernos desde entonces fueron avanzando en esas etapas, aunque con una gradualidad que preocupa a los productores de la zona.
Entre las obras previstas, una de las más relevantes es un terraplén sobre la margen derecha del río Cebollatí, que partiría desde donde la ruta 14 cruza de Lascano a José Pedro Varela y bordearía la margen derecha del río hasta el pueblo de Cebollatí, donde en el período de gobierno anterior ya se construyó un puente que conecta esa localidad con Charqueada.
El terraplén
Dentro de esa obra mayor, García Ricci se refirió a un tramo especialmente crítico: ocho kilómetros de terraplén, de aproximadamente un metro de altura —cuyos tramos más altos podrían llegar a apenas dos metros—, que se extenderían desde un paraje conocido como Sierra de las Averías, en el cruce de la ruta 14, entre los departamentos de Rocha y Lavalleja, hasta otro punto alto denominado Paso del Gringo.
El dirigente explicó el funcionamiento hidrológico del río Cebollatí a partir de una escala de referencia utilizada para medir sus crecientes. Con estas últimas lluvias el río alcanzó los 5,30 metros hace dos semanas, un nivel en el que el agua todavía fluye por su cauce natural hacia la laguna Merín sin generar afectaciones.
Pero el problema surge cuando el nivel supera los 6,50 metros, cuando el río comienza a verter agua por la margen derecha. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los cursos, esa agua no regresa al cauce cuando el río desciende, sino que se desliza hacia los campos vecinos y queda estancada en la zona.
Cuando la creciente alcanza los 7,30 o 7,36 metros —el registro más alto que recuerda García Ricci, en 2016—, se produce una inundación de gran magnitud, que llega a cubrir más de 200.000 hectáreas, deja poblaciones aisladas, destruye la caminería departamental —la Intendencia de Rocha debió reparar más de 700 kilómetros de caminos tras esa creciente— y afecta rutas nacionales como la 15 y la 19, que conectan Lascano, Cebollatí y Chuy.
Según el proyecto, el terraplén permitiría que el río no desborde hasta alcanzar los siete metros, nivel a partir del cual un vertedero comenzaría a liberar agua hacia la margen derecha de forma controlada. El resultado, según explicó, sería una creciente de mucho menor magnitud que la actual, aun en los escenarios más extremos.
Proyecto “trancado”
García Ricci estimó que la construcción de los ocho kilómetros de terraplén no costaría más de US$ 1 millón, aunque aclaró que todavía no existe un proyecto ejecutivo, sino anteproyectos que ya identifican con bastante precisión el trazado de la obra.
También enfatizó que en la zona hay amplia experiencia y maquinaria para realizar este tipo de trabajos, por la producción arrocera, algo que —a su juicio— facilitaría “enormemente” su ejecución. Y agregó que el sector privado está dispuesto a colaborar.
El obstáculo hasta ahora es administrativo. Pese a las gestiones realizadas ante el Ministerio de Ambiente, la Asociación Fomento Rural de Lascano no ha logrado, desde hace más de dos años, que se realice el estudio de impacto ambiental necesario para autorizar la obra.
“Si nos dicen que no se puede hacer porque los perjuicios serían mayores, lo aceptamos”, dijo García Ricci, aunque remarcó que esa no es la percepción de los pobladores de la zona.
Reconoció que, en experiencias previas similares, el Estado ha optado por la expropiación de las áreas afectadas por este tipo de obras, y es probable que existan situaciones que deban ser compensadas del lado de Lavalleja y Treinta y Tres, donde el terraplén podría provocar una inundación adicional sobre algún campo.
Sin embargo, según un estudio de la consultora contratada en su momento, esa afectación no superaría una semana y el agua retornaría luego al cauce del río, a diferencia de lo que ocurre actualmente del lado de Rocha, donde el agua desbordada queda estancada de forma permanente en los campos.
Primera de cuatro etapas
Según relató García Ricci, el plan de obras derivado del decreto de 2002 contempla cuatro etapas, pero todavía transita la primera. Entre los avances concretados hasta el momento se cuenta la limpieza del estero de Pelotas y una costosa derivación de un canal —que originalmente iba a La Coronilla— hacia el río San Miguel mediante un vertedero, obra que ya está terminada y a la que próximamente se sumarán modificaciones para derivar aún más caudal hacia ese curso.
Según trasladaron a los productores las autoridades del Ministerio de Ambiente, para 2028 está previsto un proyecto de limpieza de otro drenaje, el estero de Isla Negra, ubicado entre los ríos San Luis y San Miguel.
El presidente de la Asociación Fomento Rural de Lascano remarcó que, mientras tanto, las obras ejecutadas apuntan únicamente a facilitar la salida del agua que ya ingresó a la zona, sin avanzar en ninguna obra —como el terraplén— que permita reducir el volumen de agua que efectivamente ingresa.
Las etapas dos y tres del proyecto contemplan, además, pequeñas represas del tipo de la de India Muerta, aunque de menor escala, que permitirían retener parte del agua proveniente de las zonas altas del departamento durante los eventos de lluvias extremas.
Se repite cada 10 años
Consultado sobre la cantidad de productores afectados en las 200.000 hectáreas comprendidas por el fenómeno, García Ricci explicó que se trata, salvo tres o cuatro establecimientos grandes vinculados a empresarios brasileños, de una zona dominada por pequeños criadores de entre 300 y 400 hectáreas, socios de la asociación que preside.
Según remarcó, con las lluvias intensas ya anunciadas para la próxima primavera, el temor es real. En los eventos más severos, los productores deben sacar su ganado hasta zonas altas cercanas a la ciudad de Rocha o hacia predios forestados, y comprar forraje para intentar salvarlos, ya que si los dejan en el campo se terminan muriendo.
Calculó que este tipo de eventos extremos se repiten con una frecuencia de entre nueve y 10 años, siendo 2016 el episodio más severo que recuerda. Además del impacto directo sobre el ganado —particularmente crítico por tratarse de una zona de cría, con terneros recién nacidos en el momento de mayor riesgo—, el fenómeno destruye mejoramientos de pasturas, cuyo costo de reposición ronda los US$ 300 por hectárea, y afecta gravemente a la fauna silvestre de la zona.
García Ricci recordó, además, la dimensión trágica que pueden alcanzar este tipo de eventos. Durante la creciente de 2016 murió un vecino de la zona, Tomás Méndez, un pequeño criador que intentaba ayudar a otro productor a salvar su ganado, después de haber logrado poner a salvo el propio.
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